Para poder lograr la tranquilidad, la seguridad y –por ende– la paz social, se requiere de la participación de los diferentes entes que conforman la sociedad y el Estado. No solo es tarea del Estado por medio del gobierno, ya que la participación del mismo es el factor primordial y fundamental, porque de ello dependerá la integración de los demás actores, y donde no se excluye a la ciudadanía que cumple un rol importante, ya que sin su colaboración y participación no será posible alcanzar los objetivos trazados.
Actualmente, se les exige a los entes más visibles: Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en las zonas donde tienen el control debido a la condición excepcional que se vive en éstas, como son: el VRAE y el Huallaga, zonas donde principalmente se observa la presencia del terrorismo y el narcotráfico.
Pero, qué hay de los otros actores, como el Congreso de la República, encargado de dictar normas y se comprometió a mejorar el Código Penal; vemos que, hasta ahora, solo quedan promesas.
Tenemos al Ministerio Público, que debería adoptar un compromiso con la ciudadanía, y con los más necesitados, y son quienes deberían de valorar el bien común. Aún no entendemos las razones por las cuales emiten resoluciones que dejan mucho que desear y mucho que pensar. Si bien es cierto que no se debería encarcelar a todas las personas que infringen la ley, pero aquellos que cometieron delitos de alta peligrosidad deben ser recluidos sin más análisis del caso, pues nuestra realidad es contraria a lo que dicta la ley, puesto que en determinados lugares algunos delincuentes quedan en libertad con suma facilidad.
En este sentido, nos parece prudente que el Ministerio Publico y el Poder Judicial deberían de remitir las resoluciones que emiten a las instancias pertinentes del Ministerio del Interior, para que de esta manera este pueda realizar un monitoreo respecto a estos hechos delictivos y de aquellos que se encuentran vinculados a delitos contra el patrimonio, contra la vida el cuerpo y la salud, y todo aquello que esté relacionado, de una u otra forma, a la seguridad ciudadana.
¿Por qué el monitoreo? Para poder accionar frente a hechos que podrían dar indicios de actos no acordes con las normas por parte de las autoridades del Ministerio Publico y el Poder Judicial, y porque casi en todas las capturas de personas al margen de la ley, la policía no solo emplea recursos humanos, sino también logísticos, que a su vez se ven en la necesidad de duplicar sus labores para capturar a personas que son frecuentemente detenidas y liberadas como si no hubieran cometido delito alguno.
Finalmente, es sumamente fundamental la participación de la ciudadanía, empezando por las autoridades regionales, provinciales y distritales, quienes según la ley de seguridad ciudadana son los encargados de organizar las juntas vecinales y hacer que funcionen para garantizar y apoyar a la policía y de esta manera lograr el objetivo, el cual es la tan ansiada seguridad esperada por todos los ciudadanos.

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