Cada día nos convencemos más que uno de los principales problemas que nos aqueja es el de la corrupción en todos los niveles del Estado, no es exclusividad de una institución o un sector, es un problema que nos incumbe a todos; este problema se agudiza cuando está vinculado a las esferas del Gobierno, pues son ellos quienes deben combatir este flagelo, pero en algunos casos son los actores principales, los apoyan o los avalan con excusas –en la mayoría de los casos- inexplicables.
Mientras la corrupción no sea desterrada, no podremos avanzar como país. Con mucha pena observamos que la ley no es igual para todos y esta debe ser cumplida y respetada por las autoridades que se encargan de hacerla cumplir y de los ciudadanos que se encargan de cumplirla.
En las últimas semanas se han suscitado hechos que acrecientan la desconfianza en las autoridades, podemos citar la sentencia a la congresista Cecilia Chacón, quien con todo derecho ha salido a cuestionar el fallo, manifestando que ha sido sentenciada sin que prueben la comisión del delito.
Similar caso es el del legislador Amado Romero, a quien tristemente se le ha bautizado como “Comeoro”, cuando el Poder Judicial solicitó autorización al Congreso para levantar su secreto bancario simplemente fue denegado, pese a los antecedentes y claros indicios.
A lo expuesto podríamos agregar el tema de las salidas del hermano del presidente de la República del penal Piedras Gordas en diciembre. Según imágenes difundidas por los medios, no obedecieron a problemas de salud, sino más bien a su condición de familiar del mandatario. Esperamos sinceramente una explicación –coherente- acerca de este suceso.
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