Gobierno y seguridad

Para el tan ansiado desarrollo de nuestro país, es muy necesario continuar en la ruta del crecimiento económico, debemos contar con seguridad integral, un contexto donde las inversiones gocen de confianza para apostar en los sectores de la economía nacional. Sin embargo, observamos un gran avance de la criminalidad, por ejemplo: el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia común; ante este clima de inseguridad, el Gobierno debería establecer políticas públicas coherentes –a corto, mediano y largo plazo– a fin de reducir o erradicar la ola delincuencial.
Reconocemos el desacuerdo manifestado por algunos congresistas respecto a la propuesta del Ejecutivo en cuanto al incremento del Presupuesto Anual 2013 para la defensa y seguridad ciudadana, que sería ínfimo para la recuperación de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sabemos que, hace más de dos décadas, estas instituciones perciben sumas irrisorias que no les permite cumplir con sus metas y objetivos trazados.
Por otro lado, el Estado Peruano mantiene una deuda de más de 800 millones de nuevos soles a los deudos de militares y policías, quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber, ya sea en zonas de emergencia o enfrentando a la delincuencia común; sin duda, esta situación es injusta, tomando como referencia que existen procesos judiciales que se alargan por muchos años, siendo los principales perjudicados los familiares directos de los caídos, quienes tan solo reclaman un derecho que les asiste por tan lamentable pérdida.

¿Hasta cuándo?

Recientemente se han producido cobardes atentados contra la base contrasubversiva de Masangaro, en San Martín de Pangoa–Satipo, por delincuentes terroristas, con lamentables seis bajas en nuestras Fuerzas Armadas en apenas dos semanas. Frente a estos hechos, ¿cuál será la falencia de la estrategia contrasubversiva? ¿Por qué continúa la pérdida de vidas inocentes? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de las autoridades encargadas de combatir este flagelo?

El presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dejó entrever que no se avanza en la lucha contra el terrorismo por falta de apoyo de la población. Los expertos en el tema sostienen que el Gobierno no cuenta con una estrategia en la lucha contra el terrorismo y que –inclusive- la inteligencia producida por las Fuerzas Armadas sería escasa o nula.

Aparentemente, la lucha contra el terrorismo solo es cuestión de protagonismo y debido a ello no existe una adecuada coordinación entre los institutos armados; es decir, no se estaría trabajando en forma coordinada y unificada, a pesar de tener un solo comando. Lo más grave sería las diferencias existentes con la policía. Se observa que ministros, congresistas y autoridades se esfuerzan por visitar a los heridos en el hospital, como si esto resolviera el problema. Sabemos que solo lo hacen para conseguir algún rédito político o por el afán mediático.

En consecuencia, primero se debe dotar de los recursos necesarios para enfrentar este problema, comenzando por cumplir el ofrecimiento de mejoras salariales del personal militar y policial. No es posible exigir a nuestros soldados y policías que se enfrenten a un grupo de delincuentes que conocen perfectamente la zona y cuentan con el financiamiento del narcotráfico, considerando que somos el primer productor de droga en el mundo.

“Reforma” de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

El Presidente Constitucional de la República en su discurso del 28 de julio solicitó al Congreso facultades para legislar en materia de seguridad; dicho pedido se sustenta en diversos aspectos: incremento de la inseguridad ciudadana, falta de voluntad del Parlamento para legislar en este tema y la reestructuración salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía.

El Legislativo otorgó más de lo solicitado, pues le ha otorgado facultades para realizar una reestructuración de las FFAA y de la PNP. ¿En qué consistirá?, ¿cuál es el objetivo que se plantea el gobierno? Quizá sea una medida que pretenda someter a sus miembros a fines nada transparentes, con la posibilidad de que aparezca un Todopoderoso que manipule a estas entidades al estilo de la década de los 90.

Pero cómo pensar en una reestructuración de estos institutos, si hasta hoy poco o nada se ha cumplido de las promesas electorales; tan solo se observan más ofrecimientos, sin resultado; muchas veces se ofreció la presentación del proyecto de ley de reestructuración salarial ante el Congreso; pues bien, en su último mensaje, el mandatario condicionó esta situación a las facultades que debía otorgarle el Legislativo para normar en materia de seguridad.

