Enemigos de las fuerzas del orden

Durante los últimos días hemos sido testigos de hechos y actitudes, por demás reprobables, de parte de algunas autoridades de nuestro país. Actúan como si fuesen ajenos a los problemas y las circunstancias en las que vivimos, nos deja la impresión de que, lejos de apoyar y trabajar con un solo objetivo para conseguir el desarrollo integral de nuestro país, tratan de poner zancadillas para obstaculizar el logro y los objetivos del Estado. Cómo entender los intereses que existen detrás de cada autoridad, sin que esto signifique la validación de todo lo que pueda hacer el Gobierno, así estén mal enfocados; debemos actuar con sensatez al definir en qué casos oponernos y dar alternativas de solución para lograr el desarrollo sostenible para el bienestar general.
El pasado debe servirnos para corregir nuestros errores, sin olvidar aquellos hechos que nos llevaron al atraso, a la destrucción y al terror que sembraron en nuestro país; pues, todos aquellos quienes fueron responsables por más de una década, ahora son tratadas con manos blandas por algunos jueces, e incluso, avalados por la máxima autoridad judicial. Quizá nadie quiere intervenir en sus decisiones, pero éstas deben responder a la necesidad general y, bajo este concepto, debemos de interpretar la ley; es inaudito que algunos terroristas sean beneficiados con permisos para viajar al extranjero, bajo la supuesta finalidad de pasar las fiestas de fin de año con sus familiares. Entonces, cómo es posible que quienes lucharon para conseguir la paz en nuestro país hoy estén a punto de ser enjuiciados.
Es posible que aquellos jueces que emitieron dichas autorizaciones no vivieron las épocas de terror en nuestro país, también es probable que desconocen el daño causado por el terrorismo durante los años más cruentos. No olvidemos que el pueblo espera que quienes cometieran esos delitos y, más aún, aquellos extranjeros que vinieron al país para hacer tanto daño, cumplan como mínimo con la sanción que se les impuso y que luego sean expulsados y que nunca más se les permita el ingreso a nuestro país. Creemos que nuestras autoridades judiciales son muy condescendientes con aquellos que nos mantuvieron por largos años en un estado de zozobra, donde la tranquilidad, la paz y la seguridad eran inciertas.
Sin duda alguna que, en aquellas épocas de terror, todos exigían a las fuerzas del orden seguridad y tranquilidad, además se les exigía terminar con los actos de violencia originados por el terrorismo; es más, los magistrados en aquellas épocas exigían se les brinde la seguridad del caso, actualmente se sienten seguros y la actitud que adoptan es todo lo contrario, pues son ellos quienes otorgan beneficios a aquellos que en tiempos pasados causaron actos violentos y por ello exigían al Estado las garantías de caso. Por otro lado, es inconcebible que se pretenda juzgar a quienes que en tiempos de violencia se enfrentaron para lograr la tranquilidad del país.

