El problema de la inseguridad no es exclusivo de la ciudad capital, también se ha extendido y generalizado a nivel nacional; prueba de ello son los asaltos a mano armada y asesinatos a pedido que se vienen registrando en diversas zonas del país; y, como era de esperarse, estos hechos generaron serios cuestionamientos a la actuación de los principales responsables: el Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional, llegando, inclusive, al presidente del Consejo de Ministros y al propio Presidente de la República.
El problema de la seguridad –en definitiva– debe ser solucionado en forma integral, con normas adecuadas que engloben a todos los sectores involucrados en el tema, ya que no es responsabilidad solo de uno o dos sectores.
Al hablar de la mejora de la normativa, no necesariamente nos referimos a incrementar penas, sino a mejorar la legislación penal y procesal penal, tomando en consideración que quien previene e investiga el delito es la Policía Nacional.
Sin embargo, se les ha limitado dichas prerrogativas; a ello debemos sumar el Manual de Derechos Humanos aplicado a la función policial, donde se establece la actuación policial en las intervenciones que realicen. Frente a ello, el delincuente con suma facilidad puede acribillar a los policías que cumplen su servicio. Entonces, ¿cómo esperamos un mejor servicio? El efectivo policial está condicionado y es pasible de deméritos en su carrera y sanciones administrativas o penales, es por ello que la actual actitud del efectivo policial es totalmente pasiva o reactiva en vez de proactiva.
