Las pretensiones de quienes conforman la organización proterrorista denominada Movadef han puesto –nuevamente- en el tapete lo relacionado a la defensa de la paz, tranquilidad y el desarrollo de nuestro país. Resulta imposible entender que quienes generaron el terror como parte de su demencial aspiración de tomar el poder por medio de la violencia hoy se presenten como si nada hubiera pasado, como si no hubiesen causado daño alguno a nuestro país, bajo el argumento de que vivimos en un estado democrático.
Probablemente esta nueva faceta sea una artimaña más de este grupo que causó tanto terror para poder lograr sus aspiraciones: el de liberar a su líder, bajo el argumento de la reconciliación nacional. Quienes hemos vivido esas oscuras épocas de terror, no podemos ni debemos permitir que pretendan participar en el sistema democrático que nos ha permitido alcanzar un desarrollo importante, iniciado desde el momento en que logramos derrocar a gran parte del terrorismo. El actual gobierno ha tomado una buena iniciativa, presentando un proyecto de ley donde se contempla que a todos aquellos que causaron hechos de zozobra y violencia no se les permita participar en la vida política del país, de esta manera, no podrán utilizar la democracia para el logro de sus aspiraciones subalternas.
Empero, no solo es tarea del Gobierno, la prensa tiene un rol muy importante: el de hacer conocer a todos aquellos que no vivieron la violencia generada por el terrorismo. Todos los que hemos vivido esa época violenta tenemos la obligación de testimoniar lo ocurrido y no permitir que engañen a los jóvenes que hoy conforman y apoyan al autodenominado Movadef.
Este es un espacio donde se expondrán las ideas del autor o "Blogger", las mismas que pueden ser comentadas o criticadas por todos aquellos que tengan interés en los temas tratados.
jueves, 26 de enero de 2012
miércoles, 18 de enero de 2012
¿(I)Legítima defensa?
Hoy, el incremento de la delincuencia, sumado a la peligrosidad que muestran los delincuentes durante la comisión de sus actos delictivos, ha motivado a un gran sector de la población a considerar y adoptar algunas medidas que le permitan repeler cualquier agresión a la integridad personal o patrimonial, contra sujetos al margen de la ley que actúan a la vista y paciencia, e incluso con la complicidad de algunas autoridades.
¿Será acertada la obtención de un arma de fuego para ayudar a mejorar esta situación?, ¿será esta la solución que la ciudadanía ansía? O, es que acaso este hecho podría llevarnos a una situación caótica en los próximos años; situación en la cual quizá podríamos estar en camino a convertirnos en una sociedad como las del lejano oeste. Tal vez, el posible remedio podría resultar siendo más grave que la enfermedad.
Si bien es cierto, no existen prohibiciones más allá de cumplir los requisitos establecidos por la Dicscamec, para obtener un arma de fuego. El problema fundamental radica en la forma y las circunstancias en que podrían ser utilizadas por los portadores de este medio de defensa; porque –finalmente– más allá de ser beneficioso, podría ser perjudicial en contra de la población, más aún si algunos magistrados del Poder Judicial administran justicia como la juez que envió a la cárcel al ciudadano Gastón Mansilla Yupanqui, luego de que éste utilizara su arma para defenderse de un eventual ataque y asalto por dos delincuentes provistos de arma blanca, que al fin y al cabo también podrían causar la muerte.
Nuestras normas establecen la legítima defensa, y son tres los presupuestos que deben cumplirse para que una persona se acoja a este beneficio frente a un hecho que podría configurarse como delito: deberá responder a una agresión ilegítima, esto significa que debe ser víctima de una agresión o estar en una situación de inminente peligro; que exista una necesidad racional del medio utilizado para impedir la agresión, se entiende que si el victimario posee un medio que podría causar daño a la víctima, este puede recurrir a un medio que impida tal situación; en tal sentido, si el atacante tiene un arma blanca con el cual amenaza a su víctima y este podría causarle graves daños o la muerte, la victima podría recurrir incluso a la utilización de un arma de fuego, porque considera que no existe ningún otro medio en esos momentos como impedir la agresión; por último, debe existir una falta de provocación de quien realiza la defensa, pues el agraviado no debe provocar el ataque.