Gran reto nacional

Frente a la proximidad de las posibles decisiones que podría adoptar la Corte Internacional de La Haya en lo que respecta al diferendo marítimo entre Perú y Chile, algunas autoridades del país vecino demuestran nerviosismo; quizá presumen que el fallo les sería adverso, situación que conllevó a realizar declaraciones poco amistosas y amenazantes, las mismas que deben ser consideradas por nuestras autoridades responsables de nuestra seguridad nacional, como advertencias que podrían poner en riesgo la integridad de nuestro territorio.
No cabe duda que en estos momentos se debe tener muy en cuenta lo que representa para nuestro vecino país del sur, el lanzamiento de su satélite, a su vez la misión que tendrá, la utilidad que le darán. Han mencionado que estará destinado a mejorar el control de sus fronteras y, de esta manera, mejorar su seguridad; ahora bien –es evidente– que no solo servirá para ello, porque tendrán un control real de todo lo que suceda en sus límites territoriales. La historia y la actitud armamentística que ha tenido Chile durante los últimos años nos demuestra que no se limitarán a acciones defensivas; muy por el contrario, la puesta en órbita de su satélite les permitirá estar en avanzada, pues no necesitarán enviar espías a nuestro territorio para que puedan tomar fotografías de nuestras bases militares o las actividades que se realizan en ellas, ya que desde el espacio aéreo, hoy podrán tener información en tiempo real.
Mientras algunas autoridades chilenas evidencian sus verdaderas intenciones respecto a la defensa de lo que ellos consideran como suyo, otros tratan de corregirlos desmintiéndolos o pretendiéndole justificarlos; sin embargo, los hechos son claros, ¿cuál es la justificación de la carrera armamentística que vienen experimentando? El satélite que pusieron en órbita es el complemento perfecto para esta tendencia, toda vez que primero obtendrán en tiempo real las actividades de sus potenciales enemigos; y, hasta ahora: ¿quién es el principal? Nada más y nada menos que nuestro país; ¿contra quién utilizarán todo el armamento que han venido adquiriendo?, creemos que no tiene enemigo por el lado sur; con Argentina, por las características de las armas, no son las adecuadas debido a la cadena montañosa que tienen como frontera. Entonces, todo es muy evidente, con quien limita por el norte es el Perú; y –sobre todo– es con quien tiene un diferendo pendiente de resolver en la Corte Internacional de La Haya.
La gran interrogante sería: ¿qué se está haciendo de nuestra parte?, quizá nada o casi nada. Lo único que hacemos es pelearnos entre peruanos, más allá de trabajar unidos para conseguir el bienestar general y el desarrollo nacional; cada autoridad, líder, persona, solo buscan la mejor oportunidad para obtener beneficios personales; no entendemos, porqué -hasta ahora- existen las marchas y contramarchas. Creemos que lo primordial por resolver es la reestructuración salarial del personal de las Fuerzas Amadas y de la Policía Nacional, para el camino de una mejora en la seguridad y modernización de estas instituciones; otro tema pendiente es la decisión política y económica con miras a repotenciar y modernizar con equipo de vanguardia a dichas instituciones, sobre todo el de las Fuerzas Armadas, para que por lo menos se acorten las diferencias de capacidades disuasivas con nuestros potenciales enemigos.
Difícil tarea la del actual gobierno que, hasta ahora, no ha dado muestra alguna, más allá de promesas e intensiones plasmadas en discursos, cada vez que le fue posible. Evidentemente, ya es hora que todos tomemos conciencia de lo que está aconteciendo en nuestro país y que, de una vez por todas, trabajemos unidos con miras al desarrollo nacional, mas no por intereses políticos, mucho menos personales.

El valor de las promesas

La generación de los actuales conflictos sociales, como el suscitado en Cajamarca, fueron promovidos por personajes con pasados cuestionables, bajo la justificación de defensa al medio ambiente y de los recursos naturales; también se basaron en las posturas y los ofrecimientos del actual Presidente de la República, cuando era candidato y criticaba a la actividad minera señalando que el oro no se comía, por lo que era justo defender el agua. Los promotores de los conflictos sociales pretenden ahora obligar al gobierno a apoyar sus medidas en contra de lo que creen que perjudica a la actividad ancestral como es la agricultura.
Frente a las demandas de aquellos que se encuentran en contra de la actividad minera y en atención a lo que se espera realizar en el futuro, el gobierno no tiene alternativa, ya sea a favor o en contra. Pues bien, estar en contra de la actividad minera significaría probablemente el cierre de muchas empresas dedicadas a este rubro, con el subsecuente efecto económico que significa esta situación, ya que no solo el Estado dejará de percibir ingresos que genera esta actividad, sino que también, podría enfrentar demandas por incumplimiento de contrato, obligándosele al pago de cuantiosas sumas de dinero a quienes resultasen perjudicados.
Debemos entender que para el gobierno, asumir una postura frente a los acontecimientos suscitados, debe de ser una tarea sumamente difícil; y eso se evidencia en las actuales circunstancias, donde no se deberían tomar decisiones por los hechos del momento, sino posterior a las evaluaciones de todas las alternativas, ya sean positivas o negativas, porque podrían traer consigo una decisión equivocada, ya que si no es tomada en consenso generaría una serie de rupturas, incluso con los más allegados al gobierno; situación que, en cierta medida, ha estado ocurriendo, puesto que en el gabinete ministerial había distintas opiniones sobre un mismo hecho, algunos a favor y otros en contra, corrigiéndose entre ellos y otros, simplemente, pretendiendo justificarse. Ciertamente, para tener y seguir una sola “hoja de ruta”, todo aquel que conforma el gobierno debería de hablar el mismo idioma, así como tener los mismos objetivos, y no contradecirse entre ellos; entonces, el gran reto que le corresponde asumir al nuevo Premier Óscar Valdés Dancuart, es lograr un consenso entre todos los integrantes del gabinete, y que todos trabajen hacia un mismo objetivo.
Debemos señalar que se avizoran nuevos conflictos sociales; aquellos que se encontraban esperando las decisiones del gobierno ya se están reagrupando y mantienen latente su voz de protesta. Para ello, es primordial y necesario que el nuevo gabinete trabaje con miras a solucionar las demandas sociales, porque de lo contrario estos hechos paralizarían no sólo a las zonas en conflicto, sino que traerían consigo cuantiosas pérdidas económicas, alterando el orden público. Además, dependiendo del grado de evolución, podrían poner en riesgo la gobernabilidad en nuestro país.
Finalmente, otro tema que continúa pendiente es el referente a la reestructuración de las remuneraciones tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Se supone que con el inicio del nuevo año fiscal debe de cumplirse, pero lo único que conocemos son idas y venidas por parte del Ministerio de Economía, tema trascendental que deberá solucionarse con la prontitud del caso, más aun en las circunstancias en la que vivimos.

