Los conflictos sociales y sus consecuencias

Uno de los principales conflictos sociales que enfrenta este Gobierno es el tema de la actividad minera. La raíz del problema es la existencia de dos grupos: uno, de tendencia izquierdista, que niega y obstaculiza la actividad minera en sectores como Cajamarca; mientras que el otro está conformado por quienes promueven esta actividad y están focalizados en diversas zonas como Madre de Dios, Puno, Ica, Ayacucho, Apurímac, La Libertad, entre otros. Es evidente que existe una gran diferencia entre ambos: mientras uno realiza dicha actividad rechazando la minería formal que se ajusta a las normas y cumple con el pago de sus tributos; el otro fomenta la actividad minera informal no sujeta a las normas, ni paga tributos y contamina el medio ambiente.
Surge una gran interrogante: ¿dónde están los ambientalistas? Las célebres ONG, que –según ellos– protegen al medio ambiente, y son los que se pronuncian y apoyan solo a los que están en contra de la minería formal y por qué no hacen lo mismo contra los que promueven la minería ilegal.
Hasta hoy no se han pronunciado las ONG, ni el presidente regional de Cajamarca, ni el dirigente Wilfredo Saavedra, principales opositores de la minería y promotores de las protestas en Cajamarca, tampoco el expárroco Marco Arana, los dirigentes de Aidesep, de Conacami.
Estos dos sectores tienen algo en común, ambos recurren a diferentes acciones de protestas e incluso a la violencia, agresiones que llevaron a resultados como la muerte de algunos participantes. Estos hechos no solo alteran el orden público y la seguridad de las personas, si no que atentan contra la economía nacional, ya que frustran los negocios e impiden y ahuyentan la inversión privada.