Entre los que se proclaman defensores de los recursos naturales y del medio ambiente no existe coherencia alguna entre sus actos y lo que pregonan. Las protestas van en contra de la minería formal, la misma que está regulada, si bien es cierto pueden existir vacíos legales que, rápidamente, pueden ser enmendados.
Todo lo contrario ocurre con la minería informal, la misma que no tributa y tan solo favorece a un pequeño sector de la población, además, contamina irremediablemente el ecosistema, a diferencia de la minería formal.
Lo primordial debería ser la toma de medidas para enfrentar a la minería informal y a quienes promueven dicha actividad, los mismos que apoyan estas protestas con la finalidad de impedir toda actividad formal y –consecuentemente– el retiro de las empresas formales y que reine la informalidad.
Estos sucesos no solo afectan a las zonas donde se producen, sino repercuten en la vida social, económica y política de la nación, vulnerando una serie de derechos y libertades fundamentales del ciudadano común, de aquel que no está de acuerdo con estos hechos, pero que se ve obligado a acatar por temor a las amenazas.
Un ejemplo tenemos en los comerciantes, quienes si no cierran sus locales, son apedreados, destruidos o saqueados; amén de aquellas personas que son impedidas de transitar libremente debido al bloqueo de los caminos y carreteras. Las autoridades encargadas de velar por la seguridad pública, simplemente no cumplen con esta función, es por ello que está detenido el alcalde de Espinar, de la misma forma deberían ser reprimidas aquellas autoridades que, descuidando su labor principal, promueven y financian actos de violencia.
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