Simples promesas

Las Fuerzas Armadas y la Policía han dado muestras de compromiso con el país, tras la captura de Florindo Flores Hala, “camarada Artemio”, ya que pese a sus limitaciones siguen actuando sin desmayo, en aras de conseguir la pacificación nacional; sin embargo, el Gobierno transmite pocas muestras de cumplir con los compromisos asumidos desde la campaña electoral. Nos referimos a las mejoras salariales, pues prácticamente ya pasaron ocho meses desde que asumió el poder, y siendo un tema conocido para el presidente de la República, el premier y asesores del Ejecutivo, ya que ellos fueron parte en la elaboración de dicho paquete de promesas; entonces, nos imaginamos que coexistieron con la problemática.

La postergación salarial proviene de varios gobiernos atrás, ¿qué se ha avanzado al respecto? Poco o nada por darle solución; además, como antecedente tenemos el Decreto Supremo 213, emitido a finales del primer gobierno aprista. Ningún gobierno que asumió la presidencia posteriormente, ni aun el ex presidente Alan García en su segundo gobierno, ha podido dar cumplimiento a esta norma, Muy por el contrario, se pretendió eliminarla.
Ante la elección de Ollanta Humala, como presidente, los miembros de las FFAA y la PNP recobraron las esperanzas de lograr su tan anhelada nivelación de sueldos y, por ende, se haría justicia. Pero, hasta hoy sigue siendo una utopía.
Los ánimos se están avivando al interior de los institutos armados. Esto debido a que en abril se vence el plazo de la bonificación que les otorgó el gobierno aprista, con el que se pudo calmar los reclamos y los llamados a una huelga policial. ¿Qué pasará cuando dejen de percibir esta bonificación? Al igual que el año pasado, los retirados ya iniciaron sus protestas y quién sabe. Esto podría ser el inicio para que otros sectores promuevan hechos que menoscaben la imagen de nuestro país.

Los conflictos sociales y sus consecuencias

Uno de los principales conflictos sociales que enfrenta este Gobierno es el tema de la actividad minera. La raíz del problema es la existencia de dos grupos: uno, de tendencia izquierdista, que niega y obstaculiza la actividad minera en sectores como Cajamarca; mientras que el otro está conformado por quienes promueven esta actividad y están focalizados en diversas zonas como Madre de Dios, Puno, Ica, Ayacucho, Apurímac, La Libertad, entre otros. Es evidente que existe una gran diferencia entre ambos: mientras uno realiza dicha actividad rechazando la minería formal que se ajusta a las normas y cumple con el pago de sus tributos; el otro fomenta la actividad minera informal no sujeta a las normas, ni paga tributos y contamina el medio ambiente.
Surge una gran interrogante: ¿dónde están los ambientalistas? Las célebres ONG, que –según ellos– protegen al medio ambiente, y son los que se pronuncian y apoyan solo a los que están en contra de la minería formal y por qué no hacen lo mismo contra los que promueven la minería ilegal.
Hasta hoy no se han pronunciado las ONG, ni el presidente regional de Cajamarca, ni el dirigente Wilfredo Saavedra, principales opositores de la minería y promotores de las protestas en Cajamarca, tampoco el expárroco Marco Arana, los dirigentes de Aidesep, de Conacami.
Estos dos sectores tienen algo en común, ambos recurren a diferentes acciones de protestas e incluso a la violencia, agresiones que llevaron a resultados como la muerte de algunos participantes. Estos hechos no solo alteran el orden público y la seguridad de las personas, si no que atentan contra la economía nacional, ya que frustran los negocios e impiden y ahuyentan la inversión privada.