Siembra vientos y cosecharás tempestades

En tan solo 120 días de gobierno, el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, viene soportando actos de protesta que lo ponen en aprietos e incluso lo han llevado a tomar decisiones que no estaban dentro de sus planes. Podríamos señalar que hoy está en la posición de aquellos a quienes criticó cuando era líder de oposición y candidato presidencial. Lo bueno, dentro de todo, es que no tiene una oposición como en su momento lo hacían sus partidarios; no olvidemos que sus propios congresistas, en determinados momentos, promovían y azuzaban a la población para generar actos de protesta que –incluso– llegaron a actos de violencia como los hechos suscitados en Bagua.
En este corto periodo de gobierno viene enfrentando situaciones que lo hicieron retroceder y que, seguramente, lo están llevando a la reflexión. No solo es la generación de actos de violencia, sino también se están comprometiendo las futuras inversiones, los programas sociales, el desarrollo social y económico, pues ahora los actos de violencia se generan de hechos impensables; probablemente en otros tiempos no se habrían generado este tipo de reacciones, pareciera como si algún dirigente quisiera ganar notoriedad, simplemente busca un hecho cualquiera y lo utiliza para sus fines personales, utilizando a la población con pretextos inapropiados y que podrían solucionarse con un simple diálogo con las autoridades respectivas.
Es evidente que ahora se han diversificado los denominados “frentes de defensa”, que en su mayoría están liderados por personas intransigentes que su único objetivo es generar actos conflictivos para ganar notoriedad y representatividad, lo que a la larga puede darles réditos políticos y lograr ser elegidos como autoridades locales, regionales o nacionales. Y, ¿cómo acaban estos dirigentes?, en los mejores casos como Congresistas; y ¿cuál es la labor que realizan cuando llegan a ocupar estos cargos?, muy pobre o casi nula; sabemos todos que muchos alcaldes, presidentes regionales y congresistas salieron de estas protestas. ¿Todos ellos hicieron una gestión aceptable?, muy pocos, y no olvidemos que la mayoría de ellos de seguro están denunciados por actos similares.
Si bien es cierto, actualmente se han suspendido las protestas en Andahuaylas, Cañete y Cajamarca, luego que fuera decretado el estado de emergencia, el Gobierno no puede descuidar hechos futuros que se están generando. Creemos que, más allá de las soluciones que hasta el momento se han dado, es necesario identificar las intenciones verdaderas de aquellos que vienen generando dichas protestas; además, es casi seguro que muchos de ellos son justificadas, pero quienes lo promueven no solo quieren dar solución al problema, ya que en el transcurso se tornan intransigentes y dejan mucho que desear sus pretensiones, puesto que se hacen evidentes y no son lo que parecen, ni como se muestran. Cabe señalar que, mientras tienen un discurso para la población, tienen otro para dar solución a sus demandas; inician con algunas demandas y en el camino se incrementan y al final terminan con otros que distan del reclamo inicial.
Finalmente, es muy importante y necesario conocer cuál es el pasado de los promotores de las protestas, pues observamos que una persona que purgó condena por el delito de terrorismo estuvo liderando las protestas de Cajamarca y para tales hechos se prestó la actitud de un Presidente Regional que lejos de trabajar en beneficio de su pueblo se dedica a promover actos de protesta, nuestra interrogante es ¿en qué medida habrá solucionado las carencias de la población cajamarquina con todo el presupuesto que maneja y se le asigna?

