¿REACCIÓN O PROACCIÓN? (Publicado en EL DIARIO DE HOY, el 28/05/2013)

En las últimas semanas se han efectuado serios cuestionamientos al Gobierno respecto a diversos temas que resultan de vital importancia para la gobernabilidad, sobretodo para quienes creemos en la democracia y deseamos el desarrollo sostenible de la economía. Si bien es cierto, hasta hace poco vivíamos en relativa calma, hoy ya no es así, ello obedece a diversas razones, entre ellas: la convocatoria de UNASUR con el fin de apoyar a Maduro para que así asumiera la Presidencia de Venezuela, pese a las controversias del proceso electoral en el cual resultó electo; en simultáneo, se anunciaban las intenciones del Gobierno para la compra de Repsol, causando gran inquietud en el sector empresarial.
Posteriormente, las críticas se dirigieron en contra de la Dirección Nacional de Inteligencia, órgano al que se le acusa de realizar actos de espionaje a políticos y periodistas, rememorando acciones realizadas en el pasado Este hecho ha llamado la atención de la ciudadanía, sobretodo por la cercanía del coronel Adrián Villafuerte al despacho presidencial y a las altas esferas del poder. Otro aspecto a tomar en cuenta es el incremento considerable del presupuesto de la DINI, según el Presidente del Consejo de Ministros, el incremento estaría orientado a mejoras en la seguridad ciudadana De ser esto cierto: ¿Qué resultados se vienen observando? Pues, evidentemente, la inseguridad ha ido in crescendo, hasta ahora no se han capturado a los cabecillas del narcotráfico ni del terrorismo.
Otro tema muy importante que debería preocuparnos a todos los peruanos es la desaceleración de la economía, el llamado “piloto automático” viene sufriendo estragos. Esta situación se veía venir dado que la economía peruana reposa en las inversiones privadas realizadas en gobiernos anteriores a quienes hoy se les critica. La actitud del actual gobierno cuando surgen reclamos es la de culpar a las anteriores gestiones, sin realizar un mea culpa de quienes vienen trabajando en forma deficiente. Es que ¿la mejor defensa es el ataque? Creemos que en temas de gobierno, esa regla no es aplicable.
El Presidente de la República, luego de los cuestionamientos y críticas, ha anunciado que promoverá las inversiones privadas. ¿Ello no debió hacerse al inicio del gobierno? Pero, ello no basta, se debe buscar solución a los conflictos sociales, promoviendo la inversión privada en todos los sectores donde sea necesario. ¿Cuántos proyectos de inversión se han paralizado en los rubros de minería y energéticos? No solo se debe garantizar la popularidad del Presidente de la República con programas sociales, pues ello representa más gasto para el Estado. Este tipo de programas no son negativos, pero a la par debería preocuparse el Gobierno por promover la inversión privada, la misma que asegura puestos de trabajo y el ingreso de divisas a nuestra economía.

INSENSATEZ O CÁLCULO POLÍTICO (Publicado en el diario LA RAZÓN en el mes de abril del 2013)

En las últimas semanas y meses, hemos observado las declaraciones y actitudes del

Ministro de Defensa; continuos enfrentamientos con los congresistas de las bancadas

del Apra y de Fuerza 2011, culpando a dichos gobiernos por no haber hecho nada en

bien de las Fuerzas Armadas y responsabilizándolos del actual estado de los institutos

castrenses; estas afirmaciones han provocado una gran desazón al interior de las

bancadas y partidos políticos aludidos.

Un Ministro de Estado, al asumir la cartera, asume el activo y el pasivo de las gestiones

anteriores, debiendo comprometerse a trabajar y mejorar el nivel de su sector; es muy

probable que durante su gestión encuentre hechos que revelen actos de corrupción,

situación que debe ser investigada a profundidad. Pero, tratándose del sector defensa

hay que tener mucho cuidado en cómo se canaliza o se trata esta situación, tomando

en cuenta que se maneja información sensible y que cualquier circunstancia o

publicación podría afectar a la seguridad nacional; entonces, esto se debe tratar con

las reservas del caso y utilizando los canales correspondientes, evitando ventilar los

temas públicamente o –peor aun- generando enfrentamientos con acusaciones con un

final incierto.

