Seguridad, problema complejo

El tema de la seguridad es muy amplio y complicado, más aún si no existe voluntad para darle la importancia que se merece. La seguridad no solo corresponde a un sector del Estado, depende de la voluntad y entereza de muchos actores; recae la máxima responsabilidad en quien conduce los destinos de nuestro país, con el apoyo de los altos funcionarios encargados de ello. Hace poco -en setiembre- el Congreso otorgó facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad y, dentro de ello, se encontraría la reforma de las instituciones militares y policiales. Pero ha dejado de lado cuestiones no menos importantes.

Los fenómenos sociales que afectan a la seguridad en nuestro país, son terrorismo, tráfico de drogas, delincuencia común, corrupción, entre otros; esto impide el desarrollo. Nos preguntamos ¿qué factores facilitan o permiten estos fenómenos? ¿Cuántas normas dictó el Ejecutivo en los últimos 90 días en materia de seguridad y para combatir estas lacras? La solicitud de facultades para legislar en materia de seguridad y haberse limitado a emitir normas que tan solo atañen a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional nos deja la impresión que sólo dependería de estas instituciones la seguridad, dándonos a entender que con las reformas efectuadas se solucionará automáticamente el problema; nada más falso.

Lo primero que se necesita es una política pública coherente de lucha contra este fenómeno, obviamente con el compromiso de toda la ciudadanía; esta política debe estar reflejada en normas que permitan que cada actor realice la labor que le corresponde, con los instrumentos necesarios y que sean complementarios unos a otros, sin contradicciones.

Nueva estructura de ingresos del personal militar y policial

Los policías y militares de nuestro país esperaban la norma respecto del incremento y nivelación salarial, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y policía señaló en un reciente discurso que con normas de este tipo se reivindica a los uniformados luego de 30 años de postergación. Pero, ¿la norma es realmente beneficiosa? Opinamos que no, pues no se ha establecido a cuánto ascenderá el sueldo de un oficial de máxima jerarquía, que servirá para hacer el cálculo de los sueldos del resto del personal acorde con sus respectivos grados. Ahora, la pregunta es ¿cuál será el sueldo después de 5 etapas?

Se anunció que las diferencias entre los sueldos de grado a grado se corregirían y que serían más justos, pero si observamos la escala de los nuevos salarios, no es así. Según el Decreto Legislativo 1132, del 100% del sueldo del oficial de más alto grado, el 80% percibirá un coronel y un 49% un comandante, manteniendo así la larga diferencia entre estos dos grados.

Lo único rescatable es la unificación de los conceptos que tenían los uniformados como asignación salarial, así como nivelar los sueldos entre todas las instituciones armadas y la PNP; sin embargo, lo que nos queda claro es que la remuneración consolidada será integrada por etapas, esto quiere decir que no se integrará en un solo acto.

De acuerdo con la segunda disposición complementaria, los aumentos se implementarán progresivamente durante cinco años, dichos montos y la oportunidad de su implementación serán determinados mediante resoluciones supremas, que tomará en consideración la equiparación de las remuneraciones, la integración de la remuneración y estará de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria del Estado.

Semana crucial

Esta semana es crucial para nuestro país en la Corte de La Haya, en la cual nuestros representantes exponen los alegatos de defensa en el diferendo marítimo pendiente con el país del sur, se sustentarán los intereses que tenemos, amparados en el derecho internacional al cual están sujetos todos los países integrantes de la comunidad internacional.

Algunos especialistas observan este acontecimiento con cierto triunfalismo, pero es necesario mantener la calma y actuar con prudencia, firmes en nuestra posición; debemos de tener en cuenta que Chile adoptó una serie de estrategias buscando –inclusive– presionar a la Corte, con la finalidad de obtener una sentencia favorable; no olvidemos que el Secretario General de la OEA es de nacionalidad chilena.

A lo largo de nuestra historia siempre hemos pecado de ser demasiado confiados, es por ello que hemos perdido gran parte de nuestro territorio en la guerra con Chile; recordemos que el problema se inició con Bolivia y nosotros por ayudarlos nos involucramos para luego ser dejados solos con dicho problema.

En el conflicto de Las Malvinas, apoyamos a Argentina con nuestra Fuerza Aérea; pero ¿cuál fue el apoyo que nos brindaron en el conflicto con el Ecuador? Nada más y nada menos que vendiendo armas a este país en pleno conflicto armado; este hecho nefasto fue el agradecimiento que recibimos.

Policía Nacional, delincuencia y corrupción

Con profunda preocupación hemos sido testigos de cómo algunos miembros de la Policía Nacional, institución que vela por la seguridad de la ciudadanía, lejos de combatir el flagelo de la delincuencia, contribuyen a ella. El problema –probablemente– sea mayor a lo que hasta ahora conocemos, se comenta que habría otros implicados en dicha institución; nos preguntamos: ¿cuántos más de estos sujetos existen al interior de la PNP?, quizá muchos; pero ¿por qué sujetos como éstos forman parte de la Policía?, una respuesta fácil sería que en todas las instituciones puede haber delincuentes; todo ello como consecuencia de un problema mayor: la corrupción, principal factor que facilita sucesos como el descrito.

Este problema parte del propio Estado, al no establecer políticas claras, sobre todo en este aspecto primordial, la seguridad ciudadana; cuántos años se posterga la implementación de nuestra Policía; asimismo, los magros sueldos, o simplemente leyes que más favorecen al delincuente que al efectivo, sin garantía en el cumplimiento de su deber.

Nadie o pocos serán quienes se desempeñarán correctamente en dicha situación, ello abre la puerta para que, aquellos con tendencias delictivas, opten por el camino equivocado.

En definitiva, el problema no es solo de una institución, es mucho más grande. Los responsables no se manifiestan, ni siquiera para proponer alternativas de solución.

Terrorismo, falta de previsión y Movadef

La ausencia de previsión ha hecho que hoy exista Movadef; tanto las autoridades como la sociedad peruana creímos que con la captura del terrorista Abimael Guzmán y su reclusión en un penal de máxima seguridad se había exterminado la lacra del terrorismo. Luego de ello, se debieron dictar normas severas contra la delincuencia terrorista; sin embargo, a partir del 2001 se inició la liberación de un gran número de condenados por terrorismo, en virtud a leyes más benévolas dictadas por los gobiernos de ese entonces.

Las autoridades no previeron las consecuencias que podrían presentarse. Se flexibilizaron las leyes contra el terrorismo, beneficiando a muchos delincuentes, quienes aceptaron el haber cometido el delito como la condena impuesta; a pesar de ello, fueron puestos en libertad y retomaron las actividades que realizaban hasta antes de ser detenidos. Esta situación –lógicamente– fue aprovechada, por ejemplo, por quienes ejercían la docencia, quienes ahora conforman Movadef.

La creación de esta organización no es una coincidencia, sino el cumplimiento de una consigna de Abimael Guzmán, aspirando a convertirse en partido político con reconocimiento del Estado Peruano.

Para hacer frente a este problema se requieren políticas públicas coherentes, el Ejecutivo debe tener clara la idea de luchar contra el terrorismo en todas sus modalidades; por su parte el Legislativo deberá emitir leyes claras, sin ambigüedades, para luchar contra este flagelo; y, lo más importante, el Poder Judicial deberá aplicar estas herramientas legales al juzgar a quienes se vean involucrados en la comisión de este tipo de delitos.

La “criatura” de Sendero Luminoso

Es lamentable observar que un sector de la población padeciera de amnesia respecto a la organización terrorista Sendero Luminoso y su organismo de fachada Movadef, echando al olvido las miles de pérdidas humanas, destrucción de gran parte de la infraestructura, millonarias pérdidas, llevando al Perú a sumirse en una profunda crisis. Ahora, se pretende que este organismo tenga cobertura en la vida política y que pretenda participar en las contiendas electorales.

