Crisis en Bolivia

El país vecino de Bolivia enfrenta, desde el 21 de junio, una huelga policial que viene agudizando debido a la falta de voluntad del gobierno de Evo Morales, quien no da solución a las demandas de los uniformados respecto a la mejora en los salarios, pese a que es un sector importante en el mantenimiento de la paz y tranquilidad en la población. El gobierno boliviano debería hacer el mejor de los esfuerzos para solucionar este problema; pero, lejos de ello, lo que es sabido y hecho público por los propios policías, solo se pretenderá dar solución con bonificaciones y no con una mejora salarial sustantiva.

Esta protesta, sin duda, afecta al país en su conjunto; por un lado, la medida de fuerza adoptada por los policías y, por otro, la intransigencia de las autoridades, afectan la seguridad interna del país, dejando a la población desprotegida y a merced de los delincuentes, la actividad económica del país totalmente insegura.

Pero, esta paralización no solo afecta a la seguridad, también debilita al gobierno altiplánico, más aún cuando pareciera que el Gobierno pretende enfrentar a sus seguidores con los policías en huelga; estos hechos generan desorden y caos; y podrían producirse muertes innecesarias, por cuanto los policías portan sus armas de reglamento y, ante una provocación y/o agresión con objetos que los dañe, podrían hacer uso de las armas que poseen, provocando lesiones o muertes que después lamentarán.

Estos hechos deberían servir de ejemplo a nuestras autoridades, pues el problema salarial de nuestra Policía y de la FFAA es postergado desde hace más de 20 años. La interrogante es ¿Qué esperan nuestras autoridades? ¿Acaso que también se acate una paralización?; ¿es que no se dan cuenta de que un hecho de esta naturaleza no solo afectaría la seguridad interna de nuestro país, sino también el crecimiento económico?

Accidentes de tránsito y políticas públicas coherentes

 

Hace poco se ha presentado un proyecto de ley sobre un tema muy sensible: los accidentes de tránsito. Este tema involucra a un gran número de personas. 

 

Sobre este problema, se promueve la eliminación del nivel de alcohol permisible en el flujo sanguíneo del conductor; el proyecto en sí, es interesante; pero, consideramos que no es la mejor solución, considerando que el alcohol no es la principal causa de los accidentes de tránsito; sin embargo, constituye un factor importante. Los accidentes de tránsito, en su mayoría, son consecuencia de la imprudencia e irresponsabilidad de los conductores; esto, originado –sin duda– por la mala educación, formación y la falta de valores.

En el supuesto de que este proyecto de ley sea aprobado, las sanciones a imponer seguirían siendo benignas, toda vez que no hay detención en la legislación actual; es así que no existe un solo conductor detenido por conducir en estado de ebriedad. Si se eliminaran los límites permisibles de alcohol, los accidentes de tránsito seguirán igual, pues el proyecto no obligaría al Poder Judicial ni al Ministerio Público a actuar de manera distinta; seguirán con la actual posición; si bien es cierto que constituye delito, este no amerita la detención del autor. Esto nos lleva a replantearnos la sanción a imponer, que debería ser pecuniaria pero efectiva.

Sin duda, más que una sanción penal o económica se requiere una gran campaña de educación, formación, cultura de valores y principios; por otro lado, se hace necesaria la adecuada preparación de los conductores. Actualmente, no hay mecanismos de preparación efectivos, lo que existe es el ánimo de lucro de algunas instituciones que imparten preparación sobre estos temas.

¿Hasta cuándo las protestas?

Entre los que se proclaman defensores de los recursos naturales y del medio ambiente no existe coherencia alguna entre sus actos y lo que pregonan. Las protestas van en contra de la minería formal, la misma que está regulada, si bien es cierto pueden existir vacíos legales que, rápidamente, pueden ser enmendados.

Todo lo contrario ocurre con la minería informal, la misma que no tributa y tan solo favorece a un pequeño sector de la población, además, contamina irremediablemente el ecosistema, a diferencia de la minería formal.

Lo primordial debería ser la toma de medidas para enfrentar a la minería informal y a quienes promueven dicha actividad, los mismos que apoyan estas protestas con la finalidad de impedir toda actividad formal y –consecuentemente– el retiro de las empresas formales y que reine la informalidad.

Estos sucesos no solo afectan a las zonas donde se producen, sino repercuten en la vida social, económica y política de la nación, vulnerando una serie de derechos y libertades fundamentales del ciudadano común, de aquel que no está de acuerdo con estos hechos, pero que se ve obligado a acatar por temor a las amenazas.

Un ejemplo tenemos en los comerciantes, quienes si no cierran sus locales, son apedreados, destruidos o saqueados; amén de aquellas personas que son impedidas de transitar libremente debido al bloqueo de los caminos y carreteras. Las autoridades encargadas de velar por la seguridad pública, simplemente no cumplen con esta función, es por ello que está detenido el alcalde de Espinar, de la misma forma deberían ser reprimidas aquellas autoridades que, descuidando su labor principal, promueven y financian actos de violencia.

Legitimidad y legalidad de las protestas sociales

 

A todos los peruanos nos asiste el derecho de protestar ante situaciones que consideremos arbitrarias y que vulneren nuestros derechos; en tal situación, consideramos legítima la realización de una protesta. Pero, el interés de quienes protestan debe ser que los causantes del problema respeten los derechos de los demás; quienes deberían velar por los agravios, así como resarcir el daño ocasionado son las autoridades del gobierno. Surge una gran interrogante: ¿hasta qué punto lo legítimo es legal?

 

Bajo el argumento de la defensa del agua y el medio ambiente, en los últimos meses se han ido generando una serie de actos de protesta que como dijimos ut supra, pueden ser legítimas, pero cuando se tornan violentas, lo legítimo se convierte en ilegal.

La situación se agrava cuando los promotores de estos hechos con las propias autoridades elegidas; pues, se supone que su tarea es la de trabajar por el bien común de la comunidad; y, bajo este concepto buscar el nexo con las autoridades del gobierno central a fin de encontrar la solución a las demandas de la población. Esta situación no ocurre, tenemos como ejemplo al presidente regional de Cajamarca, promotor de las protestas en contra del proyecto minero Conga, y al alcalde de Espinar (Cusco), contra la minera Xtrata–Tintaya.

Asimismo, existen otras autoridades que, peor aún, aprovechando el cargo que ostentan, usan mecanismos para incitar a la protesta; es el caso de la congresista Verónika Mendoza, quien habría utilizado un informe falso para azuzar a la población de Espinar y provocar actos de violencia.