Lo que reviste más gravedad es el anuncio público del titular de Defensa respecto

a sospechosas compras secretas por un monto de 3,200 millones de nuevos soles.

Si el Ministro hizo tales hallazgos, debió dar inicio al trámite o procedimiento que

corresponde ¿Qué pretende con tales declaraciones? Asimismo, ¿A quién afecta? Es

tan irresponsable que no ha reparado en que lo que está revelando es un “SECRETO”;

pareciera que no entiende cual es el tratamiento que debe dársele a información

clasificada como tal, más aun si compromete a nuestras Fuerzas Armadas y por ende a

la seguridad de la nación.

En definitiva, prejuicios personales como el odio, la venganza y el rencor no deben

comprometer –en lo absoluto- a la seguridad nacional, no es posible que un

funcionario del nivel de un Ministro de Estado no comprenda tal cosa, cuando un

profesional asume un cargo de esta naturaleza debe desprenderse de cualquier

ofuscación personal, cumpliendo a cabalidad la tarea por la cual prestó juramento,

sin pretender utilizar fallas o errores de gestiones anteriores para acusar a eventuales

rivales políticos.

Los aciertos o errores de las gestiones anteriores deben servir para mejorar las cosas

o corregir lo que se hizo mal, no para estar acusando o responsabilizando por la

situación actual; tampoco hay que dejar de tomar en cuenta que esta gobierno ya está

casi al final de su segundo año, pronto será una administración saliente y quizá sean

juzgados tal como ellos lo vienen haciendo; en este tiempo, se supone que ya se deben

observar algunos logros en la gestión, los errores debieron corregirse al inicio del

mandato, lo que no se observa. Esperamos, con sinceridad, que el Señor Presidente

Constitucional de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas adopte las

medidas correctivas pertinentes, más aun si su formación profesional es la de un

Oficial Superior del Ejército del Perú, con amplios conocimiento acerca del tratamiento

de la información clasificada.

¿OÍDOS SORDOS? (Publicado en el diario LA RAZÓN en el mes de abril del 2013)

En los últimos días pasados, nuestras principales autoridades se han visto enfrascadas

en “dimes y diretes” respecto a temas como: el indulto del ex presidente Fujimori y la

cuestionada norma del servicio militar. Lejos de buscar alternativas de solución para

dichos problemas que importan a toda la ciudadanía, observamos enfrentamientos

con claras muestras de soberbia e intransigencia, peor aún, los temas no son tratados

con la altura o importancia debida; hemos sido testigos de insultos y agravios entre

diversas autoridades, actitudes que los dejan mal parados y tan solo se pone de

manifiesto que algunos congresistas y ministros no tienen la capacidad para ocupar el

puesto que ocupan.

Respecto al tema del indulto al ex presidente Alberto Fujimori, la responsabilidad

central recae en el Presidente de la República, en el camino del proceso han surgido

una serie de hechos que llevaron a realizar declaraciones unas a favor otras en contra.

Somos conscientes que el asunto no es nada fácil y será una decisión muy complicada

para el Presidente el otorgar el indulto o denegarlo; definitivamente, sea cual fuere

la decisión que adopte, las consecuencias afectarían a su gobierno. Es por ello que ya

se están ensayando algunas salidas, como la anunciada por el Presidente del Consejo

de Ministros, quien ha señalado que el informe del indulto no necesariamente llegaría

a manos del Presidente para que tome la decisión; esta propuesta es apoyada por

la bancada oficialista, pretendiendo –de esta manera- blindar al primer mandatario,

evitando así un desgaste de su gobierno.