Actores de la seguridad ciudadana

Para poder lograr la tranquilidad, la seguridad y –por ende– la paz social, se requiere de la participación de los diferentes entes que conforman la sociedad y el Estado. No solo es tarea del Estado por medio del gobierno, ya que la participación del mismo es el factor primordial y fundamental, porque de ello dependerá la integración de los demás actores, y donde no se excluye a la ciudadanía que cumple un rol importante, ya que sin su colaboración y participación no será posible alcanzar los objetivos trazados.
Actualmente, se les exige a los entes más visibles: Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en las zonas donde tienen el control debido a la condición excepcional que se vive en éstas, como son: el VRAE y el Huallaga, zonas donde principalmente se observa la presencia del terrorismo y el narcotráfico.
Pero, qué hay de los otros actores, como el Congreso de la República, encargado de dictar normas y se comprometió a mejorar el Código Penal; vemos que, hasta ahora, solo quedan promesas.
Tenemos al Ministerio Público, que debería adoptar un compromiso con la ciudadanía, y con los más necesitados, y son quienes deberían de valorar el bien común. Aún no entendemos las razones por las cuales emiten resoluciones que dejan mucho que desear y mucho que pensar. Si bien es cierto que no se debería encarcelar a todas las personas que infringen la ley, pero aquellos que cometieron delitos de alta peligrosidad deben ser recluidos sin más análisis del caso, pues nuestra realidad es contraria a lo que dicta la ley, puesto que en determinados lugares algunos delincuentes quedan en libertad con suma facilidad.
En este sentido, nos parece prudente que el Ministerio Publico y el Poder Judicial deberían de remitir las resoluciones que emiten a las instancias pertinentes del Ministerio del Interior, para que de esta manera este pueda realizar un monitoreo respecto a estos hechos delictivos y de aquellos que se encuentran vinculados a delitos contra el patrimonio, contra la vida el cuerpo y la salud, y todo aquello que esté relacionado, de una u otra forma, a la seguridad ciudadana.
¿Por qué el monitoreo? Para poder accionar frente a hechos que podrían dar indicios de actos no acordes con las normas por parte de las autoridades del Ministerio Publico y el Poder Judicial, y porque casi en todas las capturas de personas al margen de la ley, la policía no solo emplea recursos humanos, sino también logísticos, que a su vez se ven en la necesidad de duplicar sus labores para capturar a personas que son frecuentemente detenidas y liberadas como si no hubieran cometido delito alguno.
Finalmente, es sumamente fundamental la participación de la ciudadanía, empezando por las autoridades regionales, provinciales y distritales, quienes según la ley de seguridad ciudadana son los encargados de organizar las juntas vecinales y hacer que funcionen para garantizar y apoyar a la policía y de esta manera lograr el objetivo, el cual es la tan ansiada seguridad esperada por todos los ciudadanos.

