¡Cuidado con el Movadef!

La pretensión de la organización proterrorista Movadef para ser inscrita como organización política generó el rechazo –casi unánime– de la población que vivió y no debe olvidar la violencia generada por Sendero Luminoso en los ‘80 y ‘90, considerando que no es posible dar cabida en la política nacional a quienes generaron tanta destrucción y muerte, sumiéndonos, con ello, en el subdesarrollo y atraso. Se encuentra en manos de las autoridades del JNE la ratificación de este rechazo; debe pronunciarse con argumentos firmes en defensa de la democracia y no acceder a esta osada petición.


La obligación del Estado y del JNE no solo consiste en terminar con una negativa a la inscripción de esta organización; por el contrario, es el momento en el que se debe poner mayor énfasis en el accionar de quienes conforman el Movadef, porque fieles a las directivas y consignas de quien se supone está detrás de esta organización, no se van a quedar inertes. Jamás debemos olvidar que Abimael Guzmán, al ser capturado, dijo que ello tan solo era un recodo; y –evidentemente– hoy han diseñado otras estrategias para lograr sus objetivos, dado que no llegaron al poder mediante la violencia; hoy, aprovechan el estado democrático que vive nuestro país, para hacerlo, pero al negársele dicha posibilidad, es previsible que diseñen o adopten otras estrategias, porque no se van a quedar tranquilos.

¿Por qué no debemos perder de vista a estas personas? Ahora, son quienes azuzan los conflictos sociales. Cómo olvidar los hechos suscitados en el 2011 en Puno, donde en medio de las protestas y desmanes, un dirigente del Movadef llamó al levantamiento de los pueblos si el gobierno no accedía a sus pretensiones; otro hecho similar constituye la protesta en Cajamarca.

Tomando en cuenta estos dos sucesos, cuyos dirigentes hoy promueven una marcha en defensa del agua para los primeros días de febrero, no se puede descartar la infiltración por el Movadef, que generaría confrontaciones con las fuerzas del orden para generar caos y alteraciones públicas, incluso con pérdidas humanas, para luego acusar al gobierno de abusos de autoridad y de vulnerar los derechos humanos.