Conflictos y más conflictos

 

La mayor parte de los conflictos sociales actuales, son herencia de los anteriores gobiernos; pero, el gobierno actual aún no da señales de cómo brindar solución a estos problemas, quienes apoyaron al actual régimen para la victoria en la elección, hoy se muestran como opositores. El asunto pasa porque se sienten insatisfechos y engañados, hoy las propuestas del entonces candidato –hoy Presidente– se contraponen, ya que al asumir el gobierno, probablemente, se convenció que sus ofrecimientos eran inviables y no le quedó otra alternativa que continuar con las políticas que él mismo cuestionó en su momento.

Si antes el actual gobierno criticó la poca capacidad para dar solución a las demandas de las protestas sociales, hoy se encuentra con las mismas carencias. Nos preguntamos: ¿es que acaso no existen profesionales idóneos y capaces de sentarse a dialogar antes del inicio de dichas propuestas?

Después de casi un año en el Gobierno, recién se presenta el Proyecto de Ley para la nivelación de los sueldos de personal militar y policial, tema por demás incierto, ya que no se sabe si será aprobado o no por el Legislativo. Según los dirigentes de las organizaciones de retirados, viudas, incluso exministros de las carteras de Interior y Defensa, las propuestas del Ministerio de Economía y Finanzas, resultan diametralmente opuestas a las promesas y aspiraciones de los beneficiarios.

Si esto ocurre con las instituciones tutelares del Estado que constituyen el soporte para el desarrollo y la seguridad nacional, ¿qué podríamos esperar en los otros sectores?

¿Hacia dónde vamos?

Ante la renuncia de los ministros y la problemática del VRAE, los peruanos esperábamos que el Gobierno nombre como nuevos ministros a personas capacitadas y con amplia experiencia en estos delicados asuntos, profesionales idóneos para corregir los errores hasta hoy cometidos; con esto, no se pretende descalificar a los flamantes ministros, tan solo nos deja la impresión de no contar con técnicos o especialistas que brinden mejores expectativas al Gobierno y a la sociedad.

El Perú espera que los ministros nombrados no cometan los mismos errores de sus antecesores y, que sean capaces de superar las deficiencias existentes y –de una vez por todas- dar solución a los temas pendientes en tan importantes carteras, las mismas que son vitales para la seguridad nacional. Dentro de los problemas pendientes de atender, tenemos: el VRAE y los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; no debemos olvidar que este gobierno ya va a cumplir un año y aún no ha resuelto estos temas, los mismos que debieron ser tratados desde el inicio del mandato, conforme a lo prometido en la campaña electoral.

La sociedad peruana está expectante acerca del desempeño de los señores ministros del Interior y de Defensa, por los pasivos dejados por sus antecesores y para revertir los cuestionamientos que, desde su designación, les hicieron los políticos y los medios de prensa, sobre todo al nuevo ministro del Interior, quien dio muestra –sino de apoyo- de sujeción al gobierno de Fujimori y al tristemente célebre Vladimiro Montesinos Torres. El general Wilver Calle Girón ha reconocido su error; pero, eso no basta para ser un buen ministro.

Inseguridad y corrupción

 

Hoy en día, para nadie es ajeno el problema de la inseguridad que se vive en nuestro país; todos los días somos testigos y –en muchos casos– víctimas de hechos cada vez más violentos, la delincuencia está llegando a niveles que atemorizan a la población y ponen en riesgo no solo la vida cotidiana, sino el propio desarrollo socioeconómico del país. Ahora, cualquier persona es una potencial víctima de un hecho delictuoso que podría llevarlo hasta a perder la vida. 

 

Pero, ¿cómo podríamos enfrentar este problema?, ¿cómo reducir los niveles de inseguridad en que vivimos? Creemos que está claro que no es un problema que debe ser abordado por un solo sector del Estado; sino, muy por el contrario, se debería de enfrentar en forma integral, por ende es necesario que participen los diversos sectores comprometidos en este tema. El objetivo debería ser la reducción de estos hechos delictivos que aquejan a nuestra sociedad.

