Necesaria revisión del Código Procesal Penal (PUBLICADO EL 27 DE AGOSTO DEL 2011)

La reciente decisión del Presidente de la República en materia de seguridad ciudadana debería ir de la mano con normas que ratifiquen o avalen dichas medidas; de lo contrario, se estarían convirtiendo en acciones informales que no estarían sujetas a la normatividad; y –de ser así– no garantizarían nada y, por lo tanto, serían medidas para salir del paso que no responderían a políticas que deben ser permanentes y garantizar una continuidad y sostenibilidad a través del tiempo. En tal sentido, lo primero que se debió de hacer es la dación de una norma que establezca la nueva estructura del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, respecto a la presidencia de dicho organismo que, hasta ahora, legalmente le corresponde al ministro del Interior.
Con el accionar policial ya en incremento, se están interviniendo a más personas involucradas en diversos delitos, los mismos que son puestos a disposición del Ministerio Público y el Poder Judicial. El primero por ser el titular de la acción penal y el segundo por ser el encargado de sancionar en caso de comprobarse la comisión de un delito.
En este tipo de procedimientos, se dan ciertos vacíos: primero, la Policía Nacional, con el nuevo Código Procesal Penal, se ve limitada para realizar investigaciones, peor aún, ahora ya no puede calificar los delitos de los presuntos autores; lo que conlleva a que los fiscales cometan errores, intencionales o no, en la formulación de las acusaciones. Tomemos como muestra el caso de la niña Romina, en donde el juez devolvió el expediente por fallas del Ministerio Público, mientras tanto el beneficiado es el delincuente, quien podría salir en libertad.
Al respecto, estas normas deben ser revisadas y perfeccionadas en un sentido donde la más favorecida sea la sociedad y no alguna institución en particular. Hay que dejar de lado ciertos protagonismos personales o institucionales para dar paso a normas que beneficien a todos en conjunto y que las instituciones trabajen en forma coordinada con el solo objetivo de luchar contra la delincuencia.
A la Policía Nacional se le podría encomendar la tarea de investigar los delitos, lógicamente con la participación y control del Ministerio Público, y ésta –a su vez– sirva para la formalización de las denuncias penales, evitando de esta manera lo que hoy se realiza: diligencias preliminares realizadas por la policía, muchas de las cuales son dejadas de lado por las fiscalías para nuevamente realizarlas, dilatando el tiempo y –por ende– beneficiando al delincuente.
Desde la más alta autoridad hasta el ciudadano común y corriente, debemos acostumbrarnos a respetar las leyes; en particular por aquellas personas que alguna vez ocuparon cargos importantes como los de ministro y viceministro del Interior, y por eso sorprende que un ex viceministro salga ahora a cuestionar el accionar policial, sino ¿Cómo explican la devolución de gran cantidad del presupuesto asignado a este sector, cuando existe sensible carencia?

Sociedad y seguridad

Hoy en día, uno de los principales problemas que aqueja a la ciudadanía es –sin duda– la inseguridad; la misma que se acentúa principalmente en ciudades que vienen evidenciando un crecimiento económico. El problema no es de ahora ni de ayer, esto surge como consecuencia de múltiples situaciones que, en su momento, no fueron tomadas en cuenta a fin de aplacarlas y evitar situaciones como la que vivimos actualmente; son sucesos que muchos nos atrevemos a comentar con sumo facilismo, buscando culpables, señalando a quienes –si bien es cierto– tienen cierta responsabilidad, como es el caso de la Policía, por ejemplo, a quienes reprochamos por no cumplir a cabalidad sus funciones, además de tildarlos de corruptos y otros calificativos que de seguro existen. Pero, a todos no los podemos calificar por igual, creemos que sí existen muy buenos profesionales en dicha institución.

