Ola creciente de la delincuencia

El problema de la delincuencia e inseguridad ciudadana no es un tema nuevo, data de varios años; pero recién se ha tomado conciencia de los hechos y se viene solicitando reuniones con el presidente del Congreso para abordar el asunto, así como para gestionar la aprobación de normas y asignarle a la Policía Nacional y al Ministerio Público las herramientas legales necesarias para su normal desempeño en contra de este flagelo.

Recordemos que, al asumir el cargo, el Presidente de la República mencionó que personalmente estaría a cargo del Consejo de Seguridad, ahora el Ministro del Interior vuelve a asumir la responsabilidad; no nos explicamos como un ministro establece planes y programas y luego viene otro y simplemente los elimina, indicando que está evaluando y que la suspensión no necesariamente incide en el incremento o disminución de la ola delincuencial porque ya se están incrementando más efectivos policiales.

No entendemos las razones por las cuales se ha desactivado una importante dependencia que tenía a su cargo la seguridad de los bancos, esta unidad y sus efectivos patrullaban las zonas donde se efectúan las transacciones comerciales y siempre actuaban de inmediato ante una alerta; sin duda, su desactivación ha traído más problemas que soluciones. Nos resistimos a pensar que existe un interés subalterno de alguien vinculado a las empresas de seguridad particular; los bancos no tienen otra opción que recurrir a ellos. ¿Cuál habrá sido el verdadero motivo? Esperamos sinceramente que la situación se corrija en aras de la seguridad y tranquilidad públicas.

El crimen avanza ¿Y la Policía?

Las bandas de sicarios, en su mayoría, están conformados por delincuentes juveniles, quienes fácilmente se involucran por la manera fácil de conseguir dinero, aparentemente a menor riesgo o esfuerzo. A diario observamos en los medios de comunicación, asesinatos cuyos móviles serían la venganza o simples ajustes de cuentas, con razones diversas: problemas sentimentales, control sobre determinadas obras de construcción, control sobre determinadas zonas urbanas o el tráfico ilícito de drogas.

Por otro lado, es necesario mejorar el Nuevo Código Procesal Penal, por cuanto al otorgarle la titularidad de la investigación preliminar al Ministerio Público, se limita el accionar de la Policía, quienes tienen a su cargo –o como función– la prevención e investigación de los delitos; actualmente, se presentan ciertas limitaciones, por ejemplo: no se puede intervenir a una persona si ésta no se encuentra inmersa en la flagrancia del delito o exista mandato judicial de detención.

Recientemente, el ministro del Interior ha mencionado que los nuevos comisarios serán aquellos que cumplan con un determinado perfil y que no estén más de dos años en dicho cargo, quienes no tengan buena relación con la autoridad municipal serán cambiados; bajo esta lógica debería aplicarse el mismo criterio en los otros grados o puesto más altos, así tenemos que el actual Director General fue cuestionado por varios hechos, hay hasta un congresista suspendido por uno de ellos, en consecuencia, gran sector de los efectivos policiales no está conforme con la administración de la Dirección General, máxime si el actual Director General se encuentra más de dos años en el cargo.

Falta de liderazgo y unidad de criterio

Hemos sido testigos de que en el Poder Ejecutivo no todos hablan el mismo idioma, nos referimos a los comentarios efectuados respecto a las deudas pendientes correspondientes al pago de papeletas de infracción al Reglamento de Tránsito; mientras el Director General de la Policía Nacional y el Ministro del Interior se manifestaron aduciendo que no deberían ser canceladas, proponiendo para ello realizar las coordinaciones entre autoridades para poder subsanar esta situación; por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros les enmendó la plana señalando que sí deben ser pagadas dichas deudas.

En este contexto, debemos detenernos a analizar las normas sobre mejoras económicas o nivelación de sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ya que desde su publicación se han advertido una serie de errores e incongruencias, situación que viene llevando a los afectados a solicitar la inconstitucionalidad de las normas. Frente a los diversos cuestionamientos, el Presidente de la República dispuso la corrección de dichos errores; el mensaje que ello nos trae es que el Jefe Supremo de las FFAA y PNP estuvo al margen de las normas emitidas o que quienes formularon dichas normas desconocían el tema y el manejo de estos sectores.

Por otro lado, que no se ha tomado en cuenta la intención o disposición del mandatario, ya que el anuncio estuvo referido a un acto de reivindicación de más de tres décadas; sin embargo, las normas que se emitieron no reflejan nada de ello, muy por el contrario, es más de lo mismo, con el agregado que se han privado de algunos derechos adquiridos a los discapacitados y a los Héroes del Cenepa.

¿Quién entiende a las autoridades chilenas?

El presidente del vecino país del sur y sus principales autoridades, con autoridades peruanas, se comprometieron a acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto del diferendo marítimo a la espera de solución, esta situación se contradice con lo ofrecido a Bolivia, a quien se le ha ofrecido un acceso al océano Pacífico, responsabilizando al Perú de la entrega o no de dicho beneficio.

En principio, el gobierno chileno no tiene derecho para ofrecer a Bolivia algún territorio que sea o haya sido peruano, debería ofrecer una salida por la zona que fue arrebatada al país altiplánico; es decir, Bolivia tendría un enclave en donde antes fue su territorio y no en un espacio que fue territorio peruano.

La actitud de las autoridades chilenas es del todo desleal y poco amistosa frente a los compromisos asumidos y declaraciones realizadas.

El tema del diferendo marítimo –sin duda- es muy delicado, por ello las autoridades de nuestro país deben tomarlo con extrema cautela, pues no basta haber judicializado el asunto en La Haya y haber sustentado brillantemente la posición peruana en busca del reconocimiento de lo que por derecho nos corresponde, lo que nos queda es la búsqueda de mecanismos para hacer que el fallo sea acatado por Chile.

¿Modernizando la (in)seguridad?

Sin duda alguna es anhelo de todos el gozo de una tranquilidad plena, con la certeza de que nada malo le ocurrirá, siendo así, la sensación de inseguridad debería ser mínima; sin embargo, la realidad es abismalmente distinta, pues lejos de la reducción de la inseguridad, ésta se incrementa, los riesgos son cada vez mayores, transitar por las calles es un verdadero peligro.

El Estado, principal promotor y encargado de la seguridad de la sociedad, debe dotar permanentemente de todos los instrumentos y recursos necesarios para que quienes se encargan de brindar seguridad cumplan con su tarea a cabalidad, conforme esperamos todos los peruanos, pero sin recursos ni condiciones óptimas, ¿cómo podemos exigir seguridad? El tema de la seguridad necesariamente involucra a varios entes que deberían trabajar hacia un mismo objetivo, para ello se deberá diseñar una política de seguridad nacional, en la misma deberán contemplarse las responsabilidades y tareas que cada uno debe cumplir. En la actualidad observamos que desde las más altas esferas del poder estatal –puntualmente el Ejecutivo- no se viene cumpliendo con dotar o equipar como es debido a las instituciones tutelares hace dos décadas, habiéndose sumido dichas instituciones en el total abandono. Frente a esta situación, ¿qué seguridad podremos tener?