Los integrantes del Movadef obedecen las directivas de su líder encarcelado, rediseñando nuevas estrategias para el logro de sus objetivos.

Es inexplicable la actitud de un ex primer ministro y actual representante del Perú en Unasur, a quien no se le ocurrió mejor idea que ofrecer la oportunidad al Movadef de participar en las próximas elecciones.

Quienes piensan o creen que el Movadef debería tener la oportunidad de participar en la vida política, probablemente nunca vivieron los sucesos de violencia de esa época o, simplemente, lo han olvidado, o no les interesan los sentimientos de las víctimas y sus familiares; ¿es que nada de eso les importa?

El gobierno solicitó facultades para legislar en materia de seguridad, es de suponer que esta oportunidad debe ser aprovechada para diseñar políticas de lucha contra el terrorismo en todas sus modalidades. El Ejecutivo tiene total responsabilidad en este tema y no solo debe pensar en el periodo que les toque gobernar, sino debería diseñar políticas que traspasen los gobiernos, tomando en cuenta que Sendero trabaja hace años y no va a desmayar en sus intentos durante los próximos años, menos aún si se le da la oportunidad que piden.

¡Más responsabilidad, señores!

El actual gobierno va camino a su segundo año de gestión y –hasta ahora– no da muestras de decisiones acertadas en la mejora de la seguridad interna y externa, más aun si consideramos la formación castrense del mandatario, por tanto conocedor de los aspectos de la seguridad que nuestro país requiere para continuar con el avance y el desarrollo nacional. No se evidencian avances en estos tan importantes temas, tan solo se pone de manifiesto que no se pueden exigir resultados en tan corto tiempo; por ello, el ejecutivo solicitó facultades legislativas a fin de combatir la ola delincuencial y el terrorismo.

Al no existir política de estado en seguridad y defensa, las políticas públicas devienen en incoherentes, amén de la aplicación por las autoridades o funcionarios; por eso apreciamos que el mandatario anuncia que se toman las medidas adecuadas, pero a menor nivel se hace todo lo contrario y lo que agrava la situación es el secreto en el cual se pretenden mantener las informaciones. Gracias a la prensa, por ejemplo, hemos descubierto que el entonces embajador en Argentina recibió a los representantes del Movadef, quienes forman parte de la organización terrorista Sendero Luminoso.

La lección que nos debe dejar estas situaciones sería que dejemos de lado los intereses personales y nos enrumbemos hacia un solo objetivo, a nivel de autoridades, clase política y el pueblo. Las autoridades son elegidas para servir y no para servirse, son innumerables los actos de irresponsabilidad –por decir lo menos– que dejan mucho que pensar o desear.

Buscando responsables

Los hechos suscitados el jueves en el Mercado Mayorista La Parada demostraron la intransigencia de algunas personas que se niegan a cumplir las normas y ordenanzas en beneficio de la sociedad. Se ha observado que algunos dirigentes de los comerciantes presionaban a sus colegas para no dejar el comercio en esta zona y no se les ocurrió una mejor idea que hacer causa común y contratar a delincuentes para enfrentarse a la policía.

Este problema nace con las marchas y contramarchas de las autoridades municipales. Recordemos que en la anterior gestión no se produjeron manifestaciones de este tipo cuando se referían al traslado de los comerciantes mayoristas al nuevo local ubicado en Santa Anita, pero a raíz de que la nueva administración señalara que este último local se encontraba inconcluso y que no estaba acorde con los que Lima requería, los comerciantes iniciaron una serie de argucias con la intención de no abandonar lo que ellos consideran como suyo.

Han transcurrido casi dos años de la actual gestión y a lo largo de este tiempo se fueron señalando diversas fechas para el traslado; en algún momento se llegó a afirmar que no habría traslado y que La Parada se convertiría en un mercado minorista.

Luego del operativo del sábado, vemos que las marchas y contramarchas continúan; la autoridad edil, si bien felicita el accionar de la policía, respecto del despliegue policial, lo deja al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional en la persona de su director general, que niega haber realizado coordinaciones con la alcaldesa. Entonces, ¿quién será el responsable del fracaso del primer operativo? Una vez más nos damos cuenta que la improvisación impera, sin tomar en cuenta las graves consecuencias que podría acarrear.

Lucha contra la corrupción, tarea pendiente (PUBLICADO EL 24/10/2012)

Cada día nos convencemos más que uno de los principales problemas que nos aqueja es el de la corrupción en todos los niveles del Estado, no es exclusividad de una institución o un sector, es un problema que nos incumbe a todos; este problema se agudiza cuando está vinculado a las esferas del Gobierno, pues son ellos quienes deben combatir este flagelo, pero en algunos casos son los actores principales, los apoyan o los avalan con excusas –en la mayoría de los casos- inexplicables.

Mientras la corrupción no sea desterrada, no podremos avanzar como país. Con mucha pena observamos que la ley no es igual para todos y esta debe ser cumplida y respetada por las autoridades que se encargan de hacerla cumplir y de los ciudadanos que se encargan de cumplirla.

En las últimas semanas se han suscitado hechos que acrecientan la desconfianza en las autoridades, podemos citar la sentencia a la congresista Cecilia Chacón, quien con todo derecho ha salido a cuestionar el fallo, manifestando que ha sido sentenciada sin que prueben la comisión del delito.

Similar caso es el del legislador Amado Romero, a quien tristemente se le ha bautizado como “Comeoro”, cuando el Poder Judicial solicitó autorización al Congreso para levantar su secreto bancario simplemente fue denegado, pese a los antecedentes y claros indicios.

A lo expuesto podríamos agregar el tema de las salidas del hermano del presidente de la República del penal Piedras Gordas en diciembre. Según imágenes difundidas por los medios, no obedecieron a problemas de salud, sino más bien a su condición de familiar del mandatario. Esperamos sinceramente una explicación –coherente- acerca de este suceso.

Vraem para rato

Estamos acostumbrados a que el actual gobierno anuncie las medidas que se están tomando en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en la zona del Vraem; sin embargo, la realidad demuestra todo lo contrario. Hasta el momento no se tienen resultados positivos o indicios que señalen qué se hace frente a este grave problema, con la debida responsabilidad, con políticas públicas coherentes; pareciera que son solo anuncios y nada concreto.

El presidente del Consejo de Ministros ha cometido un gran yerro en sus declaraciones acerca del atentado al Aeródromo de Kiteni; una autoridad de ese nivel no puede cometer este tipo de errores, es lamentable la justificación de una inacción, una falta de voluntad política y la ausencia de una decisión acertada para enfrentar el problema que, lejos de solucionar, se viene agudizando. No es posible que, en casi dos semanas, se hayan perpetrado dos atentados, uno en contra de la seguridad energética del país que atenta contra la economía; y, el otro que ha abatido la vida de dos efectivos policiales.

El primer atentado fue una acción realizada por los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso, el segundo parece un hecho más vinculado al narcotráfico. Ambos hechos ponen en evidencia la actitud delincuencial y el grado de inseguridad y violencia que vive esa zona de nuestro país.

Se hace muy necesario que la Comisión de Defensa, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, del Congreso muestre más interés por el tema, así como encargarse de fiscalizar los presupuestos asignados para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el Vraem.