La voluntad del gobierno por solucionar este problema debe radicar en corregir todo lo que se dejó de hacer en los últimos años en materia de seguridad, lo que permitió el crecimiento de la ola delincuencial.
En cuanto a la policía, es bueno recordar que si bien se superaron las diferencias existentes entre las tres ex instituciones (GC, GRP y PIP), nunca se debieron dejar de lado las especialidades y la preparación de sus componentes. Aunado a este problema, hemos tenido la más absoluta falta de voluntad en equiparlos y dotarlos de lo más elemental para que puedan cumplir con sus funciones, amén de los bajos sueldos.
Si a esto le sumamos el factor social, la falta de oportunidades para conseguir un empleo, las secuelas de la violencia del terrorismo, la falta de educación de los niños y jóvenes para superarse y llegar a ser profesionales, aun así aquellos que llegaron a este nivel no pueden conseguir un empleo digno; el problema se vuelve más crítico.
De lo expuesto, podemos deducir que el tema de la inseguridad no solo es responsabilidad de la policía; sino es tarea de todos los ciudadanos. Si bien es cierto, la policía pasa por problemas de corrupción ¿dónde nace este hecho? Estamos seguros que existen muchos casos relacionados a malos actos dentro de la propia institución; sin embargo, el propio ciudadano común y corriente es el que infringe las normas, por distintas razones, hasta por desconocimiento.
Pero esto no exime de responsabilidades, para ello se necesita de dos actores, el que infringe y el que constata, el que soborna y aquel que recibe. En tales circunstancias, ambos son responsables; entonces, cuántos corruptos existen en la calle, quizá en algún momento alguien podrá realizar una encuesta para saber con qué frecuencia infringe una persona las normas, para luego recurrir a actos deshonestos.
Finalmente, el gran problema que existe es la crisis de valores, principios y la pésima educación en nuestra sociedad. Creemos que todo esto cambiaría siempre y cuando nos respetemos los unos a los otros; para ello, debemos cumplir las normas establecidas en el ordenamiento jurídico y denunciando los actos de corrupción en todas las esferas del Estado.

Del discurso a la acción

El discurso pronunciado por el Presidente de la República durante la ceremonia de celebración del 80° aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú es reconfortante y alentador en lo que respecta a la defensa de nuestro territorio. Nunca jamás debemos permitir la invasión extranjera a nuestro país; pero no solo se debe evitar la invasión, sino que no se debe permitir ningún tipo de agresión, ni siquiera el intento, bajo ninguna circunstancia.
Si la intención del Presidente es como lo manifestó, no entendemos por qué no se actuó frente al ingreso de una tripulación chilena que sobrevoló la Base Aérea de La Joya; si bien es cierto, el helicóptero pertenece a una empresa privada, sin embargo los pilotos son militares en situación de retiro.
Surge la interrogante: ¿qué pasaría si lo mismo ocurriera en Chile?, de seguro que los pilotos en estos momentos estarían en prisión y las principales autoridades de ese país estarían realizando protestas exigiendo explicaciones. Otro hecho que llamó la atención es el ingreso –por segunda vez– de militares bolivianos a territorio peruano, según denuncias realizadas por pobladores de Madre de Dios, donde incluso se atrevieron a detener a personas. Al respecto, tampoco no se hizo nada; de seguro que el Presidente Boliviano no se quedaría callado si la situación fuera a la inversa.
Es evidente que durante los últimos gobiernos, las Fuerzas Armadas fueron dejadas de lado; no se les permitió modernizarse, incluso se afectó la preparación que sus integrantes deberían tener para cumplir con los fines atribuidos en la Constitución, la razón de ser cualquier cuerpo castrense.
Si bien es cierto que al respecto existe voluntad por parte del gobierno, para repotenciarlas y modernizarlas, lo contradictorio es que –además– se les está asignando otras funciones ajenas a su razón de ser; creemos que está bien que como parte de su entrenamiento y preparación realicen acciones cívicas como una forma de acercamiento a la población, pero hasta ahí, por lo menos hasta cuando recuperen su capacidad disuasiva, hasta que estén al nivel de otras Fuerzas Armadas del hemisferio.
Existiendo vulnerabilidades como las que mencionamos y sobre las cuales deben estar abocadas nuestras Fuerzas Armadas, ahora se pretende darles otras funciones, descuidando su rol esencial. Ojalá que las decisiones que se vienen adoptando no tengan un trasfondo de protagonismo o, simplemente, porque el Presidente de la República proviene de estas canteras.
Cada institución se debe dedicar a cumplir con sus tareas, por ejemplo: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se debe dedicar a la rehabilitación, construcción y mantenimiento de carreteras; la Policía Nacional, a la lucha contra el tráfico de drogas, terrorismo, delincuencia, y en general de todas las amenazas internas; etc. ¿Cuánto de presupuesto se les asignó hasta ahora para poder combatir al terrorismo en el VRAE? y ¿cuáles fueron los resultados? ¡Del discurso a la acción!