¡Punto para Colombia!

Es muy saludable que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, continúe con las políticas emprendidas por el ex mandatario Alvaro Uribe, respecto de la lucha frontal contra el terrorismo que tanto daño viene ocasionando al pueblo colombiano. La operación “Sodoma” nuevamente ha mostrado al mundo cuál es el compromiso que tienen las autoridades colombianas para acabar con los integrantes de las FARC; la muerte de Víctor Julio Suárez “Jorge Briceño” o “Mono Jojoy” (jefe militar) es un duro golpe para esta organización terrorista, dado al cargo que ostentaba y la ascendencia que tenía sobre los elementos terroristas.
Para lograr con éxito esta operación trabajaron en forma conjunta el Ejército, la Marina, Fuerza Aérea y policía colombiana, situación que demuestra el compromiso que han adoptado estas instituciones tutelares del Estado para trabajar en conjunto con el objetivo de acabar con el terrorismo en bien del pueblo colombiano. Esta muestra de trabajo combinado deja de lado intereses particulares o de protagonismo institucional, dando paso a intereses nacionales y mancomunados para lograr una paz social que tanto anhela el pueblo colombiano.
Para llegar a este nivel de éxito en una operación se tiene que poner en práctica el profesionalismo de quienes asumen la responsabilidad en las diferentes aéreas institucionales del Estado, se puso de manifiesto el alto nivel que alcanzaron los encargados de realizar las acciones de inteligencia para lograr obtener con precisión la ubicación de la base que cobijaba a “Mono Jojoy” y el momento en que se encontraba en esta para dar inicio a la operación.
Estamos seguros que la información que deben contener las computadoras encontradas en el búnker de “Mono Jojoy” serviría de gran ayuda a las autoridades colombianas. Es más, establecerían los vínculos y redes que tienen los integrantes de las FARC con otras organizaciones nacionales e internacionales, lo que podría esclarecer las posibles vinculaciones de organizaciones y dirigentes de nuestro país con esta organización terrorista.
La operación “Sodoma” al igual que las ejecutadas contra “Raúl Reyes” y la operación “Jaque”, que permitió el rescate de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, resaltan el grado de compromiso y profesionalismo de los miembros de las fuerzas militares y policiales de Colombia en su lucha contra el terrorismo. Es digno de resaltar el compromiso de las autoridades políticas y el compromiso de apoyo que tienen con los miembros de estas instituciones, a diferencia de nuestras autoridades que lejos de apoyar a quienes luchan por darnos una tranquilidad, para lograr y mantener una paz interna y externa pretenden mancillar, disminuir sus capacidades y despojarlos de sus derechos adquiridos.
Esto es un claro ejemplo que deben tomar en cuenta todos aquellos candidatos a la presidencia de la República que participarán en las próximas elecciones generales, puesto que el terrorismo en nuestro país todavía no se ha terminado y lo peor es que al igual que las FARC se vienen aliando con las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas, porque unidos buscan complementarse para permitir el logro de sus objetivos en perjuicio de los intereses y de la seguridad nacional, de la paz social y del bienestar del país.

¡Un rumbo para el Perú!