Gobierno y lucha contra el terrorismo

Uno de los principales problemas en nuestro país en el ámbito de la seguridad es el terrorismo y su alianza con el narcotráfico; es muy necesario que el gobierno adopte medidas concretas para contrarrestar este flagelo. En diversas presentaciones, el mandatario ha sostenido que gran parte de este problema se debe al descuido de los gobiernos que lo antecedieron; pero es bueno recordar que ya lleva más de un año al frente de la nación y aún no hay logros en la lucha contra el narcoterrorismo.

No basta con revisar las leyes contra el terrorismo, se requieren políticas de estado, la lucha contra el terrorismo no solo compete a un sector, sino a todos, luchando también contra los factores que favorezcan las condiciones para que este problema se agudice más y más.

En el ámbito de la seguridad –interna y externa– existen muchos problemas por resolver y espacios por recuperar; para nadie es ajeno que nuestras instituciones encargadas de estos temas fueron relegadas durante los últimos años, cosa que el actual gobierno también hace. Nos preguntamos: ¿dónde está la modernización?, ¿se ha cumplido con la repotenciación?, ¿cuáles son las nuevas estrategias para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico?

Todos conocemos el viraje que le permitió a Humala ganar las elecciones, pareciera que hoy le pasa la factura, el terrorismo y el narcotráfico no han menguado, hoy somos considerados el principal productor de droga a nivel mundial; los problemas sociales se agudizan cada día más: ¿cuánto tiempo llevan los profesores en huelga?, hoy se han sumado los médicos; el conflicto de Conga parece no tener fin; se ha producido un nuevo atentado contra las instalaciones de Techín. Esto desalienta, ahuyenta a la inversión y desacelera el crecimiento económico de nuestro país.

Chile y el mar

Hace unos días, el mandatario chileno Sebastián Piñera manifestó que defenderá el mar con todos los medios y la fuerza necesaria, esto en respuesta a la pretensión boliviana de tener acceso al mar. En la era del mercado global se hace muy necesario contar con un acceso al océano, debido a que por este medio se transporta la mayor parte del comercio internacional, constituyendo un factor primordial para el desarrollo de un país, por ello es entendible que Bolivia tenga esa pretensión, máxime si en el pasado contaba con territorio litoral, arrebatado por quien hoy les niega esta demanda.

Las declaraciones del presidente sureño no hacen más que poner en evidencia las verdaderas intenciones en la política armamentista que aplica este país vecino; es decir, más allá de entablar un diálogo en búsqueda de mecanismos de entendimiento con posibles soluciones al problema, opta por lo más fácil: el uso de la fuerza para garantizar lo que ellos consideran como suyo.

Los expresado por el presidente Piñera también podría considerarse como un mensaje para el Perú, pues a pesar de haberse pronunciado en el sentido de que acatarán el fallo de la Corte de La Haya aunque sea desfavorable para ellos, la última declaración ha puesto en evidencia la verdadera posición del país vecino, pareciera que el mandatario declara a los medios de acuerdo con las circunstancias que se vayan presentando.

Estado, gobierno y seguridad ciudadana

El presidente Constitucional de la República, en recientes declaraciones ha manifestado que la seguridad ciudadana no es política de estado, toda vez que en dicho tema quienes tienen directa responsabilidad son los alcaldes y autoridades locales.

Parece que el mandatario trata de deslindar su responsabilidad, trasladándola a otras autoridades, obviando el mandato constitucional y legal; no olvidemos que al iniciar su gestión se comprometió a presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué el cambio de opinión? Suponemos que adopta la actual posición debido a que a pesar de los esfuerzos realizados para controlar la inseguridad ciudadana no se han logrado resultados positivos que le aporten réditos políticos; muy por el contrario, este tema es uno de los puntos flacos del actual gobierno que viene afectando el nivel de aprobación presidencial.

La seguridad ciudadana es un tema de vital importancia en la vida cotidiana y para el desarrollo del país, en un ambiente de inseguridad se ven afectados todos los aspectos que componen el ansiado desarrollo, principalmente en los aspectos económico y social; es por ello que este tema es entera responsabilidad del Estado y del Gobierno, guste o no.

En conclusión, la institución encargada de brindar la seguridad ciudadana no es otra que la Policía Nacional. Más allá de deslindar responsabilidades es hora de preocuparse de diseñar políticas a largo plazo respecto a este tema y dotar de los medios logísticos y legales a los miembros de la PNP para que de una manera coordinada, junto con el Ministerio Público y el Poder Judicial enfrenten este álgido problema.

Operaciones “impecables”

Haciendo memoria, recordemos la famosa “Operación Libertad”, la misma que fue calificada como impecable por el presidente de la República, luego resultó siendo un fracaso, con hechos muy lamentables, como la muerte de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ello propició la renuncia de los ministros de Defensa e Interior.

Hoy, autoridades del Gobierno, así como congresistas del oficialismo, vuelven a calificar de impecable a la operación realizada en la zona de Santo Domingo, donde resultó muerta una menor de ocho años, suceso que no fue considerado en el comunicado emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cuando dieron cuenta de lo acontecido.

Es comprensible que los parlamentarios de las filas del nacionalismo tengan el deber de defender y apoyar a los funcionarios del Gobierno, nos referimos a los ministros de Defensa e Interior, pero es necesario que sean más mesurados y no asuman defensas que lejos de calmar a sus opositores los provocan para hurgar en los errores y resaltarlos, desacreditando a las autoridades.

Una operación militar o policial en la zona del Vraem es difícil y complicada, pues las propias circunstancias de cómo se produce una intervención podrían traer consecuencias similares a los hechos ocurridos el 08 de setiembre. Lo grave y cuestionable -sin duda- es la actitud de las autoridades del comando conjunto al emitir comunicados apresurados, sin contar con la información certera de cómo se suscitaron los hechos. Esta actitud, propia de quienes buscan protagonismo, indujo en error a la ministra de la Mujer y a la esposa del presidente de la República, esta última muy conocida por su afán protagónico.

Apaguemos el sendero luminoso

La semana pasada se logró un duro golpe a las huestes de Sendero Luminoso; después de muchos años, las fuerzas del orden incursionaron en el campamento de esta organización terrorista y abatió a uno de sus principales mandos, como fue informado por los ministros de Defensa e Interior. No solo aquello sucedió, posteriormente se rescató a menores de edad que permanecían cautivos, a merced de estos delincuentes.

Tal como ocurrió en la zona de San Martín de Pangoa, fue la Policía Nacional la que proporcionó la inteligencia y el diseño de las operaciones, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas para las acciones de incursión; esto nos demuestra que sí se puede trabajar en equipo. El ministro de Defensa quiso acaparar toda la atención en una apresurada conferencia de prensa.

Tras el anuncio de la caída del Camarada William, se generó una serie de controversias respecto a la verdadera identidad de este sujeto. Inicialmente, se mencionó que sería Rolando Cabezas Figueroa, ahora se dice que responde al nombre de Víctor Hugo Castro Ramírez; inclusive algunos expertos opinan que el abatido no sería un alto mando de Sendero. Por otro lado, para anunciar la captura de dos mujeres y el rescate de tres niños, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tan solo emitió un comunicado; nos preguntamos: ¿estos hechos no revisten mayor importancia o, simplemente, no quieren volverse a equivocar?

En el colmo de la desfachatez, un grupo perteneciente a la organización terrorista Sendero Luminoso –algunos en prisión, otros en libertad gracias a una serie de beneficios y estrategias legales– pretenden que sean tratados como a los integrantes de las FARC. Solo podríamos decir que las acciones que tome un gobierno en un país, respecto al tema de seguridad, no implica que deba ser vinculante para el nuestro, menos intentar convertirlas en un derecho para los terroristas. Lo que deberíamos exigir, como sociedad, es el cumplimiento del pago de la reparación civil que adeudan al Estado.

