Estado, gobierno y seguridad ciudadana

El presidente Constitucional de la República, en recientes declaraciones ha manifestado que la seguridad ciudadana no es política de estado, toda vez que en dicho tema quienes tienen directa responsabilidad son los alcaldes y autoridades locales.

Parece que el mandatario trata de deslindar su responsabilidad, trasladándola a otras autoridades, obviando el mandato constitucional y legal; no olvidemos que al iniciar su gestión se comprometió a presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué el cambio de opinión? Suponemos que adopta la actual posición debido a que a pesar de los esfuerzos realizados para controlar la inseguridad ciudadana no se han logrado resultados positivos que le aporten réditos políticos; muy por el contrario, este tema es uno de los puntos flacos del actual gobierno que viene afectando el nivel de aprobación presidencial.

La seguridad ciudadana es un tema de vital importancia en la vida cotidiana y para el desarrollo del país, en un ambiente de inseguridad se ven afectados todos los aspectos que componen el ansiado desarrollo, principalmente en los aspectos económico y social; es por ello que este tema es entera responsabilidad del Estado y del Gobierno, guste o no.

En conclusión, la institución encargada de brindar la seguridad ciudadana no es otra que la Policía Nacional. Más allá de deslindar responsabilidades es hora de preocuparse de diseñar políticas a largo plazo respecto a este tema y dotar de los medios logísticos y legales a los miembros de la PNP para que de una manera coordinada, junto con el Ministerio Público y el Poder Judicial enfrenten este álgido problema.

Operaciones “impecables”

Haciendo memoria, recordemos la famosa “Operación Libertad”, la misma que fue calificada como impecable por el presidente de la República, luego resultó siendo un fracaso, con hechos muy lamentables, como la muerte de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ello propició la renuncia de los ministros de Defensa e Interior.

Hoy, autoridades del Gobierno, así como congresistas del oficialismo, vuelven a calificar de impecable a la operación realizada en la zona de Santo Domingo, donde resultó muerta una menor de ocho años, suceso que no fue considerado en el comunicado emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cuando dieron cuenta de lo acontecido.

Es comprensible que los parlamentarios de las filas del nacionalismo tengan el deber de defender y apoyar a los funcionarios del Gobierno, nos referimos a los ministros de Defensa e Interior, pero es necesario que sean más mesurados y no asuman defensas que lejos de calmar a sus opositores los provocan para hurgar en los errores y resaltarlos, desacreditando a las autoridades.

Una operación militar o policial en la zona del Vraem es difícil y complicada, pues las propias circunstancias de cómo se produce una intervención podrían traer consecuencias similares a los hechos ocurridos el 08 de setiembre. Lo grave y cuestionable -sin duda- es la actitud de las autoridades del comando conjunto al emitir comunicados apresurados, sin contar con la información certera de cómo se suscitaron los hechos. Esta actitud, propia de quienes buscan protagonismo, indujo en error a la ministra de la Mujer y a la esposa del presidente de la República, esta última muy conocida por su afán protagónico.

Apaguemos el sendero luminoso

La semana pasada se logró un duro golpe a las huestes de Sendero Luminoso; después de muchos años, las fuerzas del orden incursionaron en el campamento de esta organización terrorista y abatió a uno de sus principales mandos, como fue informado por los ministros de Defensa e Interior. No solo aquello sucedió, posteriormente se rescató a menores de edad que permanecían cautivos, a merced de estos delincuentes.

Tal como ocurrió en la zona de San Martín de Pangoa, fue la Policía Nacional la que proporcionó la inteligencia y el diseño de las operaciones, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas para las acciones de incursión; esto nos demuestra que sí se puede trabajar en equipo. El ministro de Defensa quiso acaparar toda la atención en una apresurada conferencia de prensa.

Tras el anuncio de la caída del Camarada William, se generó una serie de controversias respecto a la verdadera identidad de este sujeto. Inicialmente, se mencionó que sería Rolando Cabezas Figueroa, ahora se dice que responde al nombre de Víctor Hugo Castro Ramírez; inclusive algunos expertos opinan que el abatido no sería un alto mando de Sendero. Por otro lado, para anunciar la captura de dos mujeres y el rescate de tres niños, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tan solo emitió un comunicado; nos preguntamos: ¿estos hechos no revisten mayor importancia o, simplemente, no quieren volverse a equivocar?

En el colmo de la desfachatez, un grupo perteneciente a la organización terrorista Sendero Luminoso –algunos en prisión, otros en libertad gracias a una serie de beneficios y estrategias legales– pretenden que sean tratados como a los integrantes de las FARC. Solo podríamos decir que las acciones que tome un gobierno en un país, respecto al tema de seguridad, no implica que deba ser vinculante para el nuestro, menos intentar convertirlas en un derecho para los terroristas. Lo que deberíamos exigir, como sociedad, es el cumplimiento del pago de la reparación civil que adeudan al Estado.

El valor de las promesas

El Gobierno ha entrado en serias contradicciones tanto en el discurso como en la acción. Primero, por el incumplimiento de las promesas electorales; cuando eran opositores, criticaban al gobierno pasado –precisamente- por no cumplir los ofrecimientos. Segundo, el presidente de la República ha señalado que un año no es suficiente para resolver los complejos problemas del Perú, pero sabemos que hay temas que no requieren mayor tiempo: la lucha contra la corrupción; sin embargo, no se ve avance.

La ciudadanía conoce que antes de asumir el Gobierno, el hermano del presidente hacía ofrecimientos de negocios en Rusia, lo que constituyó en el primer escándalo; el gobernante tardó en pronunciarse; ahora, cuando se han hecho públicas las contrataciones con el Estado por empresas vinculadas a él, sucede lo mismo.

El ministro de Defensa viajó a Rusia, esperamos que no sea por recomendación del señor Alexis Humala.

Por otro lado, se tiene conocimiento que uno de los principales financistas de la campaña estaría siendo beneficiado con un jugoso negocio: la venta de computadores portátiles para reponer las que se perdieron en el incendio en uno de los almacenes del Minedu; de ser cierto esto, ¿es la forma de devolver el favor de campaña?

Otro hecho que causó polémica es el viaje de la esposa del presidente a Brasil usando el avión de la FAP destinado al servicio presidencial. Tanto los ministros como la vicepresidenta ensayaron justificaciones que tal vez puedan ser razonables, pero el tema central radica en el hecho de que en la gestión pasada este acontecimiento hubiese sido un escándalo mayúsculo.