El Gobierno debería diseñar políticas eficaces de seguridad, involucrando tanto al Poder Judicial con sus diversas instancias así como al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Ministerio del Interior; y, dentro de éste, los principales actores que deben integrarse para el logro de la reducción de la inseguridad para dar paso a un desarrollo social y económico de nuestro país.

 ¿Cuál será el principal problema que impide la reducción –en gran medida– del problema de la inseguridad ciudadana? La respuesta es evidente: la corrupción, sumado a ella la falta de compromiso de algunas autoridades y funcionarios.

Operación Libertad, ¿éxito o fracaso?

El éxito que significó para el Gobierno la operación “Libertad” para rescatar a los 36 trabajadores de la compañía de gas de Camisea resultaba impecable y muchos creíamos que así fue. Hoy en día, saltan los hechos y declaraciones de algunas autoridades convirtiéndolos en un rotundo fracaso; probablemente si -desde un inicio- se hubiesen manifestado los hechos tal cual eran, en estos momentos el Gobierno así como los Ministros de Defensa y del Interior no estarían siendo cuestionados y a punto de ser censurados.

 

Ha quedado al descubierto que el helicóptero piloteado por la Capitán PNP Nancy Flores fue derribado, igualmente el prolongado tiempo que emplearon para rescatar a los dos Suboficiales de la Policía que quedaron abandonados en Alto Laguna. La realidad fue todo lo contrario, porque se produjeron más bajas, dejando en evidencia que se estaba actuando con una estrategia equivocada, sin contar con la suficiente información que permita obtener resultados óptimos.

Frente a estos hechos que vivía el país y, en medio del accionar infructífero de las Fuerzas del Orden, apareció por sus propios medios el suboficial de la Policía Astuquillca, así como el rescate del cadáver de César Vilca, quien fue hallado por su señor padre con el apoyo de algunos nativos, la población se hace la interrogante: ¿Qué pasó con los mil quinientos efectivos de las FFAA desplazados a Kiteni?, ¿Dónde estuvieron todo ese tiempo?

Finalmente, el Gobierno y el oficialismo siguen defendiendo a sus cuestionados ministros, señalando que los hechos son insuficientes para que renuncien o sean vacados. Nos preguntamos: ¿cuándo asumirán su responsabilidad?

Ola de conflictos

 

Hace poco, con el secuestro de los trabajadores de la empresa de gas de Camisea, se puso en evidencia la problemática existente en el VRAE, así como lo vulnerable de la seguridad en dicha zona; los acontecimientos ocurridos sirvieron para dejar al descubierto las falencias de cómo se afronta el grave problema del terrorismo. Se suman a ello, algunas denuncias de posibles actos de corrupción.

 

Pero, mientras la mayoría de la población está concentrada en cómo se desarrollan las acciones en el VRAE, algunas organizaciones trabajan para llevar adelante medidas de fuerza, con la paralización de un gran sector de la población. Se debe tener en cuenta las acciones del presidente regional de Cajamarca con opositores del proyecto Conga; tienen planeado el inicio de un paro regional a partir del 31 de mayo.

Por otro lado, el Frente Macrorregional Sur, conformado entre frentes de defensa y organizaciones en contra de la minería de Arequipa, Cusco, Puno y Tacna, ya se pronunciaron a favor de los dirigentes cajamarquinos, y proyectan un paro en toda esta región a partir de la misma fecha; de prosperar, pondría en aprietos al gobierno y exigiría replantear las decisiones sobre este tema.

Lo señalado no constituye los únicos conflictos que se avecinan, también tenemos el problema de los trabajadores de Doe Run. De concretarse todos, podrían generar graves consecuencias para la seguridad, pues ya es costumbre la pérdida de vidas humanas, la escala de violencia con la que actúan estos radicales hace que las fuerzas del orden tengan que usar sus armas de reglamento para restablecer la tranquilidad pública.