Las elecciones municipales y regionales, nuevamente pusieron en evidencia que no tenemos una visión en conjunto, pese a que ya pasaron ocho años del Acuerdo Nacional. En este documento, se fijaron los intereses nacionales; hasta la fecha, esto no se ha hecho realidad, todo ha quedado en un intento, una ilusión; porque, de lo contrario, a estas alturas estaríamos seguros que quien salga elegido en las próximas elecciones van a continuar y mejorar todo lo iniciado por sus antecesores, aunque algunos manifestaron que sí lo harán. Pero, esto no nos garantiza nada, de seguro que cuando ocupen sus puestos todas las obras se paralizarán y las dejarán de lado, para dar inicio a sus propios proyectos. Para muestra solo basta tomar en cuenta lo manifestado por los candidatos a la alcaldía de Lima referente a la construcción del puente de las avenidas Venezuela y Universitaria; es muy probable que esta obra se quede como está, por cuántos años más. Quién sabe, toda la inversión, los beneficios y en qué queda el progreso de la ciudad.
Nuestras autoridades hasta ahora no han definido el rumbo que debemos seguir para sostener un desarrollo continuado; el crecimiento que hoy experimentamos no responde a una planificación a largo plazo, todo lo que se implementa son políticas que responden a la inmediatez del momento, que perdurarán solo un periodo de gobierno y luego qué? Es que se va emprender un nuevo rumbo, de nuevo vamos a retroceder o tener que paralizar hasta que se implementen las nuevas políticas, no es justo que esto continúe, ya es hora que, quienes tienen aspiraciones políticas, conozcan verdaderamente nuestra realidad, que sepan qué política es más conveniente para el Estado, para el pueblo en su conjunto, y no qué política beneficia a un grupo de personas o agrupación política.
Si todos nos preguntáramos, cuánto conocen de la realidad del país nuestros actuales padres de la patria; cuánto saben, qué es lo que más le conviene al Estado, al pueblo, más allá de la instrucción educativa que puedan tener; son conscientes de lo que verdaderamente necesita el país, las políticas que se deben seguir para lograr el bienestar general; saben qué factores engloba el bienestar general. A este nivel no sólo se llega con un crecimiento económico sostenido, el factor económico no es lo único, forma parte del conjunto de factores que permiten llegar al bienestar general.
El crecimiento socioeconómico debe estar apoyado por la defensa nacional y esto implica tener un nivel operativo que garantice la seguridad interna y externa. No hay mucho que explicar, solo basta ver nuestro entorno día a día; se dice y se pregona el crecimiento económico que experimentamos, pero a la par está creciendo la ola delincuencial, el índice de criminalidad y la peligrosidad con la que actúan los delincuentes cada día son mayores, se ha incrementado el tráfico de drogas, no solo es un delito interno, este traspasa nuestras fronteras; lo mismo pasa con el terrorismo y otros delitos que también se están internacionalizando.
Frente a estos hechos, cómo están respondiendo nuestras autoridades, qué están haciendo nuestros congresistas; algunos de ellos habrán visitado nuestras fronteras, conocerán, sabrán cómo viven nuestros compatriotas en esas zonas, cómo viven quienes cuidan nuestras fronteras (tanto los miembros de las FF.AA. como de la PNP), cuáles son las deficiencias, si el Estado cumple con dotarles de los medios necesarios para que cumplan con su función, en qué medida nuestras fronteras están desprotegidas, nada de esto les preocupa, menos ahora que estamos próximos a elecciones, sus intereses están centrados en qué hacer para lograr notoriedad, para ganar votos cuando les toque su turno, y para ello no escatiman esfuerzos hasta de promover o apoyar conflictos que lo único que hacen es enfrentar a las fuerzas del orden con el propio pueblo.
Tomemos como ejemplo a nuestros vecinos, sobre todo a los del sur, que cierran filas por los objetivos que ya tienen trazados, y todos son conscientes de que deben caminar con un mismo rumbo, sin descuidar ningún factor. ¿Y nosotros, qué?

LA CÉDULA VIVA DE LAS FF.AA. Y P.N.P.

Es evidente que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional esperaban que, en estos últimos cinco años, el Gobierno pueda honrar sus compromisos y cumplir con el Decreto Supremo No. 213, emitido en julio de 1990, en el cual se nivelaban los sueldos de quienes se encargan de velar el orden externo e interno respectivamente. Lejos de ello, lo único que hicieron fue dejar sin efecto esta norma y borrar de un solo plumazo la aparente buena intención que habrían tenido.
Como lo hicieron público, principalmente los retirados de estas instituciones, antes de que fuese elegido nuestro Presidente de la República, reconoció que los miembros de estas instituciones eran los más olvidados y postergados por los últimos gobiernos, por lo que se comprometió que -de resultar elegido- cumpliría con la norma que emitiera al finalizar su primer gobierno, como un hecho de justicia y reivindicación que ellos se merecen, porque son y fueron los principales actores en la lucha contra el terrorismo; es así que, gracias a las FFAA y PNP, hoy podemos vivir en un determinado estado de seguridad y tranquilidad.
Todos somos consientes que estas instituciones son las más olvidadas, pese al rol que desempeñan, tomando en cuenta que la labor de ellos es muy fundamental para el desarrollo del país; sin embargo, lejos de cumplir no sólo con los compromisos realizados por nuestras autoridades si no por ser de justicia, hoy se hace todo lo contrario. Cuántas veces salieron a declarar en diferentes medios de comunicación reconociendo el estado de abandono o postergación en la que se encuentran, pero a la hora de llevar a la realidad lo que ellos se merecen se olvidan todo lo prometido pretendiéndoles quitar derechos adquiridos y, peor aún, son agraviados.
Ahora que se sintieron presionados para realizar dicho aumento salarial a los miembros de las FFAA y PNP sacan a relucir la cédula viva y lo presentan como un impedimento para que se materialice este hecho; es más, parece un pretexto para encontrar oposición a la eliminación de este, entonces no es posible realizar aumento alguno y asunto arreglado. De esa manera, justificarían la eliminación de la cedula viva. Asimismo, ya no sería culpa del gobierno, que si tuvo la intención de aumentar los sueldos, pero optaría por atribuir a otros incluso a los mismos integrantes de esas instituciones.
Otras de las justificaciones es la casi insolvencia de la Caja Militar Policial y se olvidan que gran parte del dinero recuperado de la corrupción de la década del 90 era proveniente de la Caja Militar Policial; sin embargo, a este ente no se le ha devuelto dicho dinero, por el contrario se destinó a otros organismos, porqué otra razón la caja militar se encuentra en esa situación. Es porque el gobierno no cumple con su parte; cuánto le debe el Estado a la Caja, cuándo piensa pagarle, porqué los pagos realizados a los jubilados únicamente salen de descuentos de los que actualmente se encuentran en actividad y no porque el Estado está cumpliendo con lo que debe, parece que el Estado quisiera perjudicar de todas formas a quienes pertenecen a estas instituciones.
Ahora salieron algunos políticos a defender la cedula viva de las FFAA y PNP, pero ojala lo estén haciendo porque verdaderamente son consientes de ello y que no lo hagan por un afán de tomar notoriedad y luego buscar una reelección en los cargos que ostentan.

