¡POLÍTICAS CLARAS!

Desde que el Ejecutivo presento el proyecto de presupuesto para el 2011, con el argumento que para cumplir dicho incremento y nivelación de los sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional era la eliminación de las pensiones renovables o llamadas también cedula viva, toda vez que esta era una cartera pesada que dificultaba al Estado de cumplir con los miembros de estas instituciones; pero estas medidas no responden a estudios y procedimientos adecuados, no refleja lo que la comisión de alto nivel habría realizado desde el mes de abril fecha en la que se formo para cumplir tal fin; esta medida deja claro un apresuramiento de como tener intenciones efectivas para nivelar los sueldos que por tantos años se tiene postergado. Asimismo, sirve para justificar, pues ahora bien podría decirse que ante la negativa u oposición de un gran sector de la clase política y presión de los retirados de dichas instituciones es imposible cumplir con el aumento  anunciado, entonces ya no sería culpa del gobierno que si puso de su parte y no lo dejaron cumplir.

El planteamiento efectuado por el Ejecutivo ha causado malestar no solo en el personal militar y policial retirado, sino también en un gran sector del personal en actividad, que a través de diversos medios de comunicación que vienen informando respecto a este tema se hizo público; por lo que resultaría una gran irresponsabilidad del gobierno seguir con este planteamiento u otros similares que solo pretenderían salir del paso, porque no olvidemos que ya están a las postrimerías de su periodo gubernamental y el tema salarial no se va a solucionar con incluir solo en el presupuesto para el próximo año, si no dictar normas adecuadas que sirvan para el próximo gobierno y así continuar con lo que se supone debe de iniciar el próximo año con relación  a la nivelación de sueldos.

Quizá bajo la concepción del  próximo gobernante no sea prioritario y continúe postergando a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por estas razones es justificado la desconfianza que sienten los integrantes de los institutos castrenses, porque aun no existe algo que les pueda garantizar que efectivamente se va emprender una recuperación de sus remuneraciones, además de no recortarles los beneficios hasta hoy adquiridos y que por la propia función que cumplen son merecedores al régimen especial de pensiones en el cual hasta ahora se encuentran inmersos.

Pero lo más grave es que el Estado y nuestras autoridades no se dan cuenta que estos maltratos están mellando el amor propio de cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales a quienes con el aporte de cada uno de los peruanos hemos costeado su preparación, educación y hoy que están prestos a servirnos no se les considera como tal, entonces como cualquier ser humano buscan sus mejoras económicas para satisfacer sus principales necesidades y las de sus familiares; es ahí donde aparecen las empresas privadas que vienen captando a los mejores profesionales de nuestras instituciones militares, bien preparados y capaces para dichos requerimientos ofreciéndoles una mejora económica.

Entonces la decisión de dejar sus respectivas instituciones aquellos que son tentados por entidades privadas estarían justificadas, primero por el abandono y la postergación que el Estado mantiene por varios años y segundo porque ante la indiferencia de quienes están en la obligación de velar por proporcionarles las mejoras que se merecen aparecieron entidades privadas que si están dispuestas a otorgarles salarios justos; pero lo grave está en que de darse una constante esta situación al cabo de un tiempo nos quedaremos sin personal calificado y el ahorro que el Estado supuestamente generaría al no aumentar los salarios va a tener una repercusión porque no vamos a tener personal capacitado y con una fuerza bien equipada capaz de responder ante cualquier eventualidad tanto en el ámbito externo como interno, del cual no estamos lejos pese a que nuestras autoridades se esfuerzan en negarlas.