Recientemente, los hechos en los cuales se vio involucrado el empresario Luis Miguel Llanos Carrillo, causándole la muerte a dos delincuentes, y el caso del estudiante Gastón Mansilla Yupanqui, han puesto en el tapete la situación de inseguridad y el incremento de la ola delincuencial que se vive en nuestra ciudad capital. Pero lo que causó la indignación de la población es la actitud de la juez que ordenó la detención del estudiante, realizando una mala interpretación de la ley y poniendo en el mismo lugar al delincuente y al agraviado, situación que generó el repudio de gran sector de la población y algunas autoridades; y que, gracias a la cobertura de la prensa, se logró la corrección de dicho error.
En consecuencia, el tema de la inseguridad no solo es tarea de la policía, institución que día a día trabaja para revertir este flagelo que nos amenaza; se requiere el concurso de todos los sectores del Estado: Poder Legislativo, Poder Judicial y –obviamente– de la ciudadanía; y, de esta manera, todos unidos lograremos revertir esta situación tan caótica.
¿Será acertada la obtención de un arma de fuego para ayudar a mejorar esta situación?, ¿será esta la solución que la ciudadanía ansía? O, es que acaso este hecho podría llevarnos a una situación caótica en los próximos años; situación en la cual quizá podríamos estar en camino a convertirnos en una sociedad como las del lejano oeste. Tal vez, el posible remedio podría resultar siendo más grave que la enfermedad.
Si bien es cierto, no existen prohibiciones más allá de cumplir los requisitos establecidos por la Dicscamec, para obtener un arma de fuego. El problema fundamental radica en la forma y las circunstancias en que podrían ser utilizadas por los portadores de este medio de defensa; porque –finalmente– más allá de ser beneficioso, podría ser perjudicial en contra de la población, más aún si algunos magistrados del Poder Judicial administran justicia como la juez que envió a la cárcel al ciudadano Gastón Mansilla Yupanqui, luego de que éste utilizara su arma para defenderse de un eventual ataque y asalto por dos delincuentes provistos de arma blanca, que al fin y al cabo también podrían causar la muerte.
Nuestras normas establecen la legítima defensa, y son tres los presupuestos que deben cumplirse para que una persona se acoja a este beneficio frente a un hecho que podría configurarse como delito: deberá responder a una agresión ilegítima, esto significa que debe ser víctima de una agresión o estar en una situación de inminente peligro; que exista una necesidad racional del medio utilizado para impedir la agresión, se entiende que si el victimario posee un medio que podría causar daño a la víctima, este puede recurrir a un medio que impida tal situación; en tal sentido, si el atacante tiene un arma blanca con el cual amenaza a su víctima y este podría causarle graves daños o la muerte, la victima podría recurrir incluso a la utilización de un arma de fuego, porque considera que no existe ningún otro medio en esos momentos como impedir la agresión; por último, debe existir una falta de provocación de quien realiza la defensa, pues el agraviado no debe provocar el ataque.
Recientemente, los hechos en los cuales se vio involucrado el empresario Luis Miguel Llanos Carrillo, causándole la muerte a dos delincuentes, y el caso del estudiante Gastón Mansilla Yupanqui, han puesto en el tapete la situación de inseguridad y el incremento de la ola delincuencial que se vive en nuestra ciudad capital. Pero lo que causó la indignación de la población es la actitud de la juez que ordenó la detención del estudiante, realizando una mala interpretación de la ley y poniendo en el mismo lugar al delincuente y al agraviado, situación que generó el repudio de gran sector de la población y algunas autoridades; y que, gracias a la cobertura de la prensa, se logró la corrección de dicho error.
En consecuencia, el tema de la inseguridad no solo es tarea de la policía, institución que día a día trabaja para revertir este flagelo que nos amenaza; se requiere el concurso de todos los sectores del Estado: Poder Legislativo, Poder Judicial y –obviamente– de la ciudadanía; y, de esta manera, todos unidos lograremos revertir esta situación tan caótica.
miércoles, 11 de enero de 2012
Freno al crimen
La pérdida de valores, la poca conciencia de seguridad, sumado a la falta de respeto hacia nuestras autoridades –más aun cuando representan a la ley– nos muestran el camino de descontrol en el que andamos; toda vez que, si queremos un verdadero desarrollo, para que siga creciendo la economía, y tener mayores inversiones, se requiere de una seguridad totalmente plena, con una paz social que garantice la seguridad de la población, sin el temor de saber cómo avanza vertiginosamente la ola delincuencial, a tales extremos que se corre el riesgo de que un policía sufra el arrebato de su arma de reglamento y sea disparado sin miramiento alguno.