El sicariato en el Perú

Hasta hace pocos años, el gran problema de nuestro país -en cuanto al tema de seguridad- era lo relacionado netamente al terrorismo y al narcotráfico; pero, debemos tener presente que este último fenómeno no es un problema local o interno, muy por el contrario, es un tema internacional que abarca a muchos países, ya sea como consumidores o promotores de estos hechos.
Entonces, al mismo estilo que México o Colombia en su mejor auge del narcotráfico, aparecieron en nuestro país los sicarios, que no son otra cosa que personas a sueldo dedicadas a cometer ilícitos penales, principalmente asesinatos, que comúnmente son llamados “ajustes de cuentas”.
Últimamente, hemos sido testigos de varios hechos bajo esta modalidad: el ex alcalde en Barranca, la dueña de una institución educativa en Los Olivos, un mecánico en Pueblo Libre, una balacera en el Callao que no cobró vidas, pero sí dejo heridos a dos personas y así, una serie de hechos que están sobrepasando los estándares de delitos a los que ya estábamos acostumbrados. A estos hechos, se suma el uso indiscriminado de armas de fuego por los delincuentes para cometer diversos delitos.
Preocupante situación la que nos está tocando vivir, con un avance vertiginoso de la delincuencia y, de otro lado, la inercia de nuestras autoridades por encontrar soluciones integrales a estos hechos; muy por el contrario, se están enfrascando en temas mediáticos que -más allá de dar solución- podrían crear problemas como el “servicio policial voluntario”; muy por el contrario, necesitamos personal policial con mayor preparación, bien equipado y con capacidad para responder y frenar el avance de la delincuencia, y no personas con nula o escasa preparación y, peor aún, que sirvan solo por un corto plazo y sin ninguna responsabilidad por sus actos.

Decisiones apresuradas

El tema de seguridad ha tomado gran notoriedad; principalmente, porque se ha incrementado el índice de criminalidad, y esto provoca en la ciudadanía un sentimiento de inseguridad general. Estos sucesos llevaron al gobierno a adoptar medidas para garantizar un clima de paz y tranquilidad en la población.
Sin embargo, existen medidas cuestionables. La semana pasada, mediante un decreto supremo, se creó el Servicio Voluntario Policial, por el cual se enrolarán a jóvenes, quienes serán preparados por tres meses para apoyar en las funciones de la policía por nueve meses.
Desde una perspectiva crítica, debemos considerar que este proyecto no ayudaría a solucionar los problemas de seguridad. Al contrario, los agravaría, pues en las calles tendremos a jóvenes sin la debida preparación y sin la experiencia del caso, y son diversos factores que se deberían tomar en cuenta; deja la impresión que se pretendería militarizar a la policía.
No es lo mismo captar jóvenes para que realicen el servicio militar, que convocar a aquellos que deseen para realizar el “servicio policial”; ya que a los primeros se les prepara para defender a la Patria; por el otro, lo que propone esta norma es contar con jóvenes que luego de escasos tres meses de preparación asuman parte de las funciones policiales.
La interrogante es ¿quién asumirá los errores, faltas, excesos y hasta delitos que pudieran cometerse? Es que acaso esto ayudará a la policía, o al contrario, la debilitará; pues las críticas serán para la institución y no a título personal.
En vez de decisiones apresuradas, el gobierno debería adoptar políticas que permitan reestructurar la PNP, brindándoles salarios justos y recursos logísticos.

Despropósitos políticos

La captura de “Artemio” constituye un hecho de gran trascendencia. Como es lógico, el reconocimiento se le atribuye al actual gobierno, pero -valgan verdades- esta captura es el resultado del paciente y dedicado trabajo de inteligencia emprendido por la policía hace varios años. Por cosas del destino, tuvo sus frutos en este periodo. Y si analizamos el contexto que abarca tanto la lucha contra el terrorismo como la delincuencia nos daremos cuenta de que en realidad existen hechos y decisiones que se contraponen.
Mientras el presidente Humala se esfuerza por dar declaraciones respecto de sus decisiones para combatir el terrorismo, la delincuencia y la corrupción, algunos integrantes de la bancada oficialista actúan de forma contraria, se convierten en un freno que impide tomar el rumbo hacia un mismo objetivo.
Si el compromiso con el pueblo fue la lucha frontal contra la corrupción, esto implica que nadie estaría exento de ello, ni partidarios, ni allegados; de lo contrario, los ofrecimientos y compromisos solo serían palabras que se lleva el viento y quedan para el recuerdo, como algo anecdótico.
La mayoría de los ciudadanos no entendemos cómo pretenden contar con la asesoría de la dirigente cocalera Nancy Obregón en seguridad ciudadana en el Congreso. Es una persona que dio muestras de intolerancia y denunciada por posibles vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. ¿No existen otros expertos en estos temas?
En definitiva, el Congreso necesita y debe contar con profesionales expertos en materia de seguridad interna y externa, porque se requiere, con suma urgencia, mejorar la capacidad de reacción tanto de las FF AA como de la PNP. Y no hay visos de solución en temas como remuneraciones, mejoras logísticas y equipamiento. ¡No más despropósitos políticos!