El tema de la seguridad es muy amplio y complicado, más aún si no existe voluntad para darle la importancia que se merece. La seguridad no solo corresponde a un sector del Estado, depende de la voluntad y entereza de muchos actores; recae la máxima responsabilidad en quien conduce los destinos de nuestro país, con el apoyo de los altos funcionarios encargados de ello. Hace poco -en setiembre- el Congreso otorgó facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad y, dentro de ello, se encontraría la reforma de las instituciones militares y policiales. Pero ha dejado de lado cuestiones no menos importantes.
Los fenómenos sociales que afectan a la seguridad en nuestro país, son terrorismo, tráfico de drogas, delincuencia común, corrupción, entre otros; esto impide el desarrollo. Nos preguntamos ¿qué factores facilitan o permiten estos fenómenos? ¿Cuántas normas dictó el Ejecutivo en los últimos 90 días en materia de seguridad y para combatir estas lacras? La solicitud de facultades para legislar en materia de seguridad y haberse limitado a emitir normas que tan solo atañen a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional nos deja la impresión que sólo dependería de estas instituciones la seguridad, dándonos a entender que con las reformas efectuadas se solucionará automáticamente el problema; nada más falso.
Lo primero que se necesita es una política pública coherente de lucha contra este fenómeno, obviamente con el compromiso de toda la ciudadanía; esta política debe estar reflejada en normas que permitan que cada actor realice la labor que le corresponde, con los instrumentos necesarios y que sean complementarios unos a otros, sin contradicciones.
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