Convulsión social y gobernabilidad: los retos de Ollanta Humala

El principal problema que afrontará el nuevo presidente de la República será –sin duda- las protestas sociales que se vienen suscitando en el interior del país, con las que, en su debida oportunidad, se solidarizó antes de ser elegido como mandatario. Este tipo de protestas lejos de disminuir se han incrementado en su número, pues algunas de ellas nacen de una justa razón, lo que es aprovechado por algunos dirigentes que -bajo este pretexto- incluyen aspiraciones y/o intereses personales de distinta índole, como pueden ser políticos, económicos, etc.
En determinados momentos, estos conflictos sociales pusieron en situaciones de grave peligro a la seguridad de la Nación y obligaron al Gobierno a adoptar medidas drásticas. Debemos señalar que hechos como éstos debilitan la gobernabilidad y ponen en riesgo el crecimiento económico. Por ende, afectan el desarrollo de nuestro país.
Los promotores de todos estos conflictos sociales se cobijan en el pretexto de la conservación del medio ambiente y tienen puestas sus esperanzas en el nuevo gobernante peruano para encontrar la solución definitiva a sus demandas. Bajo el argumento de la conservación del medio ambiente, vienen motivando la cancelación de la actividad minera en sus respectivas zonas, tal cual se viene desarrollando en la zona sur de Puno, cuya solicitud es el retiro de la mina Santa Ana. Asimismo, otro hecho que podemos traer a la memoria es el caso suscitado en el valle del río Tambo, en Arequipa, donde los pobladores consiguieron la cancelación del proyecto Tía María.
Si bien es cierto los pobladores de la provincia de Islay, en Arequipa, consiguieron su objetivo, el cual fue cancelar la actividad minera en su zona, como consecuencia de este hecho suponemos que la empresa minera Southern Copper Corporation no se quedará tranquila después de haber realizado una gran inversión en este rubro. Entonces, se presentan dos vías a seguir: el de continuar con las tratativas para lograr sacar adelante esta actividad en la zona o, simplemente, recurrir a tribunales internacionales amparándose en el incumplimiento del contrato y solicitando una millonaria reparación civil por los daños ocasionados. De ser esto último, nos preguntamos ¿de dónde saldrá el dinero para resarcir a dicha empresa?
Se presenta la posibilidad que similar hecho pueda ocurrir con el proyecto minero Santa Ana, en Puno, donde los pobladores acatan una medida de fuerza para lograr que el Gobierno emita los decretos supremos de suspensión y retiro de la empresa minera de la zona. Empero, cuáles serían las consecuencias, no olvidemos que la propia Constitución Política del Estado reconoce que toda concesión otorgada por el Estado a un particular otorga derechos. Entonces, si unilateralmente el Gobierno adopta una decisión, podría dar pie a acciones legales de la empresa con consecuencias fatales para el fisco nacional.
Surge una gran interrogante: ¿cuál será la decisión que adoptará el nuevo gobierno? Pues si en su debido momento se solidarizó con las demandas de los promotores de los disturbios sociales, como por ejemplo de los hechos que están aconteciendo en el sur del país, en realidad, como tales casos hay muchos en nuestro territorio y si no cumple con sus promesas, qué medidas adoptarán al verse defraudados, sobre todo aquellos dirigentes radicales que promovieron tales hechos. Difícil tarea que le espera al nuevo mandatario.