Seguridad ciudadana, tarea pendiente

La seguridad ciudadana constituye –sin duda– un tema primordial en la agenda de cualquier gobierno de los países de Latinoamérica; considerando que el objetivo principal está orientado a conseguir la paz que necesita un Estado para cimentar su desarrollo.
La interrogante es: ¿cómo enfrentar esta problemática? La respuesta no es sencilla, puesto que engloba a muchos sectores y no basta tomar decisiones apresuradas respecto a este tema y disponer la tolerancia cero. Las medidas deben ir acompañadas con otras tareas como la inclusión social, porque el problema no se solucionará únicamente con una política sancionadora, sino que requerirá de políticas sociales, y brindarles todas las alternativas necesarias para que los jóvenes puedan ser incluidos en la vida socioeconómica del país.
Se requiere –necesariamente– la participación de los diferentes sectores del Estado que, de uno u otra forma, tienen responsabilidad en el tema; quizá quien tenga mayor responsabilidad es el Congreso de la República a través de la Comisión de Defensa y Orden Interno, debiendo convocar a expertos de los diferentes entes para realizar los estudios y planteamientos que se requieren y, de esta manera, se pueda recomendar al Gobierno y enfrentar el problema de manera conjunta e integral.
En este contexto, no solo bastan políticas o disposiciones, sino hechos concretos, como el de dotar de recursos necesarios a las instituciones encargadas de velar la seguridad, en nuestro caso a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, porque principalmente son ellos quienes tienen presencia y actuación en las zonas declaradas en emergencia.
Debemos resaltar que como parte de estos mecanismos también deberían ser considerados el mejoramiento de la relación entre las instituciones comprometidas con esta problemática; asimismo, maximizar las coordinaciones interinstitucionales, definiendo tareas y responsabilidades para evitar los protagonismos innecesarios, porque el objetivo principal es la seguridad de la sociedad, y quienes están a cargo de dicho servicio deberían trabajar en función a este objetivo.
Otro aspecto que debería tomarse en cuenta es la presencia del Estado, sobre todo en las zonas más necesitadas y donde existe mayor incidencia delincuencial, brindando programas que permitan revertir la forma de vida de quienes habitan estas zonas. Además se le debe brindar la mayor importancia al tema de compra y tenencia de armas de fuego, porque es notorio una fuerte actividad en el mercado negro de armas de fuego, en el que están involucrados algunos malos efectivos de la PNP y las FFAA, quienes venden o alquilan a los delincuentes armas para la comisión de los hechos delictuosos.
Creemos que el Gobierno y las instituciones deben adoptar políticas claras e invertir en educación, cultura, deporte y empleo para los jóvenes, porque reducirá considerablemente el incremento de la ola delincuencial en nuestro país.

FFAA y Policía Nacional

La Constitución Política establece las funciones que cumplen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el ámbito de la Seguridad, tanto interna como externa. Sin embargo, las nuevas tendencias en cuanto a conflictos y problemas sociales que afectan el normal desarrollo de las actividades de la Nación, hace necesario que estos entes se integren y desarrollen operaciones conjuntas para el logro de los objetivos trazados por el Gobierno.
En algunos países de Sudamérica, las Fuerzas Armadas y la Policía trabajan en forma conjunta, haciendo frente –principalmente– al terrorismo y al tráfico ilícito de drogas. Por ejemplo, en Colombia, para poder enfrentar a las FARC, comprometieron tanto a las Fuerzas Militares como a la Policía, cada institución cumple una función importante, sin ningún protagonismo para obtener éxito en lo que emprenden, a la larga los resultados son conocidos, pues durante los últimos años lograron abatir a los principales cabecillas, así como recientemente lo hicieron con Alfonso Cano o como la operación de rescate de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, entre otros.
En nuestras instituciones es necesario que exista mayor coordinación, que se trabaje en forma conjunta, sin afán protagónico, con un solo objetivo: derrocar al enemigo, así como a los terroristas y a los traficantes de drogas, puesto que, de continuar con el vertiginoso ascenso en sus actividades, podríamos convertirnos en un país tan convulsionado como México.
Recientemente se ha hecho público el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en la ciudad de Puerto Maldonado contra la minería informal, y debemos seguir este ejemplo para que se proyecten operaciones similares en otras zonas de nuestro territorio. Es preciso tener en cuenta que la problemática de la minería informal que conlleva a la contaminación ambiental es característico en Puerto Maldonado, así como también en otras zonas como en Puno, Piura, Ayacucho, etc.
Si bien es cierto, que en una operación contra la minería informal es mucho más sencilla que las operaciones contra el terrorismo y contra el tráfico de drogas, pero es ahí donde interviene la capacidad del Estado, así como de los responsables políticos para diseñar políticas que se deben de adoptar.
Es primordial que las FAAA y la Policía Nacional tengan en cuenta que se deben a la sociedad peruana y a la Nación. Es por ello que todo lo que hagan o dejen de hacer será beneficioso o perjudicial del mismo, es así que superando las diferencias que puedan existir entre ambas instituciones convendría que trabajen en forma conjunta, con un solo objetivo que es lograr la paz social de nuestro país, así como derrocar cualquier amenaza o riesgo que pudiera poner en peligro la gobernabilidad y el desarrollo económico hasta hoy obtenido.