Fuerzas Armadas y orden interno

Hasta hace unas décadas, una de las principales preocupaciones de los gobiernos de los diferentes estados eran los conflictos fronterizos generados por disputas principalmente por la delimitación de sus fronteras. Esta situación se ha ido reducido considerablemente, gracias a la intervención de los países garantes y de los organismos internacionales a los que se han sometido la gran mayoría de países; este hecho ha provocado que se tenga una nueva óptica en cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas. Algunos gobiernos, como el caso nuestro, durante los dos últimos diez años han reducido el presupuesto para el mantenimiento y modernización, por considerarlos de menor prioridad frente a otros problemas que afronta el Estado.
Bajo esta premisa, existen pocas posibilidades de producirse una guerra entre dos países; pero no significa que un estado debe abandonar por completo a sus Fuerzas Armadas. Si bien es cierto, se podría reducir el número de efectivos, estos deben estar preparados y contar con los recursos y medios acordes con el avance de las nuevas tecnologías y en paralelo a las capacidades de los vecinos más próximos, sobre todo de aquellos que podrían significar algún tipo de amenaza, actual o a futuro por diferentes razones.
Si bien es cierto que las amenazas y los conflictos externos se han reducido, en contraparte se han generado conflictos internos a los que se enfrentan algunos estados, como son el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, entre otros, que en algunos casos traspasan las fronteras y por distintas razones fueron ganando espacio y presencia en un determinado territorio que dificulta o se hace difícil a un gobierno derrotar o aplacar estos problemas, por ello algunos gobiernos como México, Colombia, Bolivia, Ecuador, han decidido que sus Fuerzas Armadas tengan una participación importante en aras de la obtención de la paz social.
Si tomamos como ejemplo el problema que enfrenta México y por el cual se dispuso la intervención de sus Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, principalmente en lo que respecta al tráfico ilícito de drogas, fue porque se dieron cuenta que uno de los principales problemas era la corrupción existente en todos los niveles del Estado y de las instituciones, al extremo de considerar que por cada dos delincuentes existía un funcionario público comprometido en estos hechos.
Hace poco fuimos considerados como los principales productores de drogas. Esto debe llamar la atención de las principales autoridades, empezando por el Presidente de la República, para fortalecer las instituciones y erradicar la corrupción de todas las esferas. Nadie debe ser blindado, sobre todo del Ministerio Público y el Poder Judicial, porque en las manos de estas instituciones están la investigación, el juzgamiento y la sentencia de los delincuentes, pero si estos son liberados con suma facilidad, los avances en la lucha contra la delincuencia no serán significativos.
Como ejemplo recordaremos lo que pasaba en la década de los ‘80 y principios de los ‘90 con los terroristas eran capturados y puestos a disposición del Poder Judicial, en su mayoría recobraban su libertad al poco tiempo.
Esto generó el incremento del terrorismo a extremos que nadie sabía si regresaría a su casa o no, porque cualquier cosa podía ocurrir en la calle, desde un atentado contra instalaciones, coches - bomba, y otros que cobraba la vida de muchos inocentes, situación que cambió con una nueva legislación para esta materia y las condiciones para quienes se encargaron de enfrentar a estos delincuentes y puedan realizar su trabajo.
Hoy, si bien es cierto el terrorismo se encuentra focalizado, las leyes también en cuanto a esta materia se han cambiado, por lo que muchos terroristas hoy están libres, existen otros problemas como la delincuencia, que ha ganado espacio, situación que quizá no está siendo tomado en cuenta en la magnitud como tal por algunas autoridades, porque hoy los delincuentes son liberados con suma facilidad.

Rol del Estado y la seguridad

Nuestro país es un claro ejemplo de lo nefasto que puede ser la violencia, a lo largo de dos décadas nos quedamos relegados frente a otros países que no afrontaron este problema; más aun con la destrucción de infraestructura de servicio público, amén del impedimento de ingreso de capitales extranjeros para el desarrollo de proyectos o inversiones que pudieron generar bienestar a nuestra población.
Uno de los roles primordiales del Estado es el diseño de políticas que permitan enfrentar estos temas. Las amenazas, tanto internas como externas, el terrorismo, el crimen organizado que actualmente traspasa fronteras requieren de políticas estructurales, con enfoques multidisciplinarios y el compromiso de todos los sectores para, de esta manera, poder enfrentar las amenazas que ponen en riesgo la estabilidad, la seguridad y la tranquilidad de la población.
El Perú está avanzando, pero aún faltan varios aspectos por corregir, uno de ellos es en el campo jurídico. Recordemos el atentado que sufrió la hija de un parlamentario; se formó una Comisión Especial en el Congreso para ver el tema de la seguridad ciudadana en el cual se harían correcciones para brindar las herramientas legales que permitan erradicar el avance delincuencial. Hasta ahora, solo se han adoptado decisiones mediáticas por parte del Ministerio del Interior.
En líneas precedentes solo hemos mencionado el problema de la delincuencia común. Pero, qué pasa con los temas más complejos como el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas, el contrabando; que no solo repercuten a nivel interno si no que traspasan las fronteras.
Lo más importante debe ser la articulación de todos los entes involucrados en dichos temas, dejando de lado los protagonismos, ya que son mayores dificultades para poder enfrentar estos problemas, sin duda alguna todos quieren tener el reconocimiento, así como dirigir, ser la cabeza visible son estas actitudes las que perjudican y no permiten el avance en la lucha contra estos flagelos que causan mucho daño a nuestro país.
El Estado peruano tiene una gran deuda con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque los dos últimos gobiernos redujeron los presupuestos para gastos de mantenimiento de los actuales equipos, la modernización necesaria acorde con la realidad y desafíos, situación que conllevó a que éstas se sientan disminuidas.
Esperemos que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto y se reviertan estos obstáculos; si bien es cierto que se dieron algunas señales al haber considerado partidas para el presupuesto del próximo año fiscal, solo queda esperar que se cumplan, entre ellos el tan ansiado aumento salarial, porque no solo se debe dotar con recursos tangibles, si no con lo más importante que son los recursos intangibles y de esta manera cumplir el compromiso con todos aquellos quienes por muchos años vieron sus derechos relegados.