El otro tema candente es la norma del servicio militar “voluntario”, toda vez que se

realizará un sorteo para el llamamiento a dicho servicio; esta modalidad o sistema

es considerado por muchos como discriminatorio, ya que en el fondo los únicos que

realizarían dicho servicio serían los que menos tienen, ya que ello no podrán pagar

las multas. Es muy cierto que existe déficit de tropa en los institutos armados, es

por ello –probablemente- que se han visto obligados a emitir dicha norma, al no

encontrar forma de cubrir el mínimo de efectivo requerido; la situación se torna

más compleja aun toda vez que es menos atractivo para los jóvenes enrolarse en las

Fuerzas Armadas, obedeciendo a diversas razones, entre ellas: la pérdida de dos años

de sus vidas, egresando sin oficio ni beneficio; al respecto algo se viene haciendo

con el programa Beca 18 y las carreras técnicas que anuncian se impartirían durante

el periodo de servicio. A esto se suman las denuncias de maltratos al interior de las

instalaciones militares, la posibilidad de ser enviados o destacados al VRAEM para la

lucha contraterrorista; en ambos casos, se atentaría contra su dignidad, integridad

física y su vida misma.

Lo expuesto líneas arriba ha conllevado a una serie de entredichos entre los

congresistas de oposición y el Ministro de Defensa, a quien tildaron de poco tolerante

a las críticas y al diálogo en aras de mejorar la situación. Sucesos como este, no

es novedoso, ya que hemos observado que en los últimos gobiernos, algunos

funcionarios se creen dueños de la verdad y no aceptan crítica alguna. Modestamente

opinamos que toda crítica es útil, obviamente que esta debe guardar el respeto

y la consideración del caso, proponiendo alternativas de solución, sin críticas que

obedezcan a intereses particulares; de esta manera tendremos un crecimiento y

desarrollo armonioso y sostenible en todos los aspectos que impliquen el bienestar de

nuestro país.

EN BUSCA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA (Publicado en el diario LA RAZÓN en marzo del 2013)

El Señor Ministro del Interior, tras superar el intento de interpelación y

censura por parte de un grupo de Legisladores, hizo una serie de anuncios,

asegurando que se superará el problema de la inseguridad. Sin embargo,

dicho tema debería ser analizado en su real dimensión, de lo contrario

solo se estarían dando paliativos para salir del problema cuando se le

cuestione en hechos futuros; si bien es cierto que en los últimos días hemos

observado intervenciones resaltantes por parte de la Policía Nacional, dada la

magnitud del problema de la inseguridad ciudadana, estas no tendrían mayor

repercusión; esperamos que los efectivos que participaron en estos hechos,

donde fueron abatidos los delincuentes, no resulten siendo denunciados

y procesados; no nos olvidemos que existen abogados defensores de los

delincuentes, quienes recurren a argucias legales que son admitidas por jueces

y fiscales.

El problema de la inseguridad ciudadana no se resolverá tan solo con el

incremento de doce mil efectivos, conforme a lo señalado por el Ministro del

sector, quienes saldrán a las calles a fin de año, situación probablemente

cierta, ya que recientemente se está convocando a la admisión en las escuelas

técnicas a nivel nacional, quienes ingresen este año, egresarán dentro de tres

años, recién entonces se cumplirá con el anuncio; lo que se espera es que

reciban una adecuada preparación y capacitación, compromiso asumido por

las autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Por otro lado, se ha anunciado la adquisición de nuevos patrulleros, se

desconoce aún el número exacto, esperemos que no haya exceso de

patrulleros y falta de efectivos, debemos precisar que solo el 50% de efectivos

de una Comisaría se encuentra de servicio y el otro 50% se encuentra de

franco, muchas veces cumpliendo servicio particular. Del 50% de efectivos

en servicio, probablemente tan solo la mitad estén de turno, pues como es

lógico no trabajan las 24 horas seguidas. Se puede incrementar el número

de efectivos en las Comisarías, pero mientras no se resuelva el tema de la

exclusividad del servicio policial, no mejorará la calidad en el servicio en las

Comisarías. Nos preguntamos: ¿de quién dependerá esta situación?

