El proceso de revocatoria al que han sido sometidos las autoridades municipales,
más allá de los resultados, nos han demostrado varios hechos que bien valdrían
ser analizados con mayor detenimiento por aquellos que ocupan cargos de elección
popular. Hoy en día, es completamente legítimo que un sector de la población recurra
a este mecanismo cuando la autoridad elegida ha perdido su simpatía o por incumplir
sus promesas electorales.
Este proceso debería provocar o causar una seria reflexión por parte de la autoridad
elegida, inclusive desde el mismo instante en que se adquiere el llamado "kit electoral"
para la recolección de firmas; se debe procurar corregir los errores o faltas que
se estarían cometiendo y que provocan el descontento en la ciudadanía, evitando
con ello gastos y procesos innecesarios, dejando de lado -también- la soberbia, la
intolerancia, enmarcando sus actos dentro de lo correcto e inequívoco; sabemos que
una autoridad es un ser humano y como tal está proclive a equivocarse, pero también
debe actuar con hidalguía y reconocer y enmendar los errores.
Lo que ha caracterizado al reciente proceso de revocatoria llevado a cabo en Lima
Metropolitana son los deslices, agravios y acusaciones entre ambos grupos, que más
allá de fortalecer la revocatoria, descendió a niveles que no valen la leña comentar.
La ciudadanía capitalina esperaba exposición de motivos, a favor o en contra, que
conlleven a tomar una acertada decisión al momento de elegir; los agravios e insultos
enturbiaron el proceso y desnaturalizaron las verdaderas razones e interés de
revocadores y revocados.
Adicional a lo ya expuesto, se presentaron dos hechos que deberían ser tomados en
cuenta, aunque hayan pasado desapercibidos para muchos: el seguimiento hecho a
Patricia Juárez, una de las principales voceras de quienes promovían la revocatoria,
inclusive se hizo público un video donde se le observaba abandonar la residencia de
Luis Castañeda, dicha filmación se aprecia que fue realizada desde el interior de un
vehículo; por otro lado, la publicación de los audios del ex alcalde Luis Castañeda.
Nos preguntamos: ¿a quién le interesa conocer las actividades de Patricia Juárez, o
conocer las comunicaciones de Luis Castañeda? Por otro lado: ¿cuánto de recursos
se destinaron a estas actividades y de dónde provino su financiamiento? Todos
sabemos que hechos como los descritos están al margen de la ley y constituyen delito.
¿Cuál era el objetivo de este juego sucio? Suponemos que sacarse la contienda al
oponente, destinando para ello cuantiosas sumas de dinero; recordemos -además-
que hechos como estos fueron duramente cuestionados por quienes aparentemente
hoy lo practican. Pareciera que, las ansias por permanecer en el cargo o destruir
al oponente hacen que se recurra a cualquier medio para conseguir dicho objetivo,
aplicando la ya conocida frase "el fin justifica los medios".
No hay comentarios.:
Publicar un comentario