El valor de las promesas

El Gobierno ha entrado en serias contradicciones tanto en el discurso como en la acción. Primero, por el incumplimiento de las promesas electorales; cuando eran opositores, criticaban al gobierno pasado –precisamente- por no cumplir los ofrecimientos. Segundo, el presidente de la República ha señalado que un año no es suficiente para resolver los complejos problemas del Perú, pero sabemos que hay temas que no requieren mayor tiempo: la lucha contra la corrupción; sin embargo, no se ve avance.

La ciudadanía conoce que antes de asumir el Gobierno, el hermano del presidente hacía ofrecimientos de negocios en Rusia, lo que constituyó en el primer escándalo; el gobernante tardó en pronunciarse; ahora, cuando se han hecho públicas las contrataciones con el Estado por empresas vinculadas a él, sucede lo mismo.

El ministro de Defensa viajó a Rusia, esperamos que no sea por recomendación del señor Alexis Humala.

Por otro lado, se tiene conocimiento que uno de los principales financistas de la campaña estaría siendo beneficiado con un jugoso negocio: la venta de computadores portátiles para reponer las que se perdieron en el incendio en uno de los almacenes del Minedu; de ser cierto esto, ¿es la forma de devolver el favor de campaña?

Otro hecho que causó polémica es el viaje de la esposa del presidente a Brasil usando el avión de la FAP destinado al servicio presidencial. Tanto los ministros como la vicepresidenta ensayaron justificaciones que tal vez puedan ser razonables, pero el tema central radica en el hecho de que en la gestión pasada este acontecimiento hubiese sido un escándalo mayúsculo.

Gobierno y seguridad

Para el tan ansiado desarrollo de nuestro país, es muy necesario continuar en la ruta del crecimiento económico, debemos contar con seguridad integral, un contexto donde las inversiones gocen de confianza para apostar en los sectores de la economía nacional. Sin embargo, observamos un gran avance de la criminalidad, por ejemplo: el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia común; ante este clima de inseguridad, el Gobierno debería establecer políticas públicas coherentes –a corto, mediano y largo plazo– a fin de reducir o erradicar la ola delincuencial.
Reconocemos el desacuerdo manifestado por algunos congresistas respecto a la propuesta del Ejecutivo en cuanto al incremento del Presupuesto Anual 2013 para la defensa y seguridad ciudadana, que sería ínfimo para la recuperación de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sabemos que, hace más de dos décadas, estas instituciones perciben sumas irrisorias que no les permite cumplir con sus metas y objetivos trazados.
Por otro lado, el Estado Peruano mantiene una deuda de más de 800 millones de nuevos soles a los deudos de militares y policías, quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber, ya sea en zonas de emergencia o enfrentando a la delincuencia común; sin duda, esta situación es injusta, tomando como referencia que existen procesos judiciales que se alargan por muchos años, siendo los principales perjudicados los familiares directos de los caídos, quienes tan solo reclaman un derecho que les asiste por tan lamentable pérdida.

¿Hasta cuándo?

Recientemente se han producido cobardes atentados contra la base contrasubversiva de Masangaro, en San Martín de Pangoa–Satipo, por delincuentes terroristas, con lamentables seis bajas en nuestras Fuerzas Armadas en apenas dos semanas. Frente a estos hechos, ¿cuál será la falencia de la estrategia contrasubversiva? ¿Por qué continúa la pérdida de vidas inocentes? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de las autoridades encargadas de combatir este flagelo?

El presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dejó entrever que no se avanza en la lucha contra el terrorismo por falta de apoyo de la población. Los expertos en el tema sostienen que el Gobierno no cuenta con una estrategia en la lucha contra el terrorismo y que –inclusive- la inteligencia producida por las Fuerzas Armadas sería escasa o nula.

Aparentemente, la lucha contra el terrorismo solo es cuestión de protagonismo y debido a ello no existe una adecuada coordinación entre los institutos armados; es decir, no se estaría trabajando en forma coordinada y unificada, a pesar de tener un solo comando. Lo más grave sería las diferencias existentes con la policía. Se observa que ministros, congresistas y autoridades se esfuerzan por visitar a los heridos en el hospital, como si esto resolviera el problema. Sabemos que solo lo hacen para conseguir algún rédito político o por el afán mediático.

En consecuencia, primero se debe dotar de los recursos necesarios para enfrentar este problema, comenzando por cumplir el ofrecimiento de mejoras salariales del personal militar y policial. No es posible exigir a nuestros soldados y policías que se enfrenten a un grupo de delincuentes que conocen perfectamente la zona y cuentan con el financiamiento del narcotráfico, considerando que somos el primer productor de droga en el mundo.

“Reforma” de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

El Presidente Constitucional de la República en su discurso del 28 de julio solicitó al Congreso facultades para legislar en materia de seguridad; dicho pedido se sustenta en diversos aspectos: incremento de la inseguridad ciudadana, falta de voluntad del Parlamento para legislar en este tema y la reestructuración salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía.

El Legislativo otorgó más de lo solicitado, pues le ha otorgado facultades para realizar una reestructuración de las FFAA y de la PNP. ¿En qué consistirá?, ¿cuál es el objetivo que se plantea el gobierno? Quizá sea una medida que pretenda someter a sus miembros a fines nada transparentes, con la posibilidad de que aparezca un Todopoderoso que manipule a estas entidades al estilo de la década de los 90.

Pero cómo pensar en una reestructuración de estos institutos, si hasta hoy poco o nada se ha cumplido de las promesas electorales; tan solo se observan más ofrecimientos, sin resultado; muchas veces se ofreció la presentación del proyecto de ley de reestructuración salarial ante el Congreso; pues bien, en su último mensaje, el mandatario condicionó esta situación a las facultades que debía otorgarle el Legislativo para normar en materia de seguridad.

Nos preguntamos ¿qué medidas debemos tomar para enfrentar el problema de la seguridad en nuestro país? Probablemente, una reestructuración de las instituciones y políticas coherentes para la administración del Estado; pero, ¿cómo enfrentar este grave problema? Si lo que vemos a diario es un avance continuo del narcotráfico, del terrorismo y de la delincuencia común. Entonces, lo que necesitamos, más allá de una reestructuración de las instituciones, es contar con personal capacitado, especialistas y profesionales que lideren las carteras de Defensa e Interior, con el apoyo permanente del sector Economía.

Estado de emergencia y protesta social

La oposición al proyecto minero Conga en Cajamarca cada vez más se está convirtiendo en un capricho de algunos dirigentes, que lejos de proponer alternativas de solución al conflicto buscan el menor motivo para exaltar a la población y promover nuevas protestas, con la respectiva dosis de violencia.

La prórroga del estado de emergencia en las tres provincias cajamarquinas donde tiene influencia el proyecto minero es utilizada por los dirigentes como una provocación del Gobierno a la población y han convocado a una paralización para el 21 y 22 de agosto.

Esta convocatoria constituye un desacato y una abierta provocación a las autoridades. No se sabe hasta dónde pretenden llegar los dirigentes cajamarquinos ni su presidente regional, que lejos de buscar soluciones en beneficio de la población de su región lo único que hace es oponerse al proyecto y aprovechar la coyuntura para una eventual candidatura a la presidencia de la República.

Con preocupación vemos que los conflictos, lejos de disminuir, se acrecientan y el Gobierno no toma una decisión clara y frontal. Es evidente que los conflictos no solo afectan a una determinada región, afectan al país, los recursos naturales son de todos los peruanos y no de un sector o una determinada población. El presidente regional de Cajamarca no puede dividir al país, tampoco puede enfrentarnos entre peruanos solo por apetitos de poder.