¿Y LA SEGURIDAD QUE EL PERÚ NECESITA?

La clase política de nuestra patria hasta ahora no ha definido qué tipo de seguridad necesita el Perú, tanto en el ámbito interno como en el externo, cuál es el nivel de seguridad que requiere el país, sobre todo en estos momentos que experimentamos un crecimiento económico, y que constantemente es resaltado por nuestras autoridades, situación que nos coloca en el centro de atención de nuestros vecinos, algunos de los cuales nos verán con buenos ojos, pero no creo que sea del agrado de todos, sobre todo del país del sur con quien mantenemos latente la delimitación marítima, y para defender lo que ellos suponen que les pertenece, han mantenido una constante actividad de repotenciación y mejoramiento de sus Fuerzas Armadas.
Lejos de adoptar una política clara, sostenible y que responda a los intereses nacionales, las autoridades correspondientes primero iniciaron reduciendo los presupuestos que han conllevado a disminuir nuestras capacidades de respuesta ante cualquier agresión, no contento con ello ahora sin el estudio correspondiente y en forma apresurada y bajo el argumento de la mejora de sueldos, pretenden quitarles algunos derechos ganados como es la cédula viva, lo que a la larga vienen provocando es un descontento en los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Si la justificación expresada por el Presidente de la República y la Ministra de Economía, fueran ciertas, en el sentido que para llevar a cabo el mejoramiento de los sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional es necesario eliminar la llamada cedula viva, entonces porqué no se hizo con la debida anticipación, porqué no responde a una planificación, lo cierto es que no hubo voluntad de mejorar los sueldos en lo que va del gobierno, pese a que al finalizar su periodo anterior emitieron el D.S 213, mediante el cual nivelaban las remuneraciones, pero lejos de cumplir con ese compromiso, derogaron dicha norma, y ante el pronunciamiento de una huelga policial, pues es ahí, donde recién se interesan por hacer el intento de un aumento salarial.
Cuál es el mensaje que se le viene dando a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con estos hechos desalientan a cualquier persona, por más amor de servicio a la sociedad y a nuestra patria que puedan tener, tomando en cuenta que nadie los obligó a ingresar a estas instituciones y que si lo hicieron, es por vocación de servicio, pues entonces es que están obligados a soportar ese maltrato, de ser así, entonces porqué todas las autoridades, empezando por el Presidente de la República, congresistas, y todos aquellos que son elegidos se supone que lo hacen por amor a la patria y vocación de servicio, y no por los sueldos exorbitantes; es más, deberían percibir la misma remuneración mensual que la de los policías y militares.
Podemos apreciar que con el ausente compromiso de nuestras principales autoridades, y con el maltrato de los que son objetos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo único que se obtiene es mermar la moral de éstos, y ello podría afectar en el mantenimiento de nuestra soberanía y seguridad nacional, sobre todo en el mejoramiento de la seguridad ciudadana, más aun tomando en cuenta que la ola delincuencial se viene incrementando considerablemente, además tenemos dos grandes problemas latentes como el trafico de drogas y el terrorismo. Asimismo, no debemos olvidar que para lograr un verdadero crecimiento económico lo fundamental es la seguridad a nivel interno y externo.

NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO

En este enlace, una entrevista en el Programa CHUYA CHUYA INGENIEROS del Colegio de Ingenieros.
Espero vuestros aportes.