En qué cabeza puede caber que, por el simple hecho de una intervención a una persona conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, lo que –a fin de cuentas– representa una sanción pecuniaria y administrativa, sea la causa para que el o la intervenida arrebaten el arma al efectivo policial y luego le disparen a quemarropa. Entonces, conjeturemos: si el motivo de la detención fuese un hecho más grave; de qué sería capaz esta persona, a quien –simplemente– se le pretende hacer cumplir la ley.
Existe otro hecho que llama poderosamente la atención, nos referimos a la osadía de los delincuentes de ingresar a una comisaría y asesinar a los policías que están cumpliendo sus funciones y llevarse sus armas y municiones, sean las razones que fuesen. Quizá nos están dando una señal de peligrosidad y la predisposición que se viene adoptando, pues observamos que no tienen límites para lograr sus objetivos; ahora bien, si tomamos en cuenta la otra hipótesis que podría ser la venganza por la muerte de un delincuente a manos de los policías que intervinieron y recuperaron algunas armas que meses antes se apoderaron de otra unidad policial, entonces, cómo interpretamos que los policías están advertidos de no intervenir a los delincuentes, porque –de lo contrario– tomarán represalias y actuarán de manera similar a este lamentable suceso.
Todos somos conscientes de que, día a día, los delincuentes se tornan más desafiantes y peligrosos, actuando con mayor ferocidad; y, mientras tanto, contamos con un Estado totalmente complacientemente contra la delincuencia en todos sus aspectos. Pareciera que hubiéramos entrado a un estado de letargo, hasta el momento la Comisión conformada por el Congreso para ver este tema, no ha dictado normas que brinden los resultados que esperábamos; dónde están las mejoras y modificaciones de las leyes; cómo es posible que, pese al tiempo trascurrido, no haya resultados satisfactorios, a sabiendas que las leyes actuales son más beneficiosas para los delincuentes que para aquellos que se encargan de velar por su cumplimiento; es más fácil que un policía sea denunciado, enjuiciado y detenido por cumplir su deber, antes que un delincuente, que –con la gracia y benevolencia de algunos jueces– entra y sale de la cárcel como “Pedro en su casa”.
En consecuencia, ¿cómo enfrentar estas nuevas tendencias delictivas? Posiblemente con el compromiso que todos debemos adoptar desde la más alta autoridad hasta el ciudadano común y corriente; asimismo, todos tenemos que tomar conciencia de la gran importancia de la seguridad y lo que ésta representa en la vida de cada uno de nosotros. En tal sentido, debemos avanzar con un mismo objetivo; además, las normas deberían ser claras, sin vacío alguno y en beneficio de la sociedad. Las leyes jamás deberían beneficiar a los delincuentes, sino deben proteger a la sociedad en su conjunto; y aquel que incumple dichas normas debe de ser castigado, drástica y ejemplarmente, con todo el peso de la ley.
En qué cabeza puede caber que, por el simple hecho de una intervención a una persona conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, lo que –a fin de cuentas– representa una sanción pecuniaria y administrativa, sea la causa para que el o la intervenida arrebaten el arma al efectivo policial y luego le disparen a quemarropa. Entonces, conjeturemos: si el motivo de la detención fuese un hecho más grave; de qué sería capaz esta persona, a quien –simplemente– se le pretende hacer cumplir la ley.
Existe otro hecho que llama poderosamente la atención, nos referimos a la osadía de los delincuentes de ingresar a una comisaría y asesinar a los policías que están cumpliendo sus funciones y llevarse sus armas y municiones, sean las razones que fuesen. Quizá nos están dando una señal de peligrosidad y la predisposición que se viene adoptando, pues observamos que no tienen límites para lograr sus objetivos; ahora bien, si tomamos en cuenta la otra hipótesis que podría ser la venganza por la muerte de un delincuente a manos de los policías que intervinieron y recuperaron algunas armas que meses antes se apoderaron de otra unidad policial, entonces, cómo interpretamos que los policías están advertidos de no intervenir a los delincuentes, porque –de lo contrario– tomarán represalias y actuarán de manera similar a este lamentable suceso.
