La seguridad ciudadana constituye –sin duda– un tema primordial en la agenda de cualquier gobierno de los países de Latinoamérica; considerando que el objetivo principal está orientado a conseguir la paz que necesita un Estado para cimentar su desarrollo.
La interrogante es: ¿cómo enfrentar esta problemática? La respuesta no es sencilla, puesto que engloba a muchos sectores y no basta tomar decisiones apresuradas respecto a este tema y disponer la tolerancia cero. Las medidas deben ir acompañadas con otras tareas como la inclusión social, porque el problema no se solucionará únicamente con una política sancionadora, sino que requerirá de políticas sociales, y brindarles todas las alternativas necesarias para que los jóvenes puedan ser incluidos en la vida socioeconómica del país.
Se requiere –necesariamente– la participación de los diferentes sectores del Estado que, de uno u otra forma, tienen responsabilidad en el tema; quizá quien tenga mayor responsabilidad es el Congreso de la República a través de la Comisión de Defensa y Orden Interno, debiendo convocar a expertos de los diferentes entes para realizar los estudios y planteamientos que se requieren y, de esta manera, se pueda recomendar al Gobierno y enfrentar el problema de manera conjunta e integral.
En este contexto, no solo bastan políticas o disposiciones, sino hechos concretos, como el de dotar de recursos necesarios a las instituciones encargadas de velar la seguridad, en nuestro caso a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, porque principalmente son ellos quienes tienen presencia y actuación en las zonas declaradas en emergencia.
Debemos resaltar que como parte de estos mecanismos también deberían ser considerados el mejoramiento de la relación entre las instituciones comprometidas con esta problemática; asimismo, maximizar las coordinaciones interinstitucionales, definiendo tareas y responsabilidades para evitar los protagonismos innecesarios, porque el objetivo principal es la seguridad de la sociedad, y quienes están a cargo de dicho servicio deberían trabajar en función a este objetivo.
Otro aspecto que debería tomarse en cuenta es la presencia del Estado, sobre todo en las zonas más necesitadas y donde existe mayor incidencia delincuencial, brindando programas que permitan revertir la forma de vida de quienes habitan estas zonas. Además se le debe brindar la mayor importancia al tema de compra y tenencia de armas de fuego, porque es notorio una fuerte actividad en el mercado negro de armas de fuego, en el que están involucrados algunos malos efectivos de la PNP y las FFAA, quienes venden o alquilan a los delincuentes armas para la comisión de los hechos delictuosos.
Creemos que el Gobierno y las instituciones deben adoptar políticas claras e invertir en educación, cultura, deporte y empleo para los jóvenes, porque reducirá considerablemente el incremento de la ola delincuencial en nuestro país.

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