La generación de los actuales conflictos sociales, como el suscitado en Cajamarca, fueron promovidos por personajes con pasados cuestionables, bajo la justificación de defensa al medio ambiente y de los recursos naturales; también se basaron en las posturas y los ofrecimientos del actual Presidente de la República, cuando era candidato y criticaba a la actividad minera señalando que el oro no se comía, por lo que era justo defender el agua. Los promotores de los conflictos sociales pretenden ahora obligar al gobierno a apoyar sus medidas en contra de lo que creen que perjudica a la actividad ancestral como es la agricultura.
Frente a las demandas de aquellos que se encuentran en contra de la actividad minera y en atención a lo que se espera realizar en el futuro, el gobierno no tiene alternativa, ya sea a favor o en contra. Pues bien, estar en contra de la actividad minera significaría probablemente el cierre de muchas empresas dedicadas a este rubro, con el subsecuente efecto económico que significa esta situación, ya que no solo el Estado dejará de percibir ingresos que genera esta actividad, sino que también, podría enfrentar demandas por incumplimiento de contrato, obligándosele al pago de cuantiosas sumas de dinero a quienes resultasen perjudicados.
Debemos entender que para el gobierno, asumir una postura frente a los acontecimientos suscitados, debe de ser una tarea sumamente difícil; y eso se evidencia en las actuales circunstancias, donde no se deberían tomar decisiones por los hechos del momento, sino posterior a las evaluaciones de todas las alternativas, ya sean positivas o negativas, porque podrían traer consigo una decisión equivocada, ya que si no es tomada en consenso generaría una serie de rupturas, incluso con los más allegados al gobierno; situación que, en cierta medida, ha estado ocurriendo, puesto que en el gabinete ministerial había distintas opiniones sobre un mismo hecho, algunos a favor y otros en contra, corrigiéndose entre ellos y otros, simplemente, pretendiendo justificarse. Ciertamente, para tener y seguir una sola “hoja de ruta”, todo aquel que conforma el gobierno debería de hablar el mismo idioma, así como tener los mismos objetivos, y no contradecirse entre ellos; entonces, el gran reto que le corresponde asumir al nuevo Premier Óscar Valdés Dancuart, es lograr un consenso entre todos los integrantes del gabinete, y que todos trabajen hacia un mismo objetivo.
Debemos señalar que se avizoran nuevos conflictos sociales; aquellos que se encontraban esperando las decisiones del gobierno ya se están reagrupando y mantienen latente su voz de protesta. Para ello, es primordial y necesario que el nuevo gabinete trabaje con miras a solucionar las demandas sociales, porque de lo contrario estos hechos paralizarían no sólo a las zonas en conflicto, sino que traerían consigo cuantiosas pérdidas económicas, alterando el orden público. Además, dependiendo del grado de evolución, podrían poner en riesgo la gobernabilidad en nuestro país.
Finalmente, otro tema que continúa pendiente es el referente a la reestructuración de las remuneraciones tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Se supone que con el inicio del nuevo año fiscal debe de cumplirse, pero lo único que conocemos son idas y venidas por parte del Ministerio de Economía, tema trascendental que deberá solucionarse con la prontitud del caso, más aun en las circunstancias en la que vivimos.

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