¿Qué medidas adoptará el Gobierno respecto de la actitud de las autoridades, a quienes no parece importarles la seguridad e integridad de su población? ¿Qué pretenden estas personas? ¿Acaso piensan medir fuerzas y saber quién es el más fuerte? Estos sucesos serán una suerte de termómetro para medir la capacidad y firmeza del Gobierno, la población ya no sabe quién es el verdadero enemigo de nuestro país.

¿Y la seguridad, señor presidente?

En el primer año de gobierno del presidente de la República no se produjeron los cambios que todos esperábamos; sabemos que no es simple solucionar los problemas que aquejan al país; pero, entendemos que gran parte de los problemas se generaron a raíz de las promesas hechas cuando candidateaba. No olvidemos que –como candidato– apoyó cuanta protesta se presentaba, en su afán de conseguir más adeptos a su postulación, es por ello que la población de Cajamarca recuerda la frase repetida muchas veces: “del oro no se vive”.

La seguridad es uno de los principales problemas que afronta nuestro país, dentro de ello se encuentra la creciente ola de protestas sociales, que ya no se limitan a realizar paralizaciones y movilizaciones, cada conflicto tiene su ingrediente de violencia, ya sea por la influencia de radicales que pretenden crear caos y zozobra en la población, y por quienes buscan obtener réditos políticos.

Frente a estos temas de vital importancia para el Perú, los que repercuten en el desarrollo social y económico, todos esperábamos que el mensaje a la nación hubiese sido más firme respecto a estos temas; pero fue todo lo contrario, solo los mencionó tangencialmente, solicitando al Congreso la delegación de facultades para legislar sobre la materia, lo que no constituye novedad; pareciera que se condiciona la delegación de facultades para presentar el proyecto de ley de mejoras salariales para el personal militar y policial.

Hace un año engatusa a militares y policías; primero con la excusa de que los ministros de Defensa e Interior realizaban los estudios, luego que el Ministerio de Economía se encontraba a cargo del tema, incluso el ministro de Economía anunció que presentaría el proyecto, antes de la primera semana de junio. Nada de ello ocurrió y se ha vuelto a anunciar lo mismo, esta vez condicionándolo a la delegación de facultades.

Primer año de Gana Perú

“Siembra vientos y cosecharás tempestades”. Esta frase parece ajustarse a lo que sucede con el gobierno. Recordemos que cuando eran opositores al gobierno pasado, apoyaron y justificaron cuanta protesta se realizó; además, cuestionaron las decisiones y medidas del gobierno de ese entonces para enfrentar los problemas sociales.

A tan solo un año de gobierno, ya se cuentan 17 pérdidas humanas como producto de los conflictos, principalmente vinculados a la actividad minera; por estos hechos se ha decretado el Estado de Emergencia hasta en tres oportunidades, dos de las cuales fueron en Cajamarca; de continuar esta situación, podría ponerse en riesgo la gobernabilidad y el estado democrático en que vive nuestro país.

No solo las protestas dejan mal parado al gobierno, sino también el terrorismo; además no debemos olvidar lo ocurrido en La Convención, Cusco, donde el gobierno se pronunció en el sentido de que el rescate de los secuestrados por el “Camarada Gabriel” era una operación impecable, resultando un total fracaso y la consiguiente salida de los ministros del Interior y Defensa.

¿Por qué en tan poco tiempo se encuentran inmersos en tantos problemas, afectando la seguridad de la nación, la ciudadana y el desarrollo del país? Probablemente, se deba a los ofrecimientos y compromisos asumidos en la campaña electoral, los mismos que –una vez en el gobierno– se dieron cuenta de que era imposible cumplir sin iniciar la gran transformación.

Reparaciones civiles, deuda con el Estado

La Procuraduría Anticorrupción promueve el cumplimiento del pago de las reparaciones civiles por quienes fueron sentenciados y, a la fecha, no cumplen con abonar el monto fijado en sus sentencias, que es accesorio a la pena que se les impuso por la comisión de los delitos en agravio del Estado Peruano; esto debe constituir un hito, un punto de partida para que las reparaciones civiles sean efectivas, amén del tipo de delito cometido.

Ningún delincuente sentenciado por un delito que acarree como pena accesoria el pago de una reparación civil debería ser favorecido con beneficio penitenciario, primero tendría que cumplir con dicha obligación o –por lo menos– presentar una garantía real o una carta fianza que aseguren el pago.

Hoy, algunos delincuentes son liberados con sorprendente facilidad, sin garantía acerca del resarcimiento del agravio causado; si bien es cierto, no todos pueden o deberían seguir sus procesos en prisión, quizá por el tipo de delito cometido o porque la pena no amerita el internamiento, no quiere decir que no deban pagar por el accionar ilícito; por lo tanto, debería establecerse el pago de una fianza para toda persona que es detenida por la comisión de un delito. Esto permitiría que no evada el proceso y –de resultar culpable– cumpla con el pago de la reparación civil.

El Estado Peruano invierte grandes cantidades de dinero en temas de seguridad para combatir la delincuencia en todas sus modalidades, no habiendo forma de recuperar ese dinero; si bien es cierto, no es una inversión que deba traer rentabilidad, por lo menos debería recuperarse algo de lo invertido con el pago de las reparaciones civiles y las fianzas, para luego ser reinvertidas en educación y seguridad.

Uso y abuso del poder

En la gestión del Presidente Ollanta Humala, uno de los más beneficiados sería su hermano Antauro. Primero, se le redujo la pena de 25 a 19 años y, ahora, pretende reincorporarse al Ejército, pues –a decir de su abogada– su pase al retiro no se ajustaría al debido proceso; además, señala que con ello se le truncó la vida profesional.

De ser ciertos los alegatos de la defensa, por qué no fueron presentados los recursos necesarios en su oportunidad, por qué recién ahora se les ocurre presentarlos; o ¿es que se quiere aprovechar el poder político por el simple hecho de ser hermano del Presidente? Solo después de las denuncias respecto a los privilegios que gozaba en los penales, fue trasladado a la Base Naval del Callao.

La Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima dejó al voto su decisión acerca de la demanda del hermano del mandatario; de darle la razón, sería un nefasto antecedente en la democracia y en la seguridad de nuestro país, pues constituiría una muestra evidente de que la justicia no se imparte igual para todos y que quienes tienen el poder pueden usar las leyes a su antojo; ¿acaso es posible que después de estar separado 15 años del Ejército, puede un oficial ser reincorporado, pese a haber sido sentenciado por el asesinato de cuatro policías que defendían la democracia y el estado de derecho?

Sería muy penoso el mensaje que se dejaría a la ciudadanía, sobre todo a los deudos de las víctimas del “Andahuaylazo”; el argumento utilizado es casi el mismo que el de los delincuentes terroristas: considera a las víctimas producto de lo que llaman “guerra interna”, por lo tanto no tendrían responsabilidad. La ley debe ser igual para todos.

Protestas e intransigencia

Todos tenemos derecho a opinar, a sindicalizarnos, a la huelga y protestar en contra de los abusos de un gobierno opresor. Esto no ocurre en el país, ya que algunos se arrogan la representatividad de la población, actuando como si el país fuera de su propiedad; esta situación no la podemos permitir, no es justo que unos cuantos radicales detengan el desarrollo, provoquen inseguridad y tengan el descaro de amenazar la paralización de las obras que beneficiarán a todo un pueblo, generando desarrollo y progreso.

Los recursos naturales pertenecen al Estado, por ende es de todos los peruanos; no de una población, provincia o región; es de todos y el Estado es el que administra y autoriza la explotación.