También se ha señalado que las Juntas Vecinales evaluarán a los Comisarios

en forma trimestral. No está mal que se evalúe, pero para ello las instalaciones

policiales deben estar dotadas de la logística y personal necesarios, de

lo contrario sería pedir imposibles. Según los reportes de la Defensoría

del Pueblo respecto a la situación de las Comisarías, éstas no cuentan

con equipos de cómputo actualizados, no tienen acceso a RENIEC ni a

los sistemas de antecedentes y requisitorias; con todas estas dificultades

¿cómo se pueden presentar a una evaluación y calificación? Y, esto no

es responsabilidad del Comisario y sus efectivos, sino de las más altas

autoridades policiales y políticas.

Finalmente, debemos referirnos al aspecto legal: No es necesario incrementar

o endurecer las penas, sino dotar de las herramientas legales necesarias y

adecuadas a los efectivos policiales a fin de mejorar su accionar. Para ello,

debemos corregir algunos artículos del Código Procesal Penal y algunas

normas internas como el Manual de Derechos Humanos aplicado a la función

policial, los cuales son utilizados para denunciar y procesar a los efectivos

policiales que, por proteger a la ciudadanía, hacen uso de sus armas de

reglamento en contra de los delincuentes.

¿REVOCATORIA MAQUIAVÉLICA? (Publicado en el diario LA RAZÓN en marzo del 2013)

El proceso de revocatoria al que han sido sometidos las autoridades municipales,

más allá de los resultados, nos han demostrado varios hechos que bien valdrían

ser analizados con mayor detenimiento por aquellos que ocupan cargos de elección

popular. Hoy en día, es completamente legítimo que un sector de la población recurra

a este mecanismo cuando la autoridad elegida ha perdido su simpatía o por incumplir

sus promesas electorales.

Este proceso debería provocar o causar una seria reflexión por parte de la autoridad

elegida, inclusive desde el mismo instante en que se adquiere el llamado "kit electoral"

para la recolección de firmas; se debe procurar corregir los errores o faltas que

se estarían cometiendo y que provocan el descontento en la ciudadanía, evitando

con ello gastos y procesos innecesarios, dejando de lado -también- la soberbia, la

intolerancia, enmarcando sus actos dentro de lo correcto e inequívoco; sabemos que

una autoridad es un ser humano y como tal está proclive a equivocarse, pero también

debe actuar con hidalguía y reconocer y enmendar los errores.

Lo que ha caracterizado al reciente proceso de revocatoria llevado a cabo en Lima

Metropolitana son los deslices, agravios y acusaciones entre ambos grupos, que más

allá de fortalecer la revocatoria, descendió a niveles que no valen la leña comentar.

La ciudadanía capitalina esperaba exposición de motivos, a favor o en contra, que

conlleven a tomar una acertada decisión al momento de elegir; los agravios e insultos

enturbiaron el proceso y desnaturalizaron las verdaderas razones e interés de

revocadores y revocados.

Adicional a lo ya expuesto, se presentaron dos hechos que deberían ser tomados en

cuenta, aunque hayan pasado desapercibidos para muchos: el seguimiento hecho a

Patricia Juárez, una de las principales voceras de quienes promovían la revocatoria,

inclusive se hizo público un video donde se le observaba abandonar la residencia de

Luis Castañeda, dicha filmación se aprecia que fue realizada desde el interior de un

vehículo; por otro lado, la publicación de los audios del ex alcalde Luis Castañeda.

Nos preguntamos: ¿a quién le interesa conocer las actividades de Patricia Juárez, o

conocer las comunicaciones de Luis Castañeda? Por otro lado: ¿cuánto de recursos

se destinaron a estas actividades y de dónde provino su financiamiento? Todos

sabemos que hechos como los descritos están al margen de la ley y constituyen delito.

¿Cuál era el objetivo de este juego sucio? Suponemos que sacarse la contienda al

oponente, destinando para ello cuantiosas sumas de dinero; recordemos -además-

que hechos como estos fueron duramente cuestionados por quienes aparentemente

hoy lo practican. Pareciera que, las ansias por permanecer en el cargo o destruir

al oponente hacen que se recurra a cualquier medio para conseguir dicho objetivo,

aplicando la ya conocida frase "el fin justifica los medios".