A SIETE AÑOS DE LA “VERDAD DE LA COMISIÓN”

A siete años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los resultados no son los que el pueblo en su conjunto ha esperado. No se ha logrado el objetivo principal que ha conllevado a la conformación de esta comisión que es una reconciliación entre los peruanos y, a partir de ello, iniciar una nueva vida de paz, una mejor convivencia entre todos los que formamos parte de esta nación, sin distinción de razas, creencias, con mayor compromiso entre las instituciones del estado, sobre todo una mejor relación entre las instituciones de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional con el pueblo, porque esa violencia ha generado el distanciamiento principalmente entre estos dos lados.
Pero porqué no se logró lo que se esperaba, y porqué no existe hasta hoy una verdadera reconciliación, cómo explicar esta situación, el problema se inició con la conformación de esta comisión, los integrantes debieron ser de procedencia multisectorial, multipartidaria, y ser personas independientes, sin influencias ni tendencias, porque este es el principal factor que ha parcializado las conclusiones a las que arribaron en el informe, y hasta ahora, el pronunciamiento de los que formaron parte de esta comisión solamente culpan al Estado y a las instituciones de las Fuerzas del Orden como principales culpables de que no se llegue a una verdadera reconciliación.
Acusan al Estado de no implementar los mecanismos para la reparación civil, tanto individual como colectiva, y que sobre este tema se hizo muy poco, es que aún no hay pronunciamiento alguno respecto a los verdaderos autores y generadores de la violencia en la que sumergieron a nuestro país, no existe explicación alguna cuando un terrorista es liberado, asimismo, cuando aquellos delincuentes terroristas liberados hasta hoy no cumplen con pagar las reparaciones civiles que se les impuso.
Para lograr una efectiva reconciliación no sólo se debe de exigir al Estado para que cumpla con las reparaciones civiles, es más, no sólo se debe exigir que los miembros de las fuerzas del orden que cometieron excesos sean sancionados; de lo contrario, se debería de exigir que los verdaderos responsables sean sancionados, que cumplan con sus condenas y más aun que cumplan con pagar las reparaciones civiles ordenadas por mandato judicial, para que dicho dinero sea destinado a los familiares de las víctimas.
Cómo lograr una auténtica pacificación y reconciliación entre peruanos, si aquellos a quienes el Estado les encargó realizar una efectiva investigación para el logro del objetivo -el cual era llegar a la verdad- pues en el trayecto se han parcializado, y algunos se dejaron influenciar con organizaciones de tendencia izquierdista con cierta afinidad a aquellos verdaderos autores de la violencia generada.
Los autores de esta violencia deben ser sancionados con todo el peso de la ley, todos debemos repudiar estos actos, además estamos en el deber de exigir que paguen por el delito que cometieron, pero no solo deben de cumplir con sus condenas, si no también deben de cumplir con el pago de sus reparaciones civiles y que estos sean destinados a las familias de las víctimas; asimismo, aquellos miembros de las fuerzas armadas y la policía que se excedieron en el cumplimiento de sus funciones paguen por sus errores, pero no nos ensañemos con ellos, porque no olvidemos tanto el Estado como el pueblo repudiaban esta violencia y les exigían terminar con ello. Ahora que se logró algo de tranquilidad, nos olvidamos de todo lo vivido durante esa época difícil y, simplemente, damos la vuelta y exigimos todo el peso de la ley para aquellos quienes nos libraron de esa oscura época de terror.

