El reciente ataque cobarde y abusivo contra efectivos de la policía nacional y trabajadores del programa de erradicación de cultivos de coca en el distrito de José Crespo y Castillo, puso nuevamente en evidencia la alianza entre el terrorismo y el narcotráfico. Hasta cuándo va a continuar esta violencia, cuántas muertes más de inocentes se van a permitir, qué estamos esperando que ocurra: que se generalice esta violencia, que se llegue a situaciones sin control. Ya es hora que el gobierno y las autoridades, sobre todo aquellas que están comprometidos con la seguridad, se manifiesten y pongan coto a este problema; y, de una vez por todas, se establezcan políticas destinadas a combatir esta lacra. Ya no más decisiones apresuradas frente a hechos como lo suscitado el último 27 de abril en Aucayacu, o el 29 en la zona del VRAE.
Qué espera la clase política nacional para comprometerse verdaderamente en hacer frente a este problema; dónde están aquellos políticos, los dirigentes cocaleros; no se han manifestado, no han tomado posición frente a estos hechos. Es momento que definan su posición: o están de lado de la legalidad, de la paz; o, bajo el argumento de la defensa del cultivo ancestral de la hoja de la coca, están a favor del cultivo ilegal, del narcotráfico y del terrorismo.
Cuántas vidas más de policías, militares y civiles inocentes, cuántas familias más van a tener que quedar en la orfandad gracias a esta demencial actividad; porqué algunos tienen que pagar con sus vidas y la tranquilidad de sus hogares; mientras otros se llenan los bolsillos con grandes sumas de dinero producto de esta demencial alianza entre narcotraficantes que, en su afán de garantizar sus ilícitos negocios, no dudan en aliarse con los terroristas.
Los especialistas en temas de narcotráfico estiman que aproximadamente 22 millones de soles se mueven gracias al narcotráfico en el Perú; cuánto de este dinero va a parar en los bolsillos de los terroristas que matan policías, militares y civiles para facilitar el narcotráfico; cuánto va a parar a los bolsillos de aquellos que fungen de dirigentes de gremios vinculados al cultivo de la hoja de la coca y –luego- políticos; cuánto de este dinero será usado para financiar campañas políticas en las próximas elecciones. Para evitar esto, será suficiente con la firma de compromisos de los políticos para evitar la infiltración del narcotráfico en las organizaciones políticas. Creo que no; más aún, si sabemos que casi nadie o muy pocos cumplen con sus promesas u honran con su palabra.
Frente a estos hechos, recae la responsabilidad en nosotros, los ciudadanos, para exigir a la clase política en las próximas elecciones, su transparencia frente a posibles vínculos con estas lacras sociales, el deslinde y posición al respecto, así como de tener políticas públicas coherentes para enfrentar y evitar en el futuro la generalización y el descontrol de la violencia del narcotráfico y el terrorismo. Entonces, escojamos a quien pueda –verdaderamente- representarnos en los próximos años, quien nos permita vivir en paz con la seguridad del caso, quien evite la continuidad de las muertes de inocentes sin ningún sentido, quien haga que nuestro país no llegue a ser considerado violento e inseguro.
El crecimiento económico y el nuevo posicionamiento del país en la economía mundial debe ir de la mano con un clima de seguridad y tranquilidad que permita que este crecimiento sea constante, por lo que es necesario que todos nos involucremos en este objetivo, sin distinción alguna y apoyemos a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional y a todas las autoridades comprometidas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. No dejemos que esta lacra continúe haciendo más daño a nuestro país.
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