¿CEGUERA POLÍTICA? (Publicado en el Diario LA RAZÓN en marzo de 2013)

Durante los últimos gobiernos se ha hecho costumbre el negar todo lo que la población

en general percibe; la ciudadanía exige explicaciones o cambios frente a determinados

problemas, sobre todo al recordar los ofrecimientos hechos en la campaña electoral, muy

en especial el cambio y la transformación. Junto a la negación de lo evidente, aparecen

“escuderos” tratando de defender hasta lo indefendible, culpando -a quienes reclaman o

exigen el cumplimiento de las promesas- de atentar contra la democracia y la gobernabilidad.

La doble moral de algunos o muchos políticos es uno de los grandes males que tanto daño

ocasiona al pueblo peruano; cuando se gobierna, aparentemente lo malo se convierte en

bueno; quienes antes reclamaban o censuraban, hoy –en el gobierno- consideran que el

reclamo y la censura atenta contra el buen gobierno.

Nadie es ajeno al problema de la inseguridad, a diario somos testigos de constantes hechos

delictivos cada vez más violentos; pero, el gobierno es ajeno frente al clamor de la población.

Luego de la interpelación al Ministro del Interior, quien no convenció con su exposición a

la representación nacional, un sector de legisladores ahora pide su censura, así como la

interpelación al Presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué sucedió para llegar a este extremo?

Simplemente, la intransigencia y terquedad del gobierno para retirar o cambiar al Director

General de la Policía Nacional; quizá si el pedido era aceptado en su oportunidad, hoy la

situación sería distinta.

El respaldo y la defensa del Director General de la Policía Nacional, pese a los serios

cuestionamientos, ha tenido un costo muy alto, inclusive los representantes del oficialismo

reconocen su equivocación. Si a ello le sumamos casi dos años de gobierno con promesas

electorales incumplidas, tan solo limitándose a responsabilizar a los gobiernos anteriores

respecto al grave problema de la inseguridad, no hay ningún resultado positivo a la vista;

consideramos que ya basta de frases como: “estamos haciendo”, “estamos gestionando”,

“estamos coordinando”, etc. ¿Dónde están los resultados?

Es necesario seguir insistiendo que, para enfrentar el problema de la inseguridad, se necesitan

diseñar políticas de estado a corto, mediano y largo plazo, involucrando a todos los sectores

comprometidos en este tema, bajo el liderazgo y la responsabilidad del Gobierno. La Policía –y

su Director General- no son los únicos responsables de los aciertos o desaciertos; por ejemplo:

¿cuál es la responsabilidad del Poder Judicial y del Ministerio Público? Pareciera que hasta

ahora no asumen su responsabilidad, observamos en los medios de comunicación que los

autores de hechos violentos o delincuentes capturados en flagrante delito, a los pocos días

son puestos en libertad. En ese panorama, ¿cómo erradicar el problema de la inseguridad en

la población? Esperamos, sinceramente, que nuestras autoridades tomen plena conciencia y

adopten las medidas que la situación amerita.

Se buscan responsables de la inseguridad (Publicado el Miércoles, 06 Marzo 2013)

El problema de la inseguridad no es exclusivo de la ciudad capital, también se ha extendido y generalizado a nivel nacional; prueba de ello son los asaltos a mano armada y asesinatos a pedido que se vienen registrando en diversas zonas del país; y, como era de esperarse, estos hechos generaron serios cuestionamientos a la actuación de los principales responsables: el Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional, llegando, inclusive, al presidente del Consejo de Ministros y al propio Presidente de la República.

El problema de la seguridad –en definitiva– debe ser solucionado en forma integral, con normas adecuadas que engloben a todos los sectores involucrados en el tema, ya que no es responsabilidad solo de uno o dos sectores.

Al hablar de la mejora de la normativa, no necesariamente nos referimos a incrementar penas, sino a mejorar la legislación penal y procesal penal, tomando en consideración que quien previene e investiga el delito es la Policía Nacional.