La actividad minera no debe afectar ni causar daño al medio ambiente ni a las personas que habitan en el área de explotación; las personas deberían ser los principales beneficiarios del producto extraído; por ello se ha establecido el canon minero. El problema radica en cómo se administran estos fondos, cuál es el destino que se les da y si son bien utilizados o están siendo malversados.

Los responsables son los presidentes regionales y alcaldes, quienes lo administran; una región como Cajamarca, en vez de tener un presidente promotor de protestas, debería tener un administrador con la capacidad de usar los fondos en beneficio de su comunidad.

Ni el presidente regional ni los dirigentes brindan propuestas de solución; sabemos que la actividad minera es nefasta para ellos, entonces qué actividad desarrollarán para generar ingresos que permitan el bienestar y el desarrollo. En el hipotético caso que se suspenda la ejecución del proyecto Conga, ¿se prohibirá e impedirá la actividad minera en la región?, ¿los mineros informales no invadirán estas zonas? Es muy probable que se dé inicio a una actividad ilegal peor aún de la que ya existe.

Crisis en Bolivia

El país vecino de Bolivia enfrenta, desde el 21 de junio, una huelga policial que viene agudizando debido a la falta de voluntad del gobierno de Evo Morales, quien no da solución a las demandas de los uniformados respecto a la mejora en los salarios, pese a que es un sector importante en el mantenimiento de la paz y tranquilidad en la población. El gobierno boliviano debería hacer el mejor de los esfuerzos para solucionar este problema; pero, lejos de ello, lo que es sabido y hecho público por los propios policías, solo se pretenderá dar solución con bonificaciones y no con una mejora salarial sustantiva.

Esta protesta, sin duda, afecta al país en su conjunto; por un lado, la medida de fuerza adoptada por los policías y, por otro, la intransigencia de las autoridades, afectan la seguridad interna del país, dejando a la población desprotegida y a merced de los delincuentes, la actividad económica del país totalmente insegura.

Pero, esta paralización no solo afecta a la seguridad, también debilita al gobierno altiplánico, más aún cuando pareciera que el Gobierno pretende enfrentar a sus seguidores con los policías en huelga; estos hechos generan desorden y caos; y podrían producirse muertes innecesarias, por cuanto los policías portan sus armas de reglamento y, ante una provocación y/o agresión con objetos que los dañe, podrían hacer uso de las armas que poseen, provocando lesiones o muertes que después lamentarán.

Estos hechos deberían servir de ejemplo a nuestras autoridades, pues el problema salarial de nuestra Policía y de la FFAA es postergado desde hace más de 20 años. La interrogante es ¿Qué esperan nuestras autoridades? ¿Acaso que también se acate una paralización?; ¿es que no se dan cuenta de que un hecho de esta naturaleza no solo afectaría la seguridad interna de nuestro país, sino también el crecimiento económico?

Accidentes de tránsito y políticas públicas coherentes

 

Hace poco se ha presentado un proyecto de ley sobre un tema muy sensible: los accidentes de tránsito. Este tema involucra a un gran número de personas. 

 

Sobre este problema, se promueve la eliminación del nivel de alcohol permisible en el flujo sanguíneo del conductor; el proyecto en sí, es interesante; pero, consideramos que no es la mejor solución, considerando que el alcohol no es la principal causa de los accidentes de tránsito; sin embargo, constituye un factor importante. Los accidentes de tránsito, en su mayoría, son consecuencia de la imprudencia e irresponsabilidad de los conductores; esto, originado –sin duda– por la mala educación, formación y la falta de valores.

En el supuesto de que este proyecto de ley sea aprobado, las sanciones a imponer seguirían siendo benignas, toda vez que no hay detención en la legislación actual; es así que no existe un solo conductor detenido por conducir en estado de ebriedad. Si se eliminaran los límites permisibles de alcohol, los accidentes de tránsito seguirán igual, pues el proyecto no obligaría al Poder Judicial ni al Ministerio Público a actuar de manera distinta; seguirán con la actual posición; si bien es cierto que constituye delito, este no amerita la detención del autor. Esto nos lleva a replantearnos la sanción a imponer, que debería ser pecuniaria pero efectiva.

Sin duda, más que una sanción penal o económica se requiere una gran campaña de educación, formación, cultura de valores y principios; por otro lado, se hace necesaria la adecuada preparación de los conductores. Actualmente, no hay mecanismos de preparación efectivos, lo que existe es el ánimo de lucro de algunas instituciones que imparten preparación sobre estos temas.

¿Hasta cuándo las protestas?

Entre los que se proclaman defensores de los recursos naturales y del medio ambiente no existe coherencia alguna entre sus actos y lo que pregonan. Las protestas van en contra de la minería formal, la misma que está regulada, si bien es cierto pueden existir vacíos legales que, rápidamente, pueden ser enmendados.

Todo lo contrario ocurre con la minería informal, la misma que no tributa y tan solo favorece a un pequeño sector de la población, además, contamina irremediablemente el ecosistema, a diferencia de la minería formal.

Lo primordial debería ser la toma de medidas para enfrentar a la minería informal y a quienes promueven dicha actividad, los mismos que apoyan estas protestas con la finalidad de impedir toda actividad formal y –consecuentemente– el retiro de las empresas formales y que reine la informalidad.

Estos sucesos no solo afectan a las zonas donde se producen, sino repercuten en la vida social, económica y política de la nación, vulnerando una serie de derechos y libertades fundamentales del ciudadano común, de aquel que no está de acuerdo con estos hechos, pero que se ve obligado a acatar por temor a las amenazas.

Un ejemplo tenemos en los comerciantes, quienes si no cierran sus locales, son apedreados, destruidos o saqueados; amén de aquellas personas que son impedidas de transitar libremente debido al bloqueo de los caminos y carreteras. Las autoridades encargadas de velar por la seguridad pública, simplemente no cumplen con esta función, es por ello que está detenido el alcalde de Espinar, de la misma forma deberían ser reprimidas aquellas autoridades que, descuidando su labor principal, promueven y financian actos de violencia.

Legitimidad y legalidad de las protestas sociales

 

A todos los peruanos nos asiste el derecho de protestar ante situaciones que consideremos arbitrarias y que vulneren nuestros derechos; en tal situación, consideramos legítima la realización de una protesta. Pero, el interés de quienes protestan debe ser que los causantes del problema respeten los derechos de los demás; quienes deberían velar por los agravios, así como resarcir el daño ocasionado son las autoridades del gobierno. Surge una gran interrogante: ¿hasta qué punto lo legítimo es legal?

 

Bajo el argumento de la defensa del agua y el medio ambiente, en los últimos meses se han ido generando una serie de actos de protesta que como dijimos ut supra, pueden ser legítimas, pero cuando se tornan violentas, lo legítimo se convierte en ilegal.

La situación se agrava cuando los promotores de estos hechos con las propias autoridades elegidas; pues, se supone que su tarea es la de trabajar por el bien común de la comunidad; y, bajo este concepto buscar el nexo con las autoridades del gobierno central a fin de encontrar la solución a las demandas de la población. Esta situación no ocurre, tenemos como ejemplo al presidente regional de Cajamarca, promotor de las protestas en contra del proyecto minero Conga, y al alcalde de Espinar (Cusco), contra la minera Xtrata–Tintaya.

Asimismo, existen otras autoridades que, peor aún, aprovechando el cargo que ostentan, usan mecanismos para incitar a la protesta; es el caso de la congresista Verónika Mendoza, quien habría utilizado un informe falso para azuzar a la población de Espinar y provocar actos de violencia.

