¿Reforma policial?

La decisión del Gobierno, de pasar a la situación retiro a 30 generales de la Policía Nacional, ha llamado profundamente la atención. Días previos a esta medida se efectuó la segunda reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana, en el cual se dispuso que -en un plazo de 60 días- se evaluara el desempeño de los oficiales generales de la Policía Nacional. Debemos precisar que antes que culminara dicho plazo el ministro del Interior anunció su término. Se suponía que pasarían al retiro todos aquellos que no venían cumpliendo con las expectativas del gobierno o -en todo caso- aquellos que se encontraban vinculados a actos de corrupción.
Posteriormente al pase al retiro, el titular del Interior dijo que esta medida no responde necesariamente a esta situación, sino a la necesidad de nombrar a un general de menor antigüedad como director general de la Policía Nacional y, por ende, todos aquellos que tenían más años de antigüedad pasaban al retiro, en cumplimiento de la ley.
Podría dejarnos la impresión de que el pase al retiro de estos 30 generales es una medida correctiva frente a su responsabilidad (o irresponsabilidad) por el estado situacional al que se ha llegado. Esto no es así, ya que este fenómeno obedece a muchos factores: político, económico, social, cultural; y para enfrentarlo se requiere del concurso multisectorial y de la participación ciudadana.
Una reforma de esta naturaleza debe responder a estudios exhaustivamente elaborados y no a criterios personales o decisiones apresuradas, tal como hizo referencia el ministro del Interior, que la policía no tiene una estructura piramidal, esto se debe al exceso de oficiales en determinados grados intermedios, pero esto no se podrá corregir en corto plazo y menos con criterios que no responden a estudios y normas establecidas.
Se ha anunciado que solo quedarán 20 generales, 300 coroneles y 900 comandantes. ¿Es ese el número de oficiales que se requiere en la Policía Nacional para que puedan dirigir las diversas unidades a nivel nacional? No olvidemos que la policía tiene un efectivo mayor a los cien mil. Entonces, ¿qué pasará en el futuro? ¿Los nuevos jefes de comisarías y unidades serán los suboficiales o quienes comandarán esta institución?
Si hacemos una comparación con el Ejército, cuya población se aproxima a los 20 mil efectivos, diríamos que en dicha institución no deberían existir más de 10 generales y entre 100 a 400 coroneles, sobre todo si se toma en cuenta que ellos únicamente se encuentran en determinadas zonas del país, a diferencia de la policía, cuyas dependencias están hasta en las zonas más recónditas de nuestro territorio a nivel nacional.
Posiblemente, la intención sea desplazar a la Policía Nacional, pues paralelamente se vienen proponiendo proyectos como la policía voluntaria y la policía rural. Nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo? ¿Crear instituciones paralelas y destruir la existente? Nos resistimos a creer que la Policía Nacional sea considerada como una institución “incómoda” para las intenciones del actual gobierno y por ello hay que descabezarla.