COMPROMISO CON EL PUEBLO

Frente a las constantes críticas de todos los sectores que responsabilizaban a los congresistas de ser los principales responsables del incremento de la ola delincuencial y la inseguridad en el país, éstos tomaron conciencia del rol que deben cumplir y la respuesta que deben dar a las expectativas de la población; honrando –de esta manera- sus compromisos y promesas asumidos antes de que fueran elegidos como tal.
Pero, todos los peruanos esperamos que nuestras autoridades, miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, cumplan con nuestra nación, la responsabilidad del primero es diseñar las políticas para lograr un desarrollo sostenido, pero con una paz social, el desarrollo económico es innegable, pero paz social, nos falta mucho – veamos nada mas cuántos conflictos sociales existen y están latentes, con que facilidad se bloquean las carreteras y se impide el libre tránsito; pese a que esto es un delito, hasta ahora nadie o muy pocos vienen siendo juzgados.
Adoptando políticas claras para lograr una paz social y una convivencia pacífica, es responsabilidad del congreso compenetrase con las políticas emanadas del gobierno y en, ese sentido, dictar y adecuar las normas que permitan y que sirvan de herramienta para que las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes verdaderamente cumplan con este propósito.
En este nivel, nos encontramos con la intervención de nuestros fiscales y jueces, que a la luz de los últimos acontecimientos, sus fallos son controversiales y mucho tienen que ver con la paz social, con la inseguridad que se vive actualmente. Si bien es cierto, ellos gozan de la discrecionalidad, de la interpretación de las normas, considero que esto debe estar orientado, no solamente para favorecer al inculpado, en este caso a los delincuentes, sino para proteger a toda la sociedad.
Vemos que las muestras son claras, los autores de los últimos sucesos delictivos son sujetos que registran ingresos y salidas de los diferentes penales, entran y salen cuando ellos quieren, como si estuviesen en su casa, pero estos no son principiantes de delitos menores y que de seguro se merecen tener una oportunidad para readaptarse a la sociedad; nada de esto, son personas que han cometido delitos graves, y que deberían de estar muchos años en prisión. Pero no; en el lapso de un promedio de cinco años por lo menos tienen tres ingresos a los penales. Qué explicación hay para esto, lo mismo de siempre: excusas y responsabilizar a otros; es decir, nada concreto.
Estas actitudes no solo dañan la seguridad, la paz social que tanto reclamamos todo los ciudadanos; daña también la imagen del país en el ámbito internacional y nos hacen ver como una sociedad carente de seguridad, con instituciones débiles y con poca capacidad de hacer cumplir las leyes de convivencia, los fallos polémicos de jueces y fiscales, seguramente, harán dudar a muchos inversionistas extranjeros que quieren invertir en el Perú; porque ante un conflicto que requiere la intervención de estas instituciones, no estarán seguros de cómo van a responder y como van a interpretar las leyes. Todo esto resulta perjudicial para el pueblo peruano.

INSEGURIDAD CIUDADANA

Durante los últimos días hemos sido testigos de cómo la ola delincuencial se ha acrecentado y viene golpeando a la ciudadanía con mayor frecuencia. Pero, no sólo el incremento es lo preocupante; sino también, la actitud agresiva con la que se vienen cometiendo estos hechos delincuenciales, puesto que están llegando a límites en los que ya no les interesa en lo más minino la integridad de sus víctimas, y dejan muy claro que son capaces de matar o causar graves lesiones a quienes ponen algún grado de resistencia al impedir este tipo de hechos.
Es el momento apropiado para entender que este problema es estructural, no sólo es asunto de un determinado sector, en este caso sería el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Estas instituciones son los principales actores para combatir e impedir que la ola delincuencial continúe avanzando, y ellos deben lograr cumplir con esta difícil tarea; más aún si cada día se observa como los delincuentes están constantemente sofisticándose.
Para enfrentar este problema todas las instituciones y la ciudadanía deben de participar ya que el problema es multisectorial, pero el principal responsable es el gobierno. Es el gobierno quien debe establecer políticas claras, capaces de hacer frente a este flagelo y no recurrir a paliativos para aplacar ciertos acontecimientos; de momento no hemos visto aún una voluntad decisiva para este problema, no contamos con cárceles adecuadas y seguras que alberguen a los delincuentes, no se asignan los presupuestos necesarios a los sectores comprometidos y lo más grave es que a la policía se le responsabiliza en la mayoría de los casos por estos hechos, exigiéndole mayor actividad, pero no se le dota de las garantías necesarias para su actuación, y peor aun ellos cuentan con remuneraciones ínfimas.
El Congreso de la República es el encargado de tomar medidas, pero pareciera que no le interesa, y para justificar su presencia ante estos problemas lo único que hacen es llamar al titular del sector para que informe y cuando éste se presenta -como el hecho ocurrido el pasado fin de semana- brillan por su ausencia. Dónde se encontraban y qué es lo que hacían; se supone que son ellos los que deben de escuchar las explicaciones y razones a la cual se deben estos hechos, para luego tener claro el problema y poder dictar leyes o modificar las existentes y de esta manera permitir a la policía y a los sectores comprometidos tener mejor actuación y que sus esfuerzos no resulten infructuosos.
Tanto el Poder Judicial como nuestros magistrados, parecen que estuviesen de espaldas al pueblo. No se entiende la facilidad con la que se liberan a los delincuentes, pues todos los autores de los últimos delitos y que gracias al accionar de la policía fueron capturados y que registran un prontuariado que antes de ser liberados deben ser tomados en cuenta. Es sumamente necesario que se revisen las actuaciones de los jueces y fiscales sobre todo de aquellos quienes administran justicia en esta materia, a qué se debe esa permeabilidad de liberar a dichos delincuentes con amplio prontuariado delictivo, y de seguro que muchas otras personas están recluidos en los penales por delitos menores, y algunos con exceso de carcelería u olvidados. Quién entiende esta actitud?.