Uno de los principales problemas que tendrá que solucionar el gobierno entrante será –sin duda– la situación que viene atravesando la Caja de Pensiones Militar - Policial, toda vez que este ente involucra a instituciones tutelares del Estado que tienen como responsabilidad la seguridad interna y externa del país. Descuidar dicho sector no solo pone en riesgo a las pensiones del personal policial y militar en situación de retiro; si no, también, provocaría una inestabilidad en el personal del servicio activo.
En el actual gobierno, así como en el anterior, no hubo capacidad de solucionar el grave problema de la Caja de Pensiones Militar - Policial, así como tampoco las remuneraciones del personal policial y militar en actividad; muy por el contrario, contribuyeron a la inestabilidad de este sector dejando de aportar lo que corresponde al Estado, incrementando –de esta manera– la deuda a la CPMP, y que a la fecha ascienda aproximadamente a 1,500 millones de Nuevos Soles, esto sin contar los intereses que se vienen generando.Si el gobierno de Alejandro Toledo hubiese destinado el dinero recuperado por los actos de corrupción de la década del ‘90, posiblemente el problema de la deuda a la CPMP se hubiese reducido considerablemente, debido a que esta institución fue la más afectada por los actos de corrupción.
El gobierno de Alan García, lejos de adoptar medidas que logren recuperar la capacidad de la CPMP y así esta pueda cumplir sus obligaciones con el personal policial y militar en situación de retiro, muy por el contrario, emitió el D.U. 013-2011, mediante el cual pretende apoderarse de los activos de esta institución, obligándola a otorgar en fideicomiso los patrimonios de ésta, para recibir a cambio la suma de 150 millones de Nuevos Soles. Si tenemos en cuenta que el Estado le adeuda 1,500 millones de Nuevos Soles, ¿cómo es que pretende solicitar en fideicomiso parte de los bienes de esta institución?; más aun, si lo que va entregar representa la décima parte de lo que adeuda.
Creemos que, lejos de dar solución, existe una orientación a desarticular todo el aparato de seguridad del Estado, ya que con esta actitud lo único que provoca es crear un desinterés e inestabilidad en los institutos castrenses. Hasta ahora no solo se está conforme con haberlos relegado, sino que pareciera que la intención va más allá: desarticularlos.
Frente a este tema tan complejo, ¿qué posición adoptarán los dos candidatos a la Presidencia?, considerando que se requieren medidas urgentes para no permitir el colapso. Estamos seguros que cada uno de los integrantes de las instituciones militares y policiales estará atento al pronunciamiento de cuáles serán las medidas a adoptar; pero –ojalá– que no sean como en años anteriores: solo promesas, que realmente nunca solucionaron largos años de postergación.
Adicionalmente a esta situación, los candidatos, también deberían plantear programas concretos que permitan en el más corto plazo posible –una repotenciación y modernización de todas estas instituciones, ya que es muy necesaria la mejora de la seguridad interna y externa de nuestro país. Ya es hora que quienes asumen la más alta responsabilidad, adopten las medidas más idóneas y asignen los presupuestos adecuados para así tener instituciones capaces de responder ante cualquier eventualidad o hecho que ponga en riesgo la seguridad de la nación en su conjunto.



