Necesaria revisión del Código Procesal Penal (PUBLICADO EL 27 DE AGOSTO DEL 2011)

La reciente decisión del Presidente de la República en materia de seguridad ciudadana debería ir de la mano con normas que ratifiquen o avalen dichas medidas; de lo contrario, se estarían convirtiendo en acciones informales que no estarían sujetas a la normatividad; y –de ser así– no garantizarían nada y, por lo tanto, serían medidas para salir del paso que no responderían a políticas que deben ser permanentes y garantizar una continuidad y sostenibilidad a través del tiempo. En tal sentido, lo primero que se debió de hacer es la dación de una norma que establezca la nueva estructura del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, respecto a la presidencia de dicho organismo que, hasta ahora, legalmente le corresponde al ministro del Interior.
Con el accionar policial ya en incremento, se están interviniendo a más personas involucradas en diversos delitos, los mismos que son puestos a disposición del Ministerio Público y el Poder Judicial. El primero por ser el titular de la acción penal y el segundo por ser el encargado de sancionar en caso de comprobarse la comisión de un delito.
En este tipo de procedimientos, se dan ciertos vacíos: primero, la Policía Nacional, con el nuevo Código Procesal Penal, se ve limitada para realizar investigaciones, peor aún, ahora ya no puede calificar los delitos de los presuntos autores; lo que conlleva a que los fiscales cometan errores, intencionales o no, en la formulación de las acusaciones. Tomemos como muestra el caso de la niña Romina, en donde el juez devolvió el expediente por fallas del Ministerio Público, mientras tanto el beneficiado es el delincuente, quien podría salir en libertad.
Al respecto, estas normas deben ser revisadas y perfeccionadas en un sentido donde la más favorecida sea la sociedad y no alguna institución en particular. Hay que dejar de lado ciertos protagonismos personales o institucionales para dar paso a normas que beneficien a todos en conjunto y que las instituciones trabajen en forma coordinada con el solo objetivo de luchar contra la delincuencia.
A la Policía Nacional se le podría encomendar la tarea de investigar los delitos, lógicamente con la participación y control del Ministerio Público, y ésta –a su vez– sirva para la formalización de las denuncias penales, evitando de esta manera lo que hoy se realiza: diligencias preliminares realizadas por la policía, muchas de las cuales son dejadas de lado por las fiscalías para nuevamente realizarlas, dilatando el tiempo y –por ende– beneficiando al delincuente.
Desde la más alta autoridad hasta el ciudadano común y corriente, debemos acostumbrarnos a respetar las leyes; en particular por aquellas personas que alguna vez ocuparon cargos importantes como los de ministro y viceministro del Interior, y por eso sorprende que un ex viceministro salga ahora a cuestionar el accionar policial, sino ¿Cómo explican la devolución de gran cantidad del presupuesto asignado a este sector, cuando existe sensible carencia?