EN DEFENSA DE LOS DEFENSORES

Resulta muy alentador que el propio presidente de la República y las principales autoridades de la Nación se hayan pronunciado en defensa de los comandos de Chavín de Huántar. El Estado, por medio del Gobierno, tiene el deber de proteger a quienes expusieron su vida para restablecer el orden, quebrantado por un grupo de desquiciados que pusieron en una situación de crisis a la ciudadanía en su conjunto; además, porque su labor es la de cumplir y hacer cumplir las leyes, preservar la paz y la seguridad, tan necesarios para el desarrollo de nuestro país.
Nada de lo expuesto en líneas precedentes es considerado como tal por aquellas personas vinculadas a las ONG, que -bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos- vienen lucrando a favor de sus propios intereses. Los beneficios son evidentes: reciben financiamiento del exterior en cantidades considerables, lo mismo que no tienen control ni fiscalización adecuados por parte del Estado. El problema radica en que estas organizaciones utilizan argumentos como ayuda social, trabajo a favor de los más necesitados y de aquellos que no cuentan con los recursos para defenderse contra el Estado que se supone estaría abusando o vulnerando sus derechos.
Para estas personas los terroristas son víctimas del Estado. En tal sentido, están en la obligación de defenderlos, de seguro que alguna vez expusieron la verdadera realidad, donde se utilizaron hechos violentos, mediante los asesinatos, los secuestros, los atentados, el temor de la población frente a todo ello, para conseguir ayuda externa y lo recibido verdaderamente utilizado en aquellos que sí lo necesitan. La gran interrogante sería si estas ONG habrán ido alguna vez a esos pueblos arrasados por el terrorismo y brindado algún tipo de ayuda a esas víctimas, de seguro que no, porque simplemente no les otorga réditos, no son compatibles con sus pretensiones, mucho menos con sus intereses personales.
Cuánto de dinero han recibido hasta la fecha y cuánto habrán destinado para cuestiones benéficas, si es que alguna vez lo hicieron. Es muy probable que solo una mínima parte, simplemente porque de hacer lo contrario dejarían de percibir sus grandiosos sueldos, porque de lo contrario cómo justifican todos los beneficios que hasta hoy tienen. No queda claro cuánto perciben mensualmente los defensores de los terroristas, “abanderados” de los derechos humanos, cada vez que se les cuestiona por estas razones simplemente se convierten en sus enemigos.
Consideramos que ya es hora de que el Estado se ponga firme frente a las decisiones y/o recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que podría decidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los próximos meses respecto de los comandos Chavín de Huántar, valerosos soldados que actuaron en cumplimiento de su misión y en bien de la sociedad. También es hora del inicio de una fiscalización pormenorizada respecto de las donaciones que reciben las ONG para que instituciones de este tipo operen correctamente y sobre todo en beneficio de las personas que verdaderamente lo necesitan y que no sirva como argumentos para recibir más donaciones y enviarlas hacia destinos sombríos.
Finalmente, toda la sociedad está muy agradecida con las personas que vienen dando muestras de solidaridad al donar su dinero para ayudar a una sociedad en vías de desarrollo, pero estos recursos deben ser destinados y utilizados en los sectores más necesitados y que –verdaderamente- hayan sido violados y privados de sus derechos fundamentales, tanto por el Estado como por las organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. También deberían utilizarse estos fondos para rescatar a los niños que son obligados a formar parte de estas organizaciones que hoy se encuentran en la zona del VRAE.