Sin embargo, se les ha limitado dichas prerrogativas; a ello debemos sumar el Manual de Derechos Humanos aplicado a la función policial, donde se establece la actuación policial en las intervenciones que realicen. Frente a ello, el delincuente con suma facilidad puede acribillar a los policías que cumplen su servicio. Entonces, ¿cómo esperamos un mejor servicio? El efectivo policial está condicionado y es pasible de deméritos en su carrera y sanciones administrativas o penales, es por ello que la actual actitud del efectivo policial es totalmente pasiva o reactiva en vez de proactiva.

Ola creciente de la delincuencia

El problema de la delincuencia e inseguridad ciudadana no es un tema nuevo, data de varios años; pero recién se ha tomado conciencia de los hechos y se viene solicitando reuniones con el presidente del Congreso para abordar el asunto, así como para gestionar la aprobación de normas y asignarle a la Policía Nacional y al Ministerio Público las herramientas legales necesarias para su normal desempeño en contra de este flagelo.

Recordemos que, al asumir el cargo, el Presidente de la República mencionó que personalmente estaría a cargo del Consejo de Seguridad, ahora el Ministro del Interior vuelve a asumir la responsabilidad; no nos explicamos como un ministro establece planes y programas y luego viene otro y simplemente los elimina, indicando que está evaluando y que la suspensión no necesariamente incide en el incremento o disminución de la ola delincuencial porque ya se están incrementando más efectivos policiales.

No entendemos las razones por las cuales se ha desactivado una importante dependencia que tenía a su cargo la seguridad de los bancos, esta unidad y sus efectivos patrullaban las zonas donde se efectúan las transacciones comerciales y siempre actuaban de inmediato ante una alerta; sin duda, su desactivación ha traído más problemas que soluciones. Nos resistimos a pensar que existe un interés subalterno de alguien vinculado a las empresas de seguridad particular; los bancos no tienen otra opción que recurrir a ellos. ¿Cuál habrá sido el verdadero motivo? Esperamos sinceramente que la situación se corrija en aras de la seguridad y tranquilidad públicas.

El crimen avanza ¿Y la Policía?

Las bandas de sicarios, en su mayoría, están conformados por delincuentes juveniles, quienes fácilmente se involucran por la manera fácil de conseguir dinero, aparentemente a menor riesgo o esfuerzo. A diario observamos en los medios de comunicación, asesinatos cuyos móviles serían la venganza o simples ajustes de cuentas, con razones diversas: problemas sentimentales, control sobre determinadas obras de construcción, control sobre determinadas zonas urbanas o el tráfico ilícito de drogas.

Por otro lado, es necesario mejorar el Nuevo Código Procesal Penal, por cuanto al otorgarle la titularidad de la investigación preliminar al Ministerio Público, se limita el accionar de la Policía, quienes tienen a su cargo –o como función– la prevención e investigación de los delitos; actualmente, se presentan ciertas limitaciones, por ejemplo: no se puede intervenir a una persona si ésta no se encuentra inmersa en la flagrancia del delito o exista mandato judicial de detención.

Recientemente, el ministro del Interior ha mencionado que los nuevos comisarios serán aquellos que cumplan con un determinado perfil y que no estén más de dos años en dicho cargo, quienes no tengan buena relación con la autoridad municipal serán cambiados; bajo esta lógica debería aplicarse el mismo criterio en los otros grados o puesto más altos, así tenemos que el actual Director General fue cuestionado por varios hechos, hay hasta un congresista suspendido por uno de ellos, en consecuencia, gran sector de los efectivos policiales no está conforme con la administración de la Dirección General, máxime si el actual Director General se encuentra más de dos años en el cargo.

Falta de liderazgo y unidad de criterio

Hemos sido testigos de que en el Poder Ejecutivo no todos hablan el mismo idioma, nos referimos a los comentarios efectuados respecto a las deudas pendientes correspondientes al pago de papeletas de infracción al Reglamento de Tránsito; mientras el Director General de la Policía Nacional y el Ministro del Interior se manifestaron aduciendo que no deberían ser canceladas, proponiendo para ello realizar las coordinaciones entre autoridades para poder subsanar esta situación; por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros les enmendó la plana señalando que sí deben ser pagadas dichas deudas.

