La metamorfosis del candidato Ollanta Humala

Sin duda, la experiencia sufrida en las elecciones del año 2006 provocó un cambio rotundo en los asesores de Ollanta Humala, recomendándole que tomara la decisión de cambiar de estrategia para su campaña, sustituyendo –por ejemplo– el color rojo que los identificaba por el color blanco, ya que de esta manera presentarse así ante la población sería calificado como una persona que ha madurado políticamente; asimismo, ha optado por alejarse de la izquierda radical y los lazos que lo vinculaban con el presidente venezolano Hugo Chávez.

La interrogante es ¿en realidad habrá madurado? o simplemente se trata de estrategias para lograr convencer a la población, sobre todo a aquellos que ven con malos ojos las diferentes posiciones radicales por ser contrarias a las políticas que lograron que el Perú alcance un desarrollo sostenible durante los últimos años. Si bien es cierto aún no nos hemos convertido en una nueva potencia o en un país desarrollado, sí hemos conseguido avances sustanciales que no pueden ser negados, los mismos que no se pueden detener por el simple hecho de implantar nuevas políticas; ello significaría un retroceso en el desarrollo del país para empezar nuevamente. Entonces, cuántos años más retrocederíamos, sumados a los que ya tenemos? Hasta qué punto tendrán razón los candidatos que han calificado a Ollanta Humala como el “lobo vestido de cordero”. Creemos que, efectivamente, hay muchas cosas porqué pensar así; sobre todo si tomamos en cuenta que durante los últimos cinco años la posición que ha venido adoptando ha sido de confrontación y oposición a las políticas que venía desarrollando el Gobierno, apoyando a grupos de extrema izquierda y a organizaciones que promovieron acciones de protesta y de violencia. No nos olvidemos que los congresistas de su bancada fueron los promotores de marchas y bloqueos de vías de comunicación, uno de los más graves es el recordado “Baguazo”, que tuvo como saldo muertos y heridos que en su mayoría fueron miembros de la Policía Nacional. Pero, así como azuzaron, no tuvieron la capacidad de reconocer su error, de evitar que ocurriera esto, lo único que buscaban era desestabilizar al Gobierno sin importarles el costo. Ollanta Humala y quienes lo acompañan –sorprendentemente– en la actual campaña electoral están adoptando otro formato, presentándose como más condescendientes, menos radicales, pretendiendo desvincularse de todo aquello que les puede representar negativo o empañar su campaña calificándoles de radicales y anti-sistemas, negando los vínculos con su principal promotor de las elecciones pasadas: el presidente venezolano Hugo Chávez. Sin embargo, los planteamientos que realizan en su Plan de Gobierno, resultan ser casi los mismos que consideraron para el año 2006, solo con algunos cambios de términos; pero, en el fondo son los mismos. Últimamente, el candidato Humala, incluso se muestra más tolerante, con posiciones más liberales que se asemejan a las actuales políticas de Estado. Sin embargo, son solo respuestas ante los requerimientos de los medios de comunicación, pero en realidad no responden a sus verdaderos planteamientos. Es muy probable que dicha posición haya sido tomada frente al bajo porcentaje que le daban las encuestadoras, al inicio; y, que la única forma de revertir esta situación era mostrándose más condescendiente, partícipe de las actuales políticas, dejando así de lado su posición radical y extremista que le resultaba perjudicial. Nada nos garantiza que Ollanta Humala verdaderamente haya cambiado, que no responda a políticas de tendencia estatista y radical que podrían resultar dañinas para el desarrollo del país. No debemos olvidar que similar actitud tuvo Hugo Chávez, quien también antes de ser elegido ofreció respetar la propiedad privada, respetar las inversiones extranjeras, que no cambiaría la Constitución, respetar a los medios de comunicación; pero, una vez llegado al poder hizo todo lo contrario, pretendiendo en la actualidad perpetuarse en el poder. Es preciso resaltar que, para ello, lo primero que hizo fue cambiar la Constitución, cuyo planteamiento también es propio del candidato de Gana Perú. Finalmente, la responsabilidad está en cada uno de nosotros los electores, el de analizar no solo cada uno de los ofrecimientos, sino aquellos verdaderos planteamientos; y –por qué no– los antecedentes de cada uno de los candidatos, para así poder definir nuestro voto, porque de ello depende el futuro y desarrollo del país.

¿Qué pasa en Libia?

El líder libio Muamar el Gadafi, gobernante desde hace 41 años, desde un inicio supo manipular a su pueblo para perpetuarse en el poder. Al poco tiempo de tomar el poder –gracias a un golpe de Estado–, lideró una revolución cultural que permitió aislar a Libia del resto del mundo, impidiendo la influencia extranjera.

Durante su larga trayectoria como líder y gobernante de Libia fue acusado de apoyar a algunas organizaciones terroristas, como IRA y ETA; incluso, aceptó su participación en atentados que costaron la muerte de centenares de personas, entre ellos americanos; sucesos por los cuales fue sancionado por la ONU, aislado por los EE UU y los principales países europeos. Sin embargo, gracias al poder que representa el petróleo, siempre supo salir adelante; retomando las relaciones con las principales potencias mundiales. Para aquellos quienes eran sus opositores y se encontraban exiliados de Libia, siempre les pareció una extrañeza cómo es que lograba retomar sus relaciones con países que en un determinado momento fueron considerados como enemigos. Pues bien, el poder del petróleo y el poco conocimiento de los problemas internos de Libia habrían sido los factores que hacían que Muamar el Gadafi siempre salga airoso con sus objetivos de mantenerse al frente de su país y –obviamente– manteniendo las buenas relaciones con las principales potencias del mundo. Se conoce muy poco de los problemas internos existentes en Libia desde hace varios años; se comenta que un Grupo Islámico denominado “Lucha de Libia” habría intentado asesinarlo hasta en tres oportunidades. Frente a esta ofensiva, lanzó una contraofensiva a todos los miembros y simpatizantes de este grupo y otros afines, terminando con la muerte, encarcelamiento y expulsión de Libia, demostrando con ello que no estaba dispuesto a aceptar cualquier intento de rebeldía o desacato a su autoridad. Pese a la apertura económica que se produjo en el 2003, en el tema político nunca cambió; siempre permaneció intolerante ante cualquier intento de disidencia, manteniendo de esta manera una actitud autocrática de represión ante el mínimo intento de poner en riesgo su permanencia como líder de Libia. Debemos señalar que, gracias a la globalización y a los antecedentes producidos con países vecinos, hoy el mundo ya pudo conocer la verdadera personalidad del líder libio Muamar el Gadafi, quien no tuvo ningún reparo en atacar a la población civil que se levantó en contra de su gobierno autocrático y opresor; esto en aras de buscar el cambio y las mejoras al que todo pueblo tiene derecho. En consecuencia, los gobernantes deben tener siempre presente que un pueblo tiene todo el derecho a reclamar cuando el gobierno los mantiene oprimidos, vulnerando los derechos fundamentales de la persona, principalmente la libertad. Es por ello que, consideramos a la democracia como un mecanismo que permite la participación del pueblo para elegir libremente a sus gobernantes y evitar la perpetuidad en el gobierno, más aún si éstos tienen características similares al actual líder de Libia.

La reelección parlamentaria

Recientemente se viene observado que la mayoría de los congresistas que postulan a ser reelegidos en los próximos comicios electorales están renunciando a las remuneraciones que les otorga el Estado para cumplir con las funciones asignadas; esto, debido a las críticas de diversos sectores, ya que los beneficios y  sueldos otorgados son para que trabajen y cumplan sus labores; y, de esta manera, no sean utilizados en sus campañas electorales. Pero, no basta con dicha renuncia, ya que con dicho actuar no solucionan el problema, porque tanto el abandono de sus labores y la inasistencia a las comisiones, paralizan al pueblo que los eligió, confiando que éstos se dedicarían a trabajar en bien de todos.

Debemos resaltar que, ningún funcionario público debe utilizar los recursos del estado para realizar campañas electorales  en beneficio propio o de terceros, toda vez que se encuentra prohibido en la normatividad vigente. Entonces, si  los congresistas son considerados  como funcionarios públicos, deben estar dentro de los alcances de la norma y por lo tanto no deberían utilizar medios como vehículos, remuneraciones, asignaciones, etc., para realizar campañas políticas.

Asimismo, los Congresistas son elegidos para cumplir con diversas funciones por el periodo de cinco años, y no para que abandonen sus responsabilidades cada vez que haya elecciones y dedicarse a realizar proselitismo político cuando pretenden ser reelegidos o apoyar a ciertos candidatos,  esta actitud adoptada por algunos congresistas desmerece la labor parlamentaria.

Probablemente, esta situación se evitaría si tomaríamos en cuenta algunos criterios que se vienen planteando; por ejemplo, aquellos congresistas que pretenden ser reelegidos  también deberían renunciar a sus cargos con seis meses de anticipación a las elecciones electorales, ya que este actuar les permitiría dedicarse a tiempo completo en sus actividades políticas, sin destinar los recursos del estado a actividades diferentes.

Efectivamente, quizá otra situación más radical sería establecer las mismas reglas para ser Presidente de la República; en consecuencia, un congresista no podría ser reelegido inmediatamente sino luego de un periodo de cinco años, y solo así podríamos asegurar que quienes resultaran ser elegidos como congresistas se dedicarían exclusivamente a trabajar en forma constante en bien de la sociedad.

Asimismo, deberían existir mecanismos para evitar que ante las críticas y cuestionamientos que surgen como consecuencia de la campaña electoral, aquellos que pretenden ser reelegidos recién opten por renunciar a ciertos beneficios. Pero, cómo garantizan sus labores, cómo justifican sus inasistencias, su falta de compromiso con la sociedad y peor aún, siguen con sus promesas falsas:  que con ellos el Perú saldrá adelante.

Ecuador y su carta náutica

En declaraciones recientes, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció la presentación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la carta náutica de dicho país (que el miércoles se hizo efectivo), documento mediante el cual se fijan los límites marítimos con el Perú en base a los acuerdos firmados entre Perú, Chile y Ecuador en 1952 y 1954, lo preocupante de este tema es la expresión de cómo pretende exigir al Perú que ratifique los límites que ellos consideran en dicha carta, puesto que, de lo contrario -tal como lo manifestó el propio presidente-, tomarán otras medidas. ¿Qué pretende advertirnos nuestro vecino? ¿Que aunque no estemos de acuerdo con dicho planteamiento tenemos que ceder ante sus pretensiones?

Efectivamente, el tema data de agosto del 2010, cuando se publicó la carta náutica basada en el Decreto 450, mediante el cual se establecen los límites marítimos con el Perú, basados en los acuerdos de 1952 y 1954. En esa fecha, el presidente ecuatoriano dejó sentada la posición de su país frente a este tema y, en cierta medida, condicionó al Perú para que se ratifique, ya que de lo contrario se verían obligados a intervenir en la demanda por los límites marítimos que el Perú tiene con Chile en la Corte de La Haya.

No debemos olvidar que Ecuador ha sido notificado por la Corte de La Haya para que se pronuncie sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile, dado que es uno de los firmantes de los acuerdos descritos líneas arriba. El vecino país no está obligado a pronunciarse frente a dicho requerimiento, por ello en su debida oportunidad el mandatario hizo declaraciones sosteniendo que se mantendrá al margen y que no intervendrá porque entre Perú y Ecuador no existen problemas limítrofes.

En consecuencia, nos preguntamos a qué se debe el cambio de parecer, el por qué de dicha advertencia, debido a qué la presión en el sentido que si las autoridades peruanas no ratifican la carta náutica que ellos presentarán a la ONU, entonces recurrirán a otros mecanismos. Cómo responder a determinadas consignas o acuerdos que hasta ahora no son públicos, pues deja una incógnita, dado que se puede pensar que dicha carta contenga límites más allá de lo que verdaderamente es reconocido, tal vez quieran apoderarse de determinadas aéreas como sucedió anteriormente y quizá responden a los acuerdos que sostuvieron con funcionarios chilenos que visitaron con cierta frecuencia a Ecuador desde que se inició el proceso en la Corte de La Haya por el diferendo marítimo con Chile.

Debemos resaltar que con suma frecuencia pescadores ecuatorianos ingresan al mar peruano, lo cual es fácil deducir que también nuestros vecinos del norte tienen codicia por nuestra riqueza marina, entonces que mejor aprovechar esta oportunidad, pues posiblemente quieran arrebatar un sector del territorio peruano y mostrar al Perú ante la comunidad internacional como un país conflictivo que no respeta los acuerdos que suscribe, situación que podría inclinar la balanza a favor de Chile.

Si bien es cierto que uno de los principales mecanismos para defender nuestro territorio es recurrir a instancias internacionales como la Corte de La Haya frente a agresiones de países limítrofes, también es cierto que necesitamos fuerzas disuasivas capaces de responder ante cualquier agresión a nuestro territorio. Esto último demuestra gran debilidad, ya que los últimos gobiernos han dejado de lado al sector defensa, con la gran justificación de que el Perú es un “país pacífico”.

En conclusión, debemos estar atentos para así descubrir qué hay detrás de dicha carta náutica de Ecuador, esperemos que las autoridades tomen mayor importancia respecto de este tema y ojalá no lleguemos a situaciones que pongan en riesgo la seguridad y soberanía nacionales.

HASTA CUÁNDO LA INFORMALIDAD?

En nuestro, país, un gran número de personas recurren a la informalidad para dar inicio a un negocio o actividad. Esta realidad debe dejar de ser una constante; se necesita un límite para  aquellos que se encuentren en esta modalidad; no olvidemos que este mecanismo afecta a la economía del país, y -por ende- al desarrollo y mejoramiento del modo de vida de muchos peruanos. Asimismo, bajo este concepto, muchas personas  se ven beneficiadas con cuantiosas ganancias, sin tributo alguno; entre ellos podemos mencionar a los contrabandistas, a los mineros informales, etc.,  que bajo el concepto de la pequeña minería o minería informal no declaran su producción, pero a la luz de los hechos utilizan medios e instrumentos que fácilmente desde hace mucho tiempo debieron formalizarse y estar tributando.

Cuánto deja de percibir el Estado por evasión tributaria, cuánto dinero se mueve en el rubro del contrabando, en la piratería, sin tener que hacer mucha investigación, ni mucho menos inmiscuirse en cada una de las organizaciones o personas dedicadas a este rubro. Es evidente lo bien que les va a los negocios informales, galerías que se incrementaron gracias a esta modalidad, prueba suficiente para demostrar  que de esta manera obtienen jugosas ganancias quienes promueven y se dedican a esta ilícita actividad.

Dentro de este contexto, ha cobrado gran relevancia, recientemente, la intervención de las Fuerzas Armadas, especialmente a la Marina de Guerra, con respecto a la minería informal que se venía desarrollando en el Departamento de Madre de Dios, específicamente en los ríos que atraviesan esta zona. Es necesario precisar que esta actividad no venían ejerciéndola pobladores o nativos de la zona que vieron en este trabajo una mejora en su modus vivendi, y que para la extracción de este precioso metal utilizan medios artesanales sin contaminar ni depredar; muy por el contrario, se posesionaron grupos y personas que vienen utilizando medios y mecanismos modernos como las dragas cuyos precios superan los DOSCIENTOS CINCUENTA MIL  DÓLARES  ESTADOUNIDENSES (US$ 250,000), retroexcavadoras, cargadores frontales, dejando así en evidencia que ya no se trata de una minería informal ejercida por pobladores o nativos de la zona.

Es penoso observar que el uso de estas máquinas aceleró la deforestación de un gran sector de Madre de Dios, sumado a ello la contaminación por el uso indiscriminado y sin ningún tipo de control del mercurio. Esta actividad minera que se ha venido desarrollando en esta jurisdicción se ha convertido en un grave problema y el gobierno así lo entendió, es por ello que decidió la intervención de las Fuerzas Armadas para detener este hecho que sin duda alguna está provocando un gravísimo daño no solo al ecosistema de la zona sino también al fisco porque ninguno de los productores de oro de este lugar se encuentran formalizados. Nos preguntamos: cuánto se dejó de pagar al Estado?.

Lejos de que las principales autoridades del Departamento de Madre de Dios, tanto el Presidente Regional, como los alcaldes, colaboren para terminar con estos hechos gravísimos que se ha venido desarrollando en su jurisdicción, se oponen a las acciones del gobierno y apoyan en cierta medida esta actividad ilegal. Qué intereses existen detrás de esa actitud de quienes deberían velar por la legalidad y por el desarrollo sostenido de su jurisdicción, ellos deberían ser los primeros en apoyar las medidas adoptadas, pero –lamentablemente- es todo lo contrario.

Esperamos que dichas autoridades, la población y sobre todo aquellos que vinieron dedicándose a esta actividad entiendan que es primordial dar paso a la legalidad y que por intereses personales no implicarían a la población a enfrentarse con las autoridades o las Fuerzas del Orden poniendo en riesgo la seguridad, la estabilidad y -porqué no- hasta puede desestabilizarse la gobernabilidad. Asimismo, deben tomar conciencia que lejos de promover actos de violencia como manifestaciones, concentraciones y bloqueos de vías, deben exigir el inicio de su formalización y tributación al fisco nacional, porque de ello depende el desarrollo de su  pueblo; el oro extraído no solo debe beneficiar a unos cuantos, es necesario que entiendan que dicho mineral está dentro del Estado y debe servir para el pueblo peruano. Basta ya de promover que un pueblo se levante por ello, defendiendo intereses particulares en vez de intereses nacionales.