Todos somos conscientes de que, día a día, los delincuentes se tornan más desafiantes y peligrosos, actuando con mayor ferocidad; y, mientras tanto, contamos con un Estado totalmente complacientemente contra la delincuencia en todos sus aspectos. Pareciera que hubiéramos entrado a un estado de letargo, hasta el momento la Comisión conformada por el Congreso para ver este tema, no ha dictado normas que brinden los resultados que esperábamos; dónde están las mejoras y modificaciones de las leyes; cómo es posible que, pese al tiempo trascurrido, no haya resultados satisfactorios, a sabiendas que las leyes actuales son más beneficiosas para los delincuentes que para aquellos que se encargan de velar por su cumplimiento; es más fácil que un policía sea denunciado, enjuiciado y detenido por cumplir su deber, antes que un delincuente, que –con la gracia y benevolencia de algunos jueces– entra y sale de la cárcel como “Pedro en su casa”.
En consecuencia, ¿cómo enfrentar estas nuevas tendencias delictivas? Posiblemente con el compromiso que todos debemos adoptar desde la más alta autoridad hasta el ciudadano común y corriente; asimismo, todos tenemos que tomar conciencia de la gran importancia de la seguridad y lo que ésta representa en la vida de cada uno de nosotros. En tal sentido, debemos avanzar con un mismo objetivo; además, las normas deberían ser claras, sin vacío alguno y en beneficio de la sociedad. Las leyes jamás deberían beneficiar a los delincuentes, sino deben proteger a la sociedad en su conjunto; y aquel que incumple dichas normas debe de ser castigado, drástica y ejemplarmente, con todo el peso de la ley.
sábado, 7 de enero de 2012
EN DEFENSA DE LOS DEFENSORES
Resulta muy alentador que el propio presidente de la República y las principales autoridades de la Nación se hayan pronunciado en defensa de los comandos de Chavín de Huántar. El Estado, por medio del Gobierno, tiene el deber de proteger a quienes expusieron su vida para restablecer el orden, quebrantado por un grupo de desquiciados que pusieron en una situación de crisis a la ciudadanía en su conjunto; además, porque su labor es la de cumplir y hacer cumplir las leyes, preservar la paz y la seguridad, tan necesarios para el desarrollo de nuestro país.
Nada de lo expuesto en líneas precedentes es considerado como tal por aquellas personas vinculadas a las ONG, que -bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos- vienen lucrando a favor de sus propios intereses. Los beneficios son evidentes: reciben financiamiento del exterior en cantidades considerables, lo mismo que no tienen control ni fiscalización adecuados por parte del Estado. El problema radica en que estas organizaciones utilizan argumentos como ayuda social, trabajo a favor de los más necesitados y de aquellos que no cuentan con los recursos para defenderse contra el Estado que se supone estaría abusando o vulnerando sus derechos.
Para estas personas los terroristas son víctimas del Estado. En tal sentido, están en la obligación de defenderlos, de seguro que alguna vez expusieron la verdadera realidad, donde se utilizaron hechos violentos, mediante los asesinatos, los secuestros, los atentados, el temor de la población frente a todo ello, para conseguir ayuda externa y lo recibido verdaderamente utilizado en aquellos que sí lo necesitan. La gran interrogante sería si estas ONG habrán ido alguna vez a esos pueblos arrasados por el terrorismo y brindado algún tipo de ayuda a esas víctimas, de seguro que no, porque simplemente no les otorga réditos, no son compatibles con sus pretensiones, mucho menos con sus intereses personales.
Cuánto de dinero han recibido hasta la fecha y cuánto habrán destinado para cuestiones benéficas, si es que alguna vez lo hicieron. Es muy probable que solo una mínima parte, simplemente porque de hacer lo contrario dejarían de percibir sus grandiosos sueldos, porque de lo contrario cómo justifican todos los beneficios que hasta hoy tienen. No queda claro cuánto perciben mensualmente los defensores de los terroristas, “abanderados” de los derechos humanos, cada vez que se les cuestiona por estas razones simplemente se convierten en sus enemigos.