En este contexto, debemos detenernos a analizar las normas sobre mejoras económicas o nivelación de sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ya que desde su publicación se han advertido una serie de errores e incongruencias, situación que viene llevando a los afectados a solicitar la inconstitucionalidad de las normas. Frente a los diversos cuestionamientos, el Presidente de la República dispuso la corrección de dichos errores; el mensaje que ello nos trae es que el Jefe Supremo de las FFAA y PNP estuvo al margen de las normas emitidas o que quienes formularon dichas normas desconocían el tema y el manejo de estos sectores.

Por otro lado, que no se ha tomado en cuenta la intención o disposición del mandatario, ya que el anuncio estuvo referido a un acto de reivindicación de más de tres décadas; sin embargo, las normas que se emitieron no reflejan nada de ello, muy por el contrario, es más de lo mismo, con el agregado que se han privado de algunos derechos adquiridos a los discapacitados y a los Héroes del Cenepa.

¿Quién entiende a las autoridades chilenas?

El presidente del vecino país del sur y sus principales autoridades, con autoridades peruanas, se comprometieron a acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto del diferendo marítimo a la espera de solución, esta situación se contradice con lo ofrecido a Bolivia, a quien se le ha ofrecido un acceso al océano Pacífico, responsabilizando al Perú de la entrega o no de dicho beneficio.

En principio, el gobierno chileno no tiene derecho para ofrecer a Bolivia algún territorio que sea o haya sido peruano, debería ofrecer una salida por la zona que fue arrebatada al país altiplánico; es decir, Bolivia tendría un enclave en donde antes fue su territorio y no en un espacio que fue territorio peruano.

La actitud de las autoridades chilenas es del todo desleal y poco amistosa frente a los compromisos asumidos y declaraciones realizadas.

El tema del diferendo marítimo –sin duda- es muy delicado, por ello las autoridades de nuestro país deben tomarlo con extrema cautela, pues no basta haber judicializado el asunto en La Haya y haber sustentado brillantemente la posición peruana en busca del reconocimiento de lo que por derecho nos corresponde, lo que nos queda es la búsqueda de mecanismos para hacer que el fallo sea acatado por Chile.

¿Modernizando la (in)seguridad?

Sin duda alguna es anhelo de todos el gozo de una tranquilidad plena, con la certeza de que nada malo le ocurrirá, siendo así, la sensación de inseguridad debería ser mínima; sin embargo, la realidad es abismalmente distinta, pues lejos de la reducción de la inseguridad, ésta se incrementa, los riesgos son cada vez mayores, transitar por las calles es un verdadero peligro.

El Estado, principal promotor y encargado de la seguridad de la sociedad, debe dotar permanentemente de todos los instrumentos y recursos necesarios para que quienes se encargan de brindar seguridad cumplan con su tarea a cabalidad, conforme esperamos todos los peruanos, pero sin recursos ni condiciones óptimas, ¿cómo podemos exigir seguridad? El tema de la seguridad necesariamente involucra a varios entes que deberían trabajar hacia un mismo objetivo, para ello se deberá diseñar una política de seguridad nacional, en la misma deberán contemplarse las responsabilidades y tareas que cada uno debe cumplir. En la actualidad observamos que desde las más altas esferas del poder estatal –puntualmente el Ejecutivo- no se viene cumpliendo con dotar o equipar como es debido a las instituciones tutelares hace dos décadas, habiéndose sumido dichas instituciones en el total abandono. Frente a esta situación, ¿qué seguridad podremos tener?

¿Elegidos para servir o para servirse?

Los “padres de la patria” demostraron que están de espaldas a la sociedad y lo único que les interesaría es beneficiarse y conseguir jugosos ingresos, pese a los cuestionamientos y críticas de diversos sectores, persistieron en ratificar y justificar el cuestionado bono de representación, argumentando que lo necesitan para mejorar su trabajo. Nos preguntamos qué trabajo. Más allá de cuestiones mediáticas y actos censurables no se avizora mayor cosa.

