Primer año de Gana Perú

“Siembra vientos y cosecharás tempestades”. Esta frase parece ajustarse a lo que sucede con el gobierno. Recordemos que cuando eran opositores al gobierno pasado, apoyaron y justificaron cuanta protesta se realizó; además, cuestionaron las decisiones y medidas del gobierno de ese entonces para enfrentar los problemas sociales.

A tan solo un año de gobierno, ya se cuentan 17 pérdidas humanas como producto de los conflictos, principalmente vinculados a la actividad minera; por estos hechos se ha decretado el Estado de Emergencia hasta en tres oportunidades, dos de las cuales fueron en Cajamarca; de continuar esta situación, podría ponerse en riesgo la gobernabilidad y el estado democrático en que vive nuestro país.

No solo las protestas dejan mal parado al gobierno, sino también el terrorismo; además no debemos olvidar lo ocurrido en La Convención, Cusco, donde el gobierno se pronunció en el sentido de que el rescate de los secuestrados por el “Camarada Gabriel” era una operación impecable, resultando un total fracaso y la consiguiente salida de los ministros del Interior y Defensa.

¿Por qué en tan poco tiempo se encuentran inmersos en tantos problemas, afectando la seguridad de la nación, la ciudadana y el desarrollo del país? Probablemente, se deba a los ofrecimientos y compromisos asumidos en la campaña electoral, los mismos que –una vez en el gobierno– se dieron cuenta de que era imposible cumplir sin iniciar la gran transformación.

Reparaciones civiles, deuda con el Estado

La Procuraduría Anticorrupción promueve el cumplimiento del pago de las reparaciones civiles por quienes fueron sentenciados y, a la fecha, no cumplen con abonar el monto fijado en sus sentencias, que es accesorio a la pena que se les impuso por la comisión de los delitos en agravio del Estado Peruano; esto debe constituir un hito, un punto de partida para que las reparaciones civiles sean efectivas, amén del tipo de delito cometido.

Ningún delincuente sentenciado por un delito que acarree como pena accesoria el pago de una reparación civil debería ser favorecido con beneficio penitenciario, primero tendría que cumplir con dicha obligación o –por lo menos– presentar una garantía real o una carta fianza que aseguren el pago.

Hoy, algunos delincuentes son liberados con sorprendente facilidad, sin garantía acerca del resarcimiento del agravio causado; si bien es cierto, no todos pueden o deberían seguir sus procesos en prisión, quizá por el tipo de delito cometido o porque la pena no amerita el internamiento, no quiere decir que no deban pagar por el accionar ilícito; por lo tanto, debería establecerse el pago de una fianza para toda persona que es detenida por la comisión de un delito. Esto permitiría que no evada el proceso y –de resultar culpable– cumpla con el pago de la reparación civil.

El Estado Peruano invierte grandes cantidades de dinero en temas de seguridad para combatir la delincuencia en todas sus modalidades, no habiendo forma de recuperar ese dinero; si bien es cierto, no es una inversión que deba traer rentabilidad, por lo menos debería recuperarse algo de lo invertido con el pago de las reparaciones civiles y las fianzas, para luego ser reinvertidas en educación y seguridad.

Uso y abuso del poder

En la gestión del Presidente Ollanta Humala, uno de los más beneficiados sería su hermano Antauro. Primero, se le redujo la pena de 25 a 19 años y, ahora, pretende reincorporarse al Ejército, pues –a decir de su abogada– su pase al retiro no se ajustaría al debido proceso; además, señala que con ello se le truncó la vida profesional.

De ser ciertos los alegatos de la defensa, por qué no fueron presentados los recursos necesarios en su oportunidad, por qué recién ahora se les ocurre presentarlos; o ¿es que se quiere aprovechar el poder político por el simple hecho de ser hermano del Presidente? Solo después de las denuncias respecto a los privilegios que gozaba en los penales, fue trasladado a la Base Naval del Callao.

La Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima dejó al voto su decisión acerca de la demanda del hermano del mandatario; de darle la razón, sería un nefasto antecedente en la democracia y en la seguridad de nuestro país, pues constituiría una muestra evidente de que la justicia no se imparte igual para todos y que quienes tienen el poder pueden usar las leyes a su antojo; ¿acaso es posible que después de estar separado 15 años del Ejército, puede un oficial ser reincorporado, pese a haber sido sentenciado por el asesinato de cuatro policías que defendían la democracia y el estado de derecho?

Sería muy penoso el mensaje que se dejaría a la ciudadanía, sobre todo a los deudos de las víctimas del “Andahuaylazo”; el argumento utilizado es casi el mismo que el de los delincuentes terroristas: considera a las víctimas producto de lo que llaman “guerra interna”, por lo tanto no tendrían responsabilidad. La ley debe ser igual para todos.

Protestas e intransigencia

Todos tenemos derecho a opinar, a sindicalizarnos, a la huelga y protestar en contra de los abusos de un gobierno opresor. Esto no ocurre en el país, ya que algunos se arrogan la representatividad de la población, actuando como si el país fuera de su propiedad; esta situación no la podemos permitir, no es justo que unos cuantos radicales detengan el desarrollo, provoquen inseguridad y tengan el descaro de amenazar la paralización de las obras que beneficiarán a todo un pueblo, generando desarrollo y progreso.

Los recursos naturales pertenecen al Estado, por ende es de todos los peruanos; no de una población, provincia o región; es de todos y el Estado es el que administra y autoriza la explotación.

La actividad minera no debe afectar ni causar daño al medio ambiente ni a las personas que habitan en el área de explotación; las personas deberían ser los principales beneficiarios del producto extraído; por ello se ha establecido el canon minero. El problema radica en cómo se administran estos fondos, cuál es el destino que se les da y si son bien utilizados o están siendo malversados.

Los responsables son los presidentes regionales y alcaldes, quienes lo administran; una región como Cajamarca, en vez de tener un presidente promotor de protestas, debería tener un administrador con la capacidad de usar los fondos en beneficio de su comunidad.

Ni el presidente regional ni los dirigentes brindan propuestas de solución; sabemos que la actividad minera es nefasta para ellos, entonces qué actividad desarrollarán para generar ingresos que permitan el bienestar y el desarrollo. En el hipotético caso que se suspenda la ejecución del proyecto Conga, ¿se prohibirá e impedirá la actividad minera en la región?, ¿los mineros informales no invadirán estas zonas? Es muy probable que se dé inicio a una actividad ilegal peor aún de la que ya existe.