Es necesario modernizar el Estado, en cuanto a la infraestructura, para poder disputar en el ámbito internacional con nuestros más cercanos competidores; y además captar la atención de las principales potencias mundiales. Asimismo, debemos mejorar nuestra ubicación en el ranking internacional de competitividad, adoptando políticas de Estado que promuevan la inversión de capital privado; para ello, el gobierno debe otorgar en concesión proyectos o mega proyectos de interés nacional.
Cabe señalar que estas concesiones deben hacerse en el marco de la normatividad vigente, cumpliendo con todos los procedimientos establecidos; de tal manera que al final no resulten siendo un perjuicio para la nación y para el Estado. Algunos de los que ya existen, cuentan con beneficios tributarios, otros propiciaron el conflicto entre la población y las empresas concesionarias, alguna de las cuales gracias a la benevolencia de algunas autoridades lo único que buscan es beneficiarse y no cumplir con lo que está establecido en bien de la nación peruana. Probablemente, correspondería tomar en cuenta aquellos proyectos que colisionan o que podrían colisionar con la seguridad y la defensa nacional; es por ello que, respecto a temas que comprometen a la soberanía del Estado se debe tener mucho cuidado, tanto en los estudios como en las opiniones de los expertos y de las entidades que involucran a esta cuestión, debiendo ser de vital importancia para otorgar la buena pro. En tal sentido, no deben tomarse decisiones apresuradas o con suma facilidad. Al respecto, llama mucho la atención las recientes disposiciones del gobierno con los cuestionados Decretos de Urgencia 001 y 002 - 2011, donde de manera apresurada y en el corto tiempo que le queda pretende dar en concesión algunos proyectos, obviando incluso algunos requisitos que son indispensables, pues quizá desde el inicio debieron darle prioridad y no pretender hacerlo al final con una premura que por más que sea bien intencionada llama mucho la atención, ya que podrían estar plagados de actos de corrupción, hechos que no son nada nuevos en este gobierno. Dentro del paquete que fueron considerados en los Decretos de Urgencia 001 y 002 - 2011, existen dos proyectos que afectan directamente a la seguridad y defensa nacional: el Terminal Norte Multipropósito del Callao y el Proyecto Isla San Lorenzo – Isla El Frontón, para cuyo efecto se ha emitido la Resolución Suprema 034-2011, mediante la cual se levantaría la reserva para la defensa nacional de un área acuática ubicada en el interior de la rada del puerto del Callao, bajo el argumento de adecuar la ley al proceso de concesión del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales y al Terminal Norte Multipropósito, situación que afecta a la Base Naval del Callao. La dación de estas normas, deja la impresión que se estuviera adecuando todo para favorecer a determinados grupos y lograr los propósitos de concesionar los proyectos a toda costa y en el menor tiempo posible, sin tener en cuenta si estos afectan o no a la seguridad y defensa nacional.
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