Un parlamentario señaló que si queremos tener un Congreso eficaz, debemos pagarles bien a los legisladores. ¿Es que el Congreso es una agencia de empleos? Los parlamentarios no son trabajadores, son representantes de la población, elegidos para servir al pueblo. Se supone que quien postula a un cargo de esta naturaleza lo hace por convicción propia, para servir y no para servirse. ¿Dónde quedaron las promesas de la campaña?

De ser cierto que la asignación de representación no es suficiente, lo primero que deberían demostrar es su desempeño para luego justificar que realmente necesitan un incremento en su asignación.

Se postergan importantes temas para nuestro país y que dependen del Legislativo, por ejemplo: elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del defensor del Pueblo; por otro lado, temas fundamentales como la seguridad, salud y educación. La población está hastiada de que al tratar estos temas se enfrasquen en discusiones nada productivas o –simplemente- se encarpeten proyectos de ley que deberían ser discutidos con suma urgencia. Hemos visto que para aprobar y ratificar beneficios económicos personales sí son capaces de actuar con agilidad y diligencia, ya quisiéramos esa misma actitud cuando se traten otros asuntos.

Norma con yerros (Publicado el 09 de enero de 2013)

El Frente de Lucha Militar-Policial ha dirigido una misiva al presidente del Congreso en la que solicita tenga a bien revisar las normas emitidas por el Poder Ejecutivo respecto a la modernización de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, considerando que dichas normas son inconstitucionales y atentan contra los derechos adquiridos.

La Policía Nacional del Perú ha venido celebrando –desde hace 24 años– su aniversario cada 06 de diciembre, correspondiendo dicha fecha a la creación de esa institución; pero, la nueva norma ha cambiado la fecha al 30 de agosto, evidenciando un deseo de algún funcionario procedente de la ex Guardia Civil; ¿cuál será el sentir de quienes proceden de la ex Guardia Republicana y la ex Policía de Investigaciones? Por otro lado, en dicha norma se establecen que los grados de los oficiales son: Teniente General, General, Coronel, Comandante, Mayor, Capitán, Teniente y Alférez; sin embargo, en algunos artículos relacionados a ciertos cargos que deben ser asumidos por Oficiales hacen referencia al grado de “Teniente Coronel”, grado inexistente en la PNP, correspondiendo a un grado del Ejército del Perú. Una muestra más de la improvisación ¿Otra fe de erratas?

En la nueva norma se han creado especialidades, pero se contrapone cuando se exigen requisitos que debe cumplir un Oficial en un determinado grado para poder ascender, como es haber pasado por una unidad administrativa o por una comisaría para alcanzar cierto puntaje, marcando la diferencia entre los oficiales; entonces, las especialidades no sirven de nada, ya que todos deben pasar por diferentes dependencias para llegar al máximo puntaje y lograr ser promovido.

Tareas pendientes

Hace pocos días, en la ceremonia de clausura del año académico de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, el Presidente de la República expresó que existe un gran déficit de efectivos policiales, toda vez que la población va en incremento y la seguridad ciudadana cada día es más caótica debido al aumento de los índices de delincuencia en todos los niveles. 

En los últimos 20 años la población peruana ha crecido enormemente, tanto así que la ciudad capital rebasa los 8 millones de habitantes; sin embargo, los efectivos policiales no se han incrementado y, este déficit afecta a la seguridad ciudadana como se observa en el alto índice de delincuencia. 

La Defensoría del Pueblo, por su parte, en su informe del pasado mes de noviembre señala que existen 230 conflictos sociales (18 activos y 62 latentes) que se registran a nivel nacional, estas cifras se diferencian mucho de las presentadas por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, quienes de modo muy optimista solo ha identificado 66 conflictos sociales por resolver y 20 resueltos hasta el mes de noviembre pasado. 

El Gobierno debe adoptar urgentes medidas que solucionen este tipo de problemas que tanto daño ocasiona a nuestro país, no bastan los mensajes de aliento y tranquilidad, es evidente que la delincuencia se incrementa día a día, para lo cual todas las instituciones del Estado deben trabajar articuladamente para hacer frente a esta lacra social y tratar de erradicarla.