Consideramos que ya es hora de que el Estado se ponga firme frente a las decisiones y/o recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que podría decidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los próximos meses respecto de los comandos Chavín de Huántar, valerosos soldados que actuaron en cumplimiento de su misión y en bien de la sociedad. También es hora del inicio de una fiscalización pormenorizada respecto de las donaciones que reciben las ONG para que instituciones de este tipo operen correctamente y sobre todo en beneficio de las personas que verdaderamente lo necesitan y que no sirva como argumentos para recibir más donaciones y enviarlas hacia destinos sombríos.
Finalmente, toda la sociedad está muy agradecida con las personas que vienen dando muestras de solidaridad al donar su dinero para ayudar a una sociedad en vías de desarrollo, pero estos recursos deben ser destinados y utilizados en los sectores más necesitados y que –verdaderamente- hayan sido violados y privados de sus derechos fundamentales, tanto por el Estado como por las organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. También deberían utilizarse estos fondos para rescatar a los niños que son obligados a formar parte de estas organizaciones que hoy se encuentran en la zona del VRAE.
Nada de lo expuesto en líneas precedentes es considerado como tal por aquellas personas vinculadas a las ONG, que -bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos- vienen lucrando a favor de sus propios intereses. Los beneficios son evidentes: reciben financiamiento del exterior en cantidades considerables, lo mismo que no tienen control ni fiscalización adecuados por parte del Estado. El problema radica en que estas organizaciones utilizan argumentos como ayuda social, trabajo a favor de los más necesitados y de aquellos que no cuentan con los recursos para defenderse contra el Estado que se supone estaría abusando o vulnerando sus derechos.
Para estas personas los terroristas son víctimas del Estado. En tal sentido, están en la obligación de defenderlos, de seguro que alguna vez expusieron la verdadera realidad, donde se utilizaron hechos violentos, mediante los asesinatos, los secuestros, los atentados, el temor de la población frente a todo ello, para conseguir ayuda externa y lo recibido verdaderamente utilizado en aquellos que sí lo necesitan. La gran interrogante sería si estas ONG habrán ido alguna vez a esos pueblos arrasados por el terrorismo y brindado algún tipo de ayuda a esas víctimas, de seguro que no, porque simplemente no les otorga réditos, no son compatibles con sus pretensiones, mucho menos con sus intereses personales.
Cuánto de dinero han recibido hasta la fecha y cuánto habrán destinado para cuestiones benéficas, si es que alguna vez lo hicieron. Es muy probable que solo una mínima parte, simplemente porque de hacer lo contrario dejarían de percibir sus grandiosos sueldos, porque de lo contrario cómo justifican todos los beneficios que hasta hoy tienen. No queda claro cuánto perciben mensualmente los defensores de los terroristas, “abanderados” de los derechos humanos, cada vez que se les cuestiona por estas razones simplemente se convierten en sus enemigos.
Consideramos que ya es hora de que el Estado se ponga firme frente a las decisiones y/o recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que podría decidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los próximos meses respecto de los comandos Chavín de Huántar, valerosos soldados que actuaron en cumplimiento de su misión y en bien de la sociedad. También es hora del inicio de una fiscalización pormenorizada respecto de las donaciones que reciben las ONG para que instituciones de este tipo operen correctamente y sobre todo en beneficio de las personas que verdaderamente lo necesitan y que no sirva como argumentos para recibir más donaciones y enviarlas hacia destinos sombríos.
Finalmente, toda la sociedad está muy agradecida con las personas que vienen dando muestras de solidaridad al donar su dinero para ayudar a una sociedad en vías de desarrollo, pero estos recursos deben ser destinados y utilizados en los sectores más necesitados y que –verdaderamente- hayan sido violados y privados de sus derechos fundamentales, tanto por el Estado como por las organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. También deberían utilizarse estos fondos para rescatar a los niños que son obligados a formar parte de estas organizaciones que hoy se encuentran en la zona del VRAE.
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