Conflictos y más conflictos

 

La mayor parte de los conflictos sociales actuales, son herencia de los anteriores gobiernos; pero, el gobierno actual aún no da señales de cómo brindar solución a estos problemas, quienes apoyaron al actual régimen para la victoria en la elección, hoy se muestran como opositores. El asunto pasa porque se sienten insatisfechos y engañados, hoy las propuestas del entonces candidato –hoy Presidente– se contraponen, ya que al asumir el gobierno, probablemente, se convenció que sus ofrecimientos eran inviables y no le quedó otra alternativa que continuar con las políticas que él mismo cuestionó en su momento.

Si antes el actual gobierno criticó la poca capacidad para dar solución a las demandas de las protestas sociales, hoy se encuentra con las mismas carencias. Nos preguntamos: ¿es que acaso no existen profesionales idóneos y capaces de sentarse a dialogar antes del inicio de dichas propuestas?

Después de casi un año en el Gobierno, recién se presenta el Proyecto de Ley para la nivelación de los sueldos de personal militar y policial, tema por demás incierto, ya que no se sabe si será aprobado o no por el Legislativo. Según los dirigentes de las organizaciones de retirados, viudas, incluso exministros de las carteras de Interior y Defensa, las propuestas del Ministerio de Economía y Finanzas, resultan diametralmente opuestas a las promesas y aspiraciones de los beneficiarios.

Si esto ocurre con las instituciones tutelares del Estado que constituyen el soporte para el desarrollo y la seguridad nacional, ¿qué podríamos esperar en los otros sectores?

¿Hacia dónde vamos?

Ante la renuncia de los ministros y la problemática del VRAE, los peruanos esperábamos que el Gobierno nombre como nuevos ministros a personas capacitadas y con amplia experiencia en estos delicados asuntos, profesionales idóneos para corregir los errores hasta hoy cometidos; con esto, no se pretende descalificar a los flamantes ministros, tan solo nos deja la impresión de no contar con técnicos o especialistas que brinden mejores expectativas al Gobierno y a la sociedad.

El Perú espera que los ministros nombrados no cometan los mismos errores de sus antecesores y, que sean capaces de superar las deficiencias existentes y –de una vez por todas- dar solución a los temas pendientes en tan importantes carteras, las mismas que son vitales para la seguridad nacional. Dentro de los problemas pendientes de atender, tenemos: el VRAE y los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; no debemos olvidar que este gobierno ya va a cumplir un año y aún no ha resuelto estos temas, los mismos que debieron ser tratados desde el inicio del mandato, conforme a lo prometido en la campaña electoral.

La sociedad peruana está expectante acerca del desempeño de los señores ministros del Interior y de Defensa, por los pasivos dejados por sus antecesores y para revertir los cuestionamientos que, desde su designación, les hicieron los políticos y los medios de prensa, sobre todo al nuevo ministro del Interior, quien dio muestra –sino de apoyo- de sujeción al gobierno de Fujimori y al tristemente célebre Vladimiro Montesinos Torres. El general Wilver Calle Girón ha reconocido su error; pero, eso no basta para ser un buen ministro.

Inseguridad y corrupción

 

Hoy en día, para nadie es ajeno el problema de la inseguridad que se vive en nuestro país; todos los días somos testigos y –en muchos casos– víctimas de hechos cada vez más violentos, la delincuencia está llegando a niveles que atemorizan a la población y ponen en riesgo no solo la vida cotidiana, sino el propio desarrollo socioeconómico del país. Ahora, cualquier persona es una potencial víctima de un hecho delictuoso que podría llevarlo hasta a perder la vida. 

 

Pero, ¿cómo podríamos enfrentar este problema?, ¿cómo reducir los niveles de inseguridad en que vivimos? Creemos que está claro que no es un problema que debe ser abordado por un solo sector del Estado; sino, muy por el contrario, se debería de enfrentar en forma integral, por ende es necesario que participen los diversos sectores comprometidos en este tema. El objetivo debería ser la reducción de estos hechos delictivos que aquejan a nuestra sociedad.

El Gobierno debería diseñar políticas eficaces de seguridad, involucrando tanto al Poder Judicial con sus diversas instancias así como al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Ministerio del Interior; y, dentro de éste, los principales actores que deben integrarse para el logro de la reducción de la inseguridad para dar paso a un desarrollo social y económico de nuestro país.

 ¿Cuál será el principal problema que impide la reducción –en gran medida– del problema de la inseguridad ciudadana? La respuesta es evidente: la corrupción, sumado a ella la falta de compromiso de algunas autoridades y funcionarios.

Operación Libertad, ¿éxito o fracaso?

El éxito que significó para el Gobierno la operación “Libertad” para rescatar a los 36 trabajadores de la compañía de gas de Camisea resultaba impecable y muchos creíamos que así fue. Hoy en día, saltan los hechos y declaraciones de algunas autoridades convirtiéndolos en un rotundo fracaso; probablemente si -desde un inicio- se hubiesen manifestado los hechos tal cual eran, en estos momentos el Gobierno así como los Ministros de Defensa y del Interior no estarían siendo cuestionados y a punto de ser censurados.

 

Ha quedado al descubierto que el helicóptero piloteado por la Capitán PNP Nancy Flores fue derribado, igualmente el prolongado tiempo que emplearon para rescatar a los dos Suboficiales de la Policía que quedaron abandonados en Alto Laguna. La realidad fue todo lo contrario, porque se produjeron más bajas, dejando en evidencia que se estaba actuando con una estrategia equivocada, sin contar con la suficiente información que permita obtener resultados óptimos.

Frente a estos hechos que vivía el país y, en medio del accionar infructífero de las Fuerzas del Orden, apareció por sus propios medios el suboficial de la Policía Astuquillca, así como el rescate del cadáver de César Vilca, quien fue hallado por su señor padre con el apoyo de algunos nativos, la población se hace la interrogante: ¿Qué pasó con los mil quinientos efectivos de las FFAA desplazados a Kiteni?, ¿Dónde estuvieron todo ese tiempo?

Finalmente, el Gobierno y el oficialismo siguen defendiendo a sus cuestionados ministros, señalando que los hechos son insuficientes para que renuncien o sean vacados. Nos preguntamos: ¿cuándo asumirán su responsabilidad?

Ola de conflictos

 

Hace poco, con el secuestro de los trabajadores de la empresa de gas de Camisea, se puso en evidencia la problemática existente en el VRAE, así como lo vulnerable de la seguridad en dicha zona; los acontecimientos ocurridos sirvieron para dejar al descubierto las falencias de cómo se afronta el grave problema del terrorismo. Se suman a ello, algunas denuncias de posibles actos de corrupción.

 

Pero, mientras la mayoría de la población está concentrada en cómo se desarrollan las acciones en el VRAE, algunas organizaciones trabajan para llevar adelante medidas de fuerza, con la paralización de un gran sector de la población. Se debe tener en cuenta las acciones del presidente regional de Cajamarca con opositores del proyecto Conga; tienen planeado el inicio de un paro regional a partir del 31 de mayo.

Por otro lado, el Frente Macrorregional Sur, conformado entre frentes de defensa y organizaciones en contra de la minería de Arequipa, Cusco, Puno y Tacna, ya se pronunciaron a favor de los dirigentes cajamarquinos, y proyectan un paro en toda esta región a partir de la misma fecha; de prosperar, pondría en aprietos al gobierno y exigiría replantear las decisiones sobre este tema.

Lo señalado no constituye los únicos conflictos que se avecinan, también tenemos el problema de los trabajadores de Doe Run. De concretarse todos, podrían generar graves consecuencias para la seguridad, pues ya es costumbre la pérdida de vidas humanas, la escala de violencia con la que actúan estos radicales hace que las fuerzas del orden tengan que usar sus armas de reglamento para restablecer la tranquilidad pública.