La seguridad y las instituciones

En nuestro país la violencia interna generada por el terrorismo, principalmente desarrollada en las décadas de los 80 y 90, generó una serie de consecuencias como: incremento de la delincuencia, pandillaje, incremento del tráfico ilícito de drogas, trata de personas, entre otros. Estos se generaron y desarrollaron porque las instituciones, principalmente la policía, descuidaron estos aspectos por abocarse a la lucha contra el terrorismo, a brindar seguridad a personalidades, instalaciones públicas y privadas que fueron blancos potenciales de estos criminales. Entonces, el rol principal pasó a un segundo plano.
Debemos recordar que la Policía Nacional no se dio abasto para enfrentar el terrorismo, es por ello que las Fuerzas Armadas acudieron en su apoyo, sobre todo en las zonas declaradas en emergencia, para poder tomar el control y de esta manera controlar e impedir el avance de la ola delincuencial y criminal que avanzaba sin piedad, arrasando todo aquello que les era un obstáculo para conseguir sus objetivos: la toma del poder.
La fuerza policial se concentró en las ciudades, en la lucha contra el terrorismo, dejando de lado -en gran medida- la lucha contra la delincuencia y desguarneciendo a la población. Es allí donde nacen organizaciones criminales dedicadas al secuestro, al asalto a mano armada, creando inseguridad en la ciudadanía, obstaculizando el logro del desarrollo del país, sobre todo en el sector económico. Frente a esta problemática se crean los cuerpos de “serenazgo” para cubrir la deficiente labor de la policía en ese entonces.
Actualmente, tenemos instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el serenazgo desarrollándose, sobresaliendo cada uno por su cuenta y pretendiendo así obtener mayor protagonismo en determinados hechos o acontecimientos, sin tener presente que uno puede ser complemento del otro, porque el objetivo es lograr el bienestar y la paz social de la ciudadanía.
Hoy surgen propuestas para que el orden interno, que es competencia de la policía, sea asumido por el serenazgo, con su consiguiente protagonismo, sin tomar en cuenta los fines para los que fue creado. Observamos a diario la detención e intervención de personas, alterando –en algunos casos- la escena del crimen por su desmedida participación, esta situación dificulta las investigaciones que se deben hacer con la seriedad del caso.
Por otro lado, las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia pretenden intervenir no solo en casos de terrorismo, sino también en el tráfico ilícito de drogas, tala ilegal y trata de personas. Esto constituye un grave error, pues va más allá de sus funciones y atribuciones. Los miembros de las Fuerzas Armadas no están preparados en los temas antes señalados, descuidando su función y no abocándose a la seguridad nacional, la integridad territorial y garantizar los intereses de la Nación.

El rol de las FFAA en el Perú

 

A raíz del cobarde atentado contra la hija del congresista Renzo Reggiardo, se puso en tela de juicio el problema de la inseguridad ciudadana. Esto conllevó a la creación de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, en el cual propusieron algunas posibles soluciones al tema; en este contexto, uno de los planteamientos del congresista en mención fue que se declaren en estado de emergencia las zonas con mayor incidencia delictiva para que –de esta manera– intervengan las Fuerzas Armadas para reducir el incremento delincuencial.

¿Son convenientes los planteamientos realizados por el legislador Reggiardo? Pero ¿cuál sería la función que cumplirían las fuerzas armadas? Quizás, solo el patrullaje, ya que no tienen atribuciones para detener a las personas, menos para investigar, puesto que dicha atribución, de acuerdo con las normas, le corresponde a la Policía Nacional. En resumen, lo primordial es garantizar la capacidad que deben tener estas instituciones y cumplir los fines para los que fueron creados.

Debemos destacar que el fortalecimiento de la democracia durante las últimas décadas, a nivel mundial y sobre todo en esta parte del continente, sirvió tanto para fortalecer los gobiernos nacionales, como para mejorar las relaciones entre los países, con la subsecuente superación de las diferencias o conflictos a través del diálogo, acuerdos y tratados para una menor posibilidad del uso de la fuerza para solucionar los problemas.

La tendencia de las Fuerzas Armadas en la mayoría de países, sobre todo nuestros vecinos, tienden a ser disuasivas, por tener la capacidad de respuesta para defender no solo lo tradicional, nos referimos a la integridad territorial, la seguridad nacional; sino también, sus intereses económicos, porque conceptúan que de ello depende el desarrollo y superación de su país y –en consecuencia– deben defenderlo ya sea a nivel interno o externo.

En el caso nuestro, se requiere utilizar a las FFAA en diferentes campos, como en la lucha contra la criminalidad, la defensa civil, reconstrucción de zonas destruidas por los desastres naturales, sin tomar en cuenta que participan en la lucha contra el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas en las zonas de emergencia del Huallaga y el VRAE.

Como vemos, ya se vienen ocupando en tareas que bien podrían realizarlos otros entes, para luego dar paso a una real preparación en sus campos de responsabilidad y evitar hechos como la invasión al territorio peruano, como es el caso del helicóptero chileno que sobrevoló hasta la Base Aérea de La Joya, éste debió ser controlado desde el momento en que ingresó al país hasta su destino final, sin permitir ninguna posibilidad de desviación o supuesta pérdida de ruta.

En conclusión, mientras se pretende mantener ocupadas –a nuestras Fuerzas Armadas– en asuntos internos que deberían ser asumidos por aquellas instituciones quienes fueron creados para dicho fin, desatenderemos nuestra seguridad, convirtiéndonos en vulnerables frente a cualquier agresión.