Lucha contra el terrorismo no muestra avances en el VRAE

Cuando el pueblo peruano se aprestaba a participar en las elecciones de la segunda vuelta, que le otorgó el triunfo al candidato Ollanta Humala, se produjo un demencial ataque terrorista, atribuido a Sendero Luminoso, cobrando la vida de cinco miembros de nuestro Ejército que se desplazaban hacia la localidad de Choquetira (Vilcabamba, Cusco), lugar donde garantizarían el normal desarrollo del proceso electoral.

Este reciente hecho vuelve a poner sobre el tapete el grave problema del terrorismo en nuestro país, flagelo que hasta la fecha no se ha logrado combatir, muy por el contrario su accionar se incrementó y hoy en día se desplazan por áreas más amplias que años atrás; anteriormente, estaban focalizados en la zona de Vizcatán, y actualmente ocupan la amplitud del VRAE.
Los responsables de enfrentar este fenómeno no muestran los avances o logros que han obtenido; además, no se conoce de la captura de algún alto mando terrorista, o de un integrante que permita la desarticulación de Sendero Luminoso.
Debemos recordar que la alianza existente entre el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo en la zona del VRAE complica aún más su destrucción, por lo que es sumamente importante elaborar Políticas de Estado –coherentes– para combatirla, ya que no solo involucra a un sector, debemos de tener en cuenta que este flagelo compromete a una serie de factores como: la seguridad que involucra a las FFAA y la PNP.
Asimismo, este flagelo también afecta a la economía nacional por el lavado de activos; en cuanto a lo sociológico, las diferencias sociales y el abandono en que se encuentra la población de esta zona, por falta de oportunidades y la escasa presencia del Estado en lo que respecta a educación, salud, etc.
Esta problemática es uno de los temas de mayor importancia que deberá ser tomado en cuenta por el nuevo gobierno, si es que no se quiere que en un futuro no muy lejano, estemos enfrentando hechos similares a los ocurridos en Colombia o a hechos que vienen suscitándose en México.
Por ello, corresponde elaborar políticas claras, con el concurso de especialistas capacitados en el tema y no improvisados que quieren ocupar un puesto por el solo hecho de ser militante o haber participado en la campaña electoral. No olvidemos que el tráfico ilícito de drogas es un delito que traspasa las fronteras; y por lo tanto, debe considerarse como un peligro para la seguridad nacional. Por ello, el nuevo gobierno dentro de las políticas a adoptar, debería considerar el fortalecimiento y repotenciación de las FFAA y de la PNP, dotándoles de herramientas necesarias para combatir este flagelo; debiendo entenderse por herramientas, no solo a los medios logísticos, sino también a los mecanismos legales.
Finalmente, los hechos ocurridos el sábado pasado no deben quedar impunes, los responsables deben ser sancionados con todo el peso de la ley; acontecimientos como éstos, son un aviso para el nuevo gobierno.