miércoles, 16 de enero de 2013

¿Elegidos para servir o para servirse?


Los “padres de la patria” demostraron que están de espaldas a la sociedad y lo único que les interesaría es beneficiarse y conseguir jugosos ingresos, pese a los cuestionamientos y críticas de diversos sectores, persistieron en ratificar y justificar el cuestionado bono de representación, argumentando que lo necesitan para mejorar su trabajo. Nos preguntamos qué trabajo. Más allá de cuestiones mediáticas y actos censurables no se avizora mayor cosa.

Un parlamentario señaló que si queremos tener un Congreso eficaz, debemos pagarles bien a los legisladores. ¿Es que el Congreso es una agencia de empleos? Los parlamentarios no son trabajadores, son representantes de la población, elegidos para servir al pueblo. Se supone que quien postula a un cargo de esta naturaleza lo hace por convicción propia, para servir y no para servirse. ¿Dónde quedaron las promesas de la campaña?

De ser cierto que la asignación de representación no es suficiente, lo primero que deberían demostrar es su desempeño para luego justificar que realmente necesitan un incremento en su asignación.

Se postergan importantes temas para nuestro país y que dependen del Legislativo, por ejemplo: elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del defensor del Pueblo; por otro lado, temas fundamentales como la seguridad, salud y educación. La población está hastiada de que al tratar estos temas se enfrasquen en discusiones nada productivas o –simplemente- se encarpeten proyectos de ley que deberían ser discutidos con suma urgencia. Hemos visto que para aprobar y ratificar beneficios económicos personales sí son capaces de actuar con agilidad y diligencia, ya quisiéramos esa misma actitud cuando se traten otros asuntos.

Norma con yerros (Publicado el 09 de enero de 2013)



El Frente de Lucha Militar-Policial ha dirigido una misiva al presidente del Congreso en la que solicita tenga a bien revisar las normas emitidas por el Poder Ejecutivo respecto a la modernización de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, considerando que dichas normas son inconstitucionales y atentan contra los derechos adquiridos.

La Policía Nacional del Perú ha venido celebrando –desde hace 24 años– su aniversario cada 06 de diciembre, correspondiendo dicha fecha a la creación de esa institución; pero, la nueva norma ha cambiado la fecha al 30 de agosto, evidenciando un deseo de algún funcionario procedente de la ex Guardia Civil; ¿cuál será el sentir de quienes proceden de la ex Guardia Republicana y la ex Policía de Investigaciones? Por otro lado, en dicha norma se establecen que los grados de los oficiales son: Teniente General, General, Coronel, Comandante, Mayor, Capitán, Teniente y Alférez; sin embargo, en algunos artículos relacionados a ciertos cargos que deben ser asumidos por Oficiales hacen referencia al grado de “Teniente Coronel”, grado inexistente en la PNP, correspondiendo a un grado del Ejército del Perú. Una muestra más de la improvisación ¿Otra fe de erratas?

En la nueva norma se han creado especialidades, pero se contrapone cuando se exigen requisitos que debe cumplir un Oficial en un determinado grado para poder ascender, como es haber pasado por una unidad administrativa o por una comisaría para alcanzar cierto puntaje, marcando la diferencia entre los oficiales; entonces, las especialidades no sirven de nada, ya que todos deben pasar por diferentes dependencias para llegar al máximo puntaje y lograr ser promovido.

jueves, 3 de enero de 2013

Tareas pendientes


Hace pocos días, en la ceremonia de clausura del año académico de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, el Presidente de la República expresó que existe un gran déficit de efectivos policiales, toda vez que la población va en incremento y la seguridad ciudadana cada día es más caótica debido al aumento de los índices de delincuencia en todos los niveles. 

En los últimos 20 años la población peruana ha crecido enormemente, tanto así que la ciudad capital rebasa los 8 millones de habitantes; sin embargo, los efectivos policiales no se han incrementado y, este déficit afecta a la seguridad ciudadana como se observa en el alto índice de delincuencia. 

La Defensoría del Pueblo, por su parte, en su informe del pasado mes de noviembre señala que existen 230 conflictos sociales (18 activos y 62 latentes) que se registran a nivel nacional, estas cifras se diferencian mucho de las presentadas por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, quienes de modo muy optimista solo ha identificado 66 conflictos sociales por resolver y 20 resueltos hasta el mes de noviembre pasado. 

El Gobierno debe adoptar urgentes medidas que solucionen este tipo de problemas que tanto daño ocasiona a nuestro país, no bastan los mensajes de aliento y tranquilidad, es evidente que la delincuencia se incrementa día a día, para lo cual todas las instituciones del Estado deben trabajar articuladamente para hacer frente a esta lacra social y tratar de erradicarla.