El Estado y la seguridad

Sin duda, la seguridad y la paz social no dependen solo de las FFAA y PNP sino del Estado en su conjunto. El gobierno debe tener voluntad, entereza y compromiso con el Perú para vivir en armonía y seguridad y permitir el desarrollo de nuestro país.

Tomemos el caso de los chalecos antibalas usados por los miembros del Ejército. La vida de estos valientes pende de un hilo, no sólo por los terroristas, sino también por la irresponsabilidad de algunos mandos de esta institución. ¿Es que acaso recientemente se les destacó a la zona del VRAE? Ya tienen varios años en dicha zona, conocen a lo que se enfrentan. ¿Cuánto de presupuesto recibieron para mejorar los equipos de las FFAA para enfrentar a los sanguinarios terroristas?
¿Estarán siendo bien administrados? Es por ello que se requiere de un compromiso, pues es necesario brindarles accesorios, equipos y una capacitación adecuada, porque es su vida la que está en riesgo; se supone que al término de las investigaciones respecto a la compra de los chalecos antibalas se determinará a los responsables.
Otro tema no menos importante lo constituyen los presupuestos destinados a las acciones de Inteligencia. Frente a los hechos suscitados, nos deja la impresión de que muy poco se ha avanzado, tal vez se cuenta con información precisa y quienes deben tomar las decisiones no lo hacen como deben; entonces, sería conveniente revisar estos temas tan importantes.

Peligro en el VRAE

La toma de los 36 trabajadores de Camisea como rehenes, hizo que se develaran varios problemas que deberían ser tomados en cuenta por el Estado. Lo más preocupante es que se puso de manifiesto la capacidad que tienen los delincuentes terroristas en esta zona, no sólo en lo que respecta a movilidad y desplazamiento, sino también en el aspecto logístico, sobre todo el tipo de armas que portan, prueba de ello son las bajas que causaron en las fuerzas del orden, sin que se hayan reportado bajas por parte de estos delincuentes.

Asimismo, ha quedado claro que no sólo es Vizcatán, Boca Mantaro y zonas aledañas las que son controladas por los delincuentes terroristas, sino que también hoy se suma la zona de La Convención, situación que hasta antes del secuestro de dichos trabajadores no se conocía.
Esta grave situación vislumbró las carencias de las fuerzas del orden, sobre todo de las FFAA, quienes tienen el control de la zona del VRAE; este hecho dejó en evidencia lo poco que conocen dicha zona, además de la reducida capacidad de respuesta ante un hecho de esta naturaleza, no teniendo la posibilidad de responder en forma inmediata y oportuna; es más, con resultados positivos que demuestren que la autoridad y el control están de lado del Estado y de las fuerzas del orden.

Otro duro golpe al terrorismo

En plena Semana Santa, las Fuerzas del Orden lograron la captura de Jaime Arenas Caviedes, alias “camarada Braulio”, sucesor de Eleuterio Flores Hala, “camarada Artemio”, en el Valle del Huallaga. Esta captura reviste gran importancia, no solo porque este delincuente fue considerado como el nuevo cabecilla de Sendero Luminoso en el Huallaga; sino, porque sería el último personaje de esta organización con ideología senderista y, en tal sentido, capaz de organizar o reagrupar a sus huestes luego de la captura de su líder.
Simultáneamente, mientras esto se registraba en la zona del Huallaga, el otro grupo senderista liderado por Víctor Quispe Palomino –‘camarada José’– quien opera en la zona del VRAE, otra vez golpeaba a nuestras Fuerzas Armadas, principalmente al Ejército, cuyas bases libran una dura batalla por lograr consolidar la presencia del Estado en esta zona. En esta oportunidad, la víctima fue el teniente EP Manuel Jesús Delgado Nauca.
Si sumamos a estos hechos el abandono del Estado a las diversas poblaciones que se encuentran en las zonas de influencia del terrorismo, es evidente que el Estado no está actuando como debe ser para terminar con el terrorismo en el VRAE, que no es solamente responsabilidad de las Fuerzas del Orden. ¿Qué está pasando? Quizá existe situaciones de protagonismo y posiblemente no se está empleando bien los recursos asignados. Este problema viene desde hace varios años, y a lo largo de ello, el Estado destinó muchos recursos; nos preguntamos ¿Cuáles son los resultados?

Interceptaciones telefónicas

Con la desactivación del ex Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), es sabido que muchos equipos de interceptación telefónica desaparecieron y –hasta hoy– no se sabe en manos de quiénes se encuentran. Estos equipos podrían estar siendo utilizados fácilmente por personas inescrupulosas que vieron la oportunidad de utilizarlos en la necesidad de algunas personas y empresas para conocer las comunicaciones de sus potenciales enemigos o adversarios.

Hemos sido testigos del caso muy sonado BTR. ¿Cuántas personas fueron víctimas de las interceptaciones de sus comunicaciones? ¿Quién o quiénes están detrás de esas malas prácticas? Hechos de esta naturaleza se realizan a requerimiento de un interesado y no a criterio de los llamados “chuponeadores” y, por lo tanto, tienen una orientación: conocer algo de lo que presumen les interesa, y más aún si existe una competencia que les podría significar cuantiosas ganancias. En el reciente caso ocurre todo lo contrario, los principales actores responsables u operadores en este caso son: un ex futbolista y dos personas con antecedentes penitenciarios.

Con esto, no afirmamos que no tienen la inteligencia del caso para realizar este tipo de trabajo, todo lo contrario se está evidenciando que en las actuales circunstancias cualquier persona podría estar recurriendo a estos actos ilícitos.

Simples promesas

Las Fuerzas Armadas y la Policía han dado muestras de compromiso con el país, tras la captura de Florindo Flores Hala, “camarada Artemio”, ya que pese a sus limitaciones siguen actuando sin desmayo, en aras de conseguir la pacificación nacional; sin embargo, el Gobierno transmite pocas muestras de cumplir con los compromisos asumidos desde la campaña electoral. Nos referimos a las mejoras salariales, pues prácticamente ya pasaron ocho meses desde que asumió el poder, y siendo un tema conocido para el presidente de la República, el premier y asesores del Ejecutivo, ya que ellos fueron parte en la elaboración de dicho paquete de promesas; entonces, nos imaginamos que coexistieron con la problemática.

La postergación salarial proviene de varios gobiernos atrás, ¿qué se ha avanzado al respecto? Poco o nada por darle solución; además, como antecedente tenemos el Decreto Supremo 213, emitido a finales del primer gobierno aprista. Ningún gobierno que asumió la presidencia posteriormente, ni aun el ex presidente Alan García en su segundo gobierno, ha podido dar cumplimiento a esta norma, Muy por el contrario, se pretendió eliminarla.
Ante la elección de Ollanta Humala, como presidente, los miembros de las FFAA y la PNP recobraron las esperanzas de lograr su tan anhelada nivelación de sueldos y, por ende, se haría justicia. Pero, hasta hoy sigue siendo una utopía.
Los ánimos se están avivando al interior de los institutos armados. Esto debido a que en abril se vence el plazo de la bonificación que les otorgó el gobierno aprista, con el que se pudo calmar los reclamos y los llamados a una huelga policial. ¿Qué pasará cuando dejen de percibir esta bonificación? Al igual que el año pasado, los retirados ya iniciaron sus protestas y quién sabe. Esto podría ser el inicio para que otros sectores promuevan hechos que menoscaben la imagen de nuestro país.

Los conflictos sociales y sus consecuencias

Uno de los principales conflictos sociales que enfrenta este Gobierno es el tema de la actividad minera. La raíz del problema es la existencia de dos grupos: uno, de tendencia izquierdista, que niega y obstaculiza la actividad minera en sectores como