Nos preguntamos ¿qué medidas debemos tomar para enfrentar el problema de la seguridad en nuestro país? Probablemente, una reestructuración de las instituciones y políticas coherentes para la administración del Estado; pero, ¿cómo enfrentar este grave problema? Si lo que vemos a diario es un avance continuo del narcotráfico, del terrorismo y de la delincuencia común. Entonces, lo que necesitamos, más allá de una reestructuración de las instituciones, es contar con personal capacitado, especialistas y profesionales que lideren las carteras de Defensa e Interior, con el apoyo permanente del sector Economía.

Estado de emergencia y protesta social

La oposición al proyecto minero Conga en Cajamarca cada vez más se está convirtiendo en un capricho de algunos dirigentes, que lejos de proponer alternativas de solución al conflicto buscan el menor motivo para exaltar a la población y promover nuevas protestas, con la respectiva dosis de violencia.

La prórroga del estado de emergencia en las tres provincias cajamarquinas donde tiene influencia el proyecto minero es utilizada por los dirigentes como una provocación del Gobierno a la población y han convocado a una paralización para el 21 y 22 de agosto.

Esta convocatoria constituye un desacato y una abierta provocación a las autoridades. No se sabe hasta dónde pretenden llegar los dirigentes cajamarquinos ni su presidente regional, que lejos de buscar soluciones en beneficio de la población de su región lo único que hace es oponerse al proyecto y aprovechar la coyuntura para una eventual candidatura a la presidencia de la República.

Con preocupación vemos que los conflictos, lejos de disminuir, se acrecientan y el Gobierno no toma una decisión clara y frontal. Es evidente que los conflictos no solo afectan a una determinada región, afectan al país, los recursos naturales son de todos los peruanos y no de un sector o una determinada población. El presidente regional de Cajamarca no puede dividir al país, tampoco puede enfrentarnos entre peruanos solo por apetitos de poder.

¿Qué medidas adoptará el Gobierno respecto de la actitud de las autoridades, a quienes no parece importarles la seguridad e integridad de su población? ¿Qué pretenden estas personas? ¿Acaso piensan medir fuerzas y saber quién es el más fuerte? Estos sucesos serán una suerte de termómetro para medir la capacidad y firmeza del Gobierno, la población ya no sabe quién es el verdadero enemigo de nuestro país.

¿Y la seguridad, señor presidente?

En el primer año de gobierno del presidente de la República no se produjeron los cambios que todos esperábamos; sabemos que no es simple solucionar los problemas que aquejan al país; pero, entendemos que gran parte de los problemas se generaron a raíz de las promesas hechas cuando candidateaba. No olvidemos que –como candidato– apoyó cuanta protesta se presentaba, en su afán de conseguir más adeptos a su postulación, es por ello que la población de Cajamarca recuerda la frase repetida muchas veces: “del oro no se vive”.

La seguridad es uno de los principales problemas que afronta nuestro país, dentro de ello se encuentra la creciente ola de protestas sociales, que ya no se limitan a realizar paralizaciones y movilizaciones, cada conflicto tiene su ingrediente de violencia, ya sea por la influencia de radicales que pretenden crear caos y zozobra en la población, y por quienes buscan obtener réditos políticos.

Frente a estos temas de vital importancia para el Perú, los que repercuten en el desarrollo social y económico, todos esperábamos que el mensaje a la nación hubiese sido más firme respecto a estos temas; pero fue todo lo contrario, solo los mencionó tangencialmente, solicitando al Congreso la delegación de facultades para legislar sobre la materia, lo que no constituye novedad; pareciera que se condiciona la delegación de facultades para presentar el proyecto de ley de mejoras salariales para el personal militar y policial.

Hace un año engatusa a militares y policías; primero con la excusa de que los ministros de Defensa e Interior realizaban los estudios, luego que el Ministerio de Economía se encontraba a cargo del tema, incluso el ministro de Economía anunció que presentaría el proyecto, antes de la primera semana de junio. Nada de ello ocurrió y se ha vuelto a anunciar lo mismo, esta vez condicionándolo a la delegación de facultades.