INSEGURIDAD CIUDADANA

Durante los últimos días hemos sido testigos de cómo la ola delincuencial se ha acrecentado y viene golpeando a la ciudadanía con mayor frecuencia. Pero, no sólo el incremento es lo preocupante; sino también, la actitud agresiva con la que se vienen cometiendo estos hechos delincuenciales, puesto que están llegando a límites en los que ya no les interesa en lo más minino la integridad de sus víctimas, y dejan muy claro que son capaces de matar o causar graves lesiones a quienes ponen algún grado de resistencia al impedir este tipo de hechos.
Es el momento apropiado para entender que este problema es estructural, no sólo es asunto de un determinado sector, en este caso sería el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Estas instituciones son los principales actores para combatir e impedir que la ola delincuencial continúe avanzando, y ellos deben lograr cumplir con esta difícil tarea; más aún si cada día se observa como los delincuentes están constantemente sofisticándose.
Para enfrentar este problema todas las instituciones y la ciudadanía deben de participar ya que el problema es multisectorial, pero el principal responsable es el gobierno. Es el gobierno quien debe establecer políticas claras, capaces de hacer frente a este flagelo y no recurrir a paliativos para aplacar ciertos acontecimientos; de momento no hemos visto aún una voluntad decisiva para este problema, no contamos con cárceles adecuadas y seguras que alberguen a los delincuentes, no se asignan los presupuestos necesarios a los sectores comprometidos y lo más grave es que a la policía se le responsabiliza en la mayoría de los casos por estos hechos, exigiéndole mayor actividad, pero no se le dota de las garantías necesarias para su actuación, y peor aun ellos cuentan con remuneraciones ínfimas.
El Congreso de la República es el encargado de tomar medidas, pero pareciera que no le interesa, y para justificar su presencia ante estos problemas lo único que hacen es llamar al titular del sector para que informe y cuando éste se presenta -como el hecho ocurrido el pasado fin de semana- brillan por su ausencia. Dónde se encontraban y qué es lo que hacían; se supone que son ellos los que deben de escuchar las explicaciones y razones a la cual se deben estos hechos, para luego tener claro el problema y poder dictar leyes o modificar las existentes y de esta manera permitir a la policía y a los sectores comprometidos tener mejor actuación y que sus esfuerzos no resulten infructuosos.
Tanto el Poder Judicial como nuestros magistrados, parecen que estuviesen de espaldas al pueblo. No se entiende la facilidad con la que se liberan a los delincuentes, pues todos los autores de los últimos delitos y que gracias al accionar de la policía fueron capturados y que registran un prontuariado que antes de ser liberados deben ser tomados en cuenta. Es sumamente necesario que se revisen las actuaciones de los jueces y fiscales sobre todo de aquellos quienes administran justicia en esta materia, a qué se debe esa permeabilidad de liberar a dichos delincuentes con amplio prontuariado delictivo, y de seguro que muchas otras personas están recluidos en los penales por delitos menores, y algunos con exceso de carcelería u olvidados. Quién entiende esta actitud?.