La lucha contra el narcotráfico y narcoterrorismo: tarea pendiente

Uno de los grandes problemas que deberá enfrentar el nuevo gobierno será -sin duda alguna- la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Si tomamos en cuenta las últimas cifras reveladas por la Organización de las Naciones Unidas y de acuerdo con su último reporte, el cultivo de la hoja de coca en nuestro país se ha incrementado en el orden del 2,2% en el último año, pasando de 59.900 a 61.200 hectáreas de sembríos de cultivos de esta planta. Este hecho, a simple vista, da muestra clara que existe un aumento en la elaboración de drogas derivadas de la hoja de coca, porque es obvio que los defensores de este cultivo no nos dirán que se ha producido un aumento en el consumo tradicional.

Otro dato que debemos tomar en cuenta es el cultivo en el VRAE. Este valle se ha convertido en una de las principales cuencas de producción de la hoja de coca, lo que representa un mayor peligro, toda vez que esta zona tiene gran influencia y presencia de las huestes del terrorismo, que a la luz de los hechos hasta hoy no se han logrado resultados importantes en la lucha contra este flagelo, muy por el contrario, se viene evidenciando una alianza entre los terroristas y traficantes de drogas.
El incremento del cultivo de la hoja de coca, la alianza entre el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas son dos factores que por sí mismos son complicados al enfrentarlos, ya que el tráfico de drogas provee de los recursos económicos y logísticos a los terroristas y estos, a su vez, protegen y garantizan esta actividad, sobre todo en la zona del VRAE.
Probablemente, estos no son los únicos problemas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno, puesto que hay otro factor tan importante como los anteriores, ya que entre sus partidarios tiene a defensores acérrimos del cultivo de la hoja de coca. Aunque no hayan sido reelectas las dirigentes cocaleras ya conocidas en el Congreso y el Parlamento Andino, éstas continúan formando parte del engranaje del nuevo partido que gobernará a partir del 28 de julio. Además, a ellas se ha sumado otro dirigente que proviene nada menos que de la zona del VRAE.
Frente a estos hechos, el panorama no se presenta tan fácil para el nuevo gobierno a fin de poder revertir el problema del terrorismo y el narcotráfico. Las primeras piedras en los zapatos del nuevo gobernante, sin duda alguna, serán sus seguidores, los dirigentes cocaleros que se encuentran próximos a él, que hasta hoy se oponen a la erradicación de la hoja de coca. Entonces, quizá lo primero que tendrá que hacer el nuevo presidente electo es convencer a sus seguidores para poder encontrar la fórmula más adecuada que permita reducir las áreas de cultivo de la hoja de coca; entonces, bien se convierten en verdaderos aliados para lograr una lucha frontal contra el tráfico de drogas o se produce una ruptura con todas las consecuencias que esto implicaría. De amigos podrían convertirse en enemigos por los intereses que defienden.
Si bien es cierto hasta la fecha el mayor énfasis que se dio para enfrentar este problema fue el aspecto policial y militar con el poco recurso asignado, para tal efecto es necesario que se diseñen nuevas políticas integrales que comprendan los temas de salud, educación, el problema social, el de infraestructura, entre otros. En suma, mayor presencia del Estado en todo el territorio nacional y no solo por el interés de derrotar al terrorismo y el narcotráfico, sino para el bienestar y tranquilidad de nuestro país.

Promesas y gobernabilidad

La población que apoyó a la candidatura del electo presidente de la República está a la expectativa que el futuro gobierno cumpla sus promesas electorales, por lo que es fundamental que los asesores y los próximos funcionarios sean responsables de este control. Asimismo, deberán buscar el camino correcto para la gobernabilidad y establecer un término medio entre aquellos que comparten los planteamientos iniciales y los realizados en la hoja de ruta que le permitió obtener la elección presidencial.
Los actuales conflictos sociales, en su mayoría, tienen como origen la frustración de un gran sector de la población que se siente postergada por los gobiernos de turno, que aprovechando la nueva corriente de protección del medio ambiente vienen generando dichos conflictos y, en algunos casos, tuvieron costos sociales importantes que podrían ser aprovechados para generar nuevos acontecimientos violentos, si es que el Estado –por medio del Gobierno- no le da la importancia del caso.
Los sentimientos de postergación y exclusión ocasionados por los últimos gobernantes hicieron que, principalmente, la población del sector rural, así como aquellos que se encuentran dentro de los sectores C, D y E, abracen los planteamientos efectuados durante la campaña electoral del electo presidente de la República con la esperanza que serán tomados en cuenta y tanto sus aspiraciones como sus demandas serán solucionadas.
Por estas razones, el nuevo gobierno deberá encontrar la mejor estrategia para solucionar las demandas del pueblo más necesitado y, sobre todo, cumplir con las principales promesas, como la rebaja del gas, pensión 65 y las concesiones mineras que vienen siendo consideradas como las principales causantes de la contaminación y -por ende- las que afectan a la agricultura y la ganadería, principales actividades ancestrales de las comunidades asentadas en las zonas próximas a los asientos mineros, situación que actualmente ocurre en Puno.
¿Qué podría pasar si las promesas no se cumplieran? Es muy probable que ya no serán las concesiones mineras los únicos motivos para generar los conflictos sociales, sino también la frustración de los más necesitados se sumarán a los ya existentes para generar nuevos conflictos y esto no solo detendría las actividades de un sector de la población, sino también podrían poner en riesgo la gobernabilidad, la democracia y la seguridad nacional.
No debemos olvidar que actualmente existen nuevas corrientes ideológicas, como la que viene promoviendo el dirigente indígena boliviano Felipe Quispe, conocido como “Mallku” que tiene gran influencia en la población aymara asentada no solo en el territorio boliviano, sino también en nuestro territorio y cuyo objetivo primordial es lograr independizar a lo que él llama la “Nación Aymara”.
Finalmente, existe la posibilidad de que los argumentos que le sirvieron a Ollanta Humala para lograr la presidencia de la República puedan convertirse en pruebas que serían utilizadas por los radicales para generar nuevos conflictos sociales y, de esta manera, desestabilizar al nuevo gobierno.

Convulsión social y gobernabilidad: los retos de Ollanta Humala

El principal problema que afrontará el nuevo presidente de la República será –sin duda- las protestas sociales que se vienen suscitando en el interior del país, con las que, en su debida oportunidad, se solidarizó antes de ser elegido como mandatario. Este tipo de protestas lejos de disminuir se han incrementado en su número, pues algunas de ellas nacen de una justa razón, lo que es aprovechado por algunos dirigentes que -bajo este pretexto- incluyen aspiraciones y/o intereses personales de distinta índole, como pueden ser políticos, económicos, etc.
En determinados momentos, estos conflictos sociales pusieron en situaciones de grave peligro a la seguridad de la Nación y obligaron al Gobierno a adoptar medidas drásticas. Debemos señalar que hechos como éstos debilitan la gobernabilidad y ponen en riesgo el crecimiento económico. Por ende, afectan el desarrollo de nuestro país.
Los promotores de todos estos conflictos sociales se cobijan en el pretexto de la conservación del medio ambiente y tienen puestas sus esperanzas en el nuevo gobernante peruano para encontrar la solución definitiva a sus demandas. Bajo el argumento de la conservación del medio ambiente, vienen motivando la cancelación de la actividad minera en sus respectivas zonas, tal cual se viene desarrollando en la zona sur de Puno, cuya solicitud es el retiro de la mina Santa Ana. Asimismo, otro hecho que podemos traer a la memoria es el caso suscitado en el valle del río Tambo, en Arequipa, donde los pobladores consiguieron la cancelación del proyecto Tía María.
Si bien es cierto los pobladores de la provincia de Islay, en Arequipa, consiguieron su objetivo, el cual fue cancelar la actividad minera en su zona, como consecuencia de este hecho suponemos que la empresa minera Southern Copper Corporation no se quedará tranquila después de haber realizado una gran inversión en este rubro. Entonces, se presentan dos vías a seguir: el de continuar con las tratativas para lograr sacar adelante esta actividad en la zona o, simplemente, recurrir a tribunales internacionales amparándose en el incumplimiento del contrato y solicitando una millonaria reparación civil por los daños ocasionados. De ser esto último, nos preguntamos ¿de dónde saldrá el dinero para resarcir a dicha empresa?
Se presenta la posibilidad que similar hecho pueda ocurrir con el proyecto minero Santa Ana, en Puno, donde los pobladores acatan una medida de fuerza para lograr que el Gobierno emita los decretos supremos de suspensión y retiro de la empresa minera de la zona. Empero, cuáles serían las consecuencias, no olvidemos que la propia Constitución Política del Estado reconoce que toda concesión otorgada por el Estado a un particular otorga derechos. Entonces, si unilateralmente el Gobierno adopta una decisión, podría dar pie a acciones legales de la empresa con consecuencias fatales para el fisco nacional.
Surge una gran interrogante: ¿cuál será la decisión que adoptará el nuevo gobierno? Pues si en su debido momento se solidarizó con las demandas de los promotores de los disturbios sociales, como por ejemplo de los hechos que están aconteciendo en el sur del país, en realidad, como tales casos hay muchos en nuestro territorio y si no cumple con sus promesas, qué medidas adoptarán al verse defraudados, sobre todo aquellos dirigentes radicales que promovieron tales hechos. Difícil tarea que le espera al nuevo mandatario.

Lucha contra el terrorismo no muestra avances en el VRAE

Cuando el pueblo peruano se aprestaba a participar en las elecciones de la segunda vuelta, que le otorgó el triunfo al candidato Ollanta Humala, se produjo un demencial ataque terrorista, atribuido a Sendero Luminoso, cobrando la vida de cinco miembros de nuestro Ejército que se desplazaban hacia la localidad de Choquetira (Vilcabamba, Cusco), lugar donde garantizarían el normal desarrollo del proceso electoral.

Este reciente hecho vuelve a poner sobre el tapete el grave problema del terrorismo en nuestro país, flagelo que hasta la fecha no se ha logrado combatir, muy por el contrario su accionar se incrementó y hoy en día se desplazan por áreas más amplias que años atrás; anteriormente, estaban focalizados en la zona de Vizcatán, y actualmente ocupan la amplitud del VRAE.
Los responsables de enfrentar este fenómeno no muestran los avances o logros que han obtenido; además, no se conoce de la captura de algún alto mando terrorista, o de un integrante que permita la desarticulación de Sendero Luminoso.
Debemos recordar que la alianza existente entre el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo en la zona del VRAE complica aún más su destrucción, por lo que es sumamente importante elaborar Políticas de Estado –coherentes– para combatirla, ya que no solo involucra a un sector, debemos de tener en cuenta que este flagelo compromete a una serie de factores como: la seguridad que involucra a las FFAA y la PNP.
Asimismo, este flagelo también afecta a la economía nacional por el lavado de activos; en cuanto a lo sociológico, las diferencias sociales y el abandono en que se encuentra la población de esta zona, por falta de oportunidades y la escasa presencia del Estado en lo que respecta a educación, salud, etc.
Esta problemática es uno de los temas de mayor importancia que deberá ser tomado en cuenta por el nuevo gobierno, si es que no se quiere que en un futuro no muy lejano, estemos enfrentando hechos similares a los ocurridos en Colombia o a hechos que vienen suscitándose en México.
Por ello, corresponde elaborar políticas claras, con el concurso de especialistas capacitados en el tema y no improvisados que quieren ocupar un puesto por el solo hecho de ser militante o haber participado en la campaña electoral. No olvidemos que el tráfico ilícito de drogas es un delito que traspasa las fronteras; y por lo tanto, debe considerarse como un peligro para la seguridad nacional. Por ello, el nuevo gobierno dentro de las políticas a adoptar, debería considerar el fortalecimiento y repotenciación de las FFAA y de la PNP, dotándoles de herramientas necesarias para combatir este flagelo; debiendo entenderse por herramientas, no solo a los medios logísticos, sino también a los mecanismos legales.
Finalmente, los hechos ocurridos el sábado pasado no deben quedar impunes, los responsables deben ser sancionados con todo el peso de la ley; acontecimientos como éstos, son un aviso para el nuevo gobierno.

En la recta final

A menos de una semana de la elección presidencial, la ciudadanía ya tiene muy en claro las propuestas hechas por cada candidato, de resultar elegido Presidente de la República este próximo 5 de junio. De nosotros depende la continuidad del crecimiento económico que hasta ahora se viene respetando, la libertad de empresa y las garantías en la seguridad laboral que muchos peruanos aspiran, logrando con ello el bienestar y la tranquilidad general.

El último debate presidencial, desarrollado entre los candidatos a la presidencia de la república de los partidos políticos: Fuerza 2011 y Gana Perú, será de gran utilidad para la ciudadanía. Ahora ya se puede analizar e interpretar las propuestas que realizaron en su disertación y las acciones a realizar, de ser elegidos en un eventual gobierno, dirigiendo el destino de nuestro país por el periodo de cinco años.
Quien brindó toda seguridad y confianza fue la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori. Sus planteamientos responden al tan ansiado desarrollo del Estado, con inclusión social y eliminación de la pobreza y extrema pobreza; además, luchará directamente contra la corrupción que tanto daño ha ocasionado en estos últimos gobiernos. Si bien es cierto, la actual candidata pertenece al mismo partido político de su padre, debemos de entender que son dos personas diferentes, con principios y valores distintos.
Por otro lado, observamos al candidato del partido político Gana Perú, Ollanta Humala, quien ha venido cambiando constantemente de planes de gobierno, acorde con las circunstancias, con la única finalidad de captar mayor cantidad de adeptos, y –por ende– mayor cantidad de votos. Qué podemos esperar de una persona que, a menudo, cambia de dirección; que, a un inicio, planteaba la estatización de las empresas y cuando se da cuenta o –mejor dicho– cuando lo asesoran, cambia dichos planes y se muestra ante la sociedad como pacifista y concertador. No nos olvidemos que es por demás evidente y de conocimiento público su vinculación con el presidente venezolano Hugo Chávez a través de las famosas Casas del Alba.
La mayoría de los peruanos esperábamos un debate alturado, pero el candidato Ollanta Humala estuvo más a la defensiva, confundiéndose –inclusive– de contendor, pensó que estaba debatiendo con Alberto Fujimori. La intención quizá fue crear confusión en el electorado y mostrarse como una persona pacifista, respetuosa de los derechos humanos; pero no se dio cuenta que él también estaba involucrado al haber cometido delitos de lesa humanidad y desaparición forzosa, que si bien es cierto la justicia lo ha absuelto, pero ante los ojos de la ciudadanía existe mucha incertidumbre por las declaraciones hechas ante los medios de comunicación respecto a la “compra” de testigos.
Finalmente, este 5 de junio viviremos una fiesta patriótica donde todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de elegir a la persona idónea que conducirá el destino de nuestro país, garantizando la seguridad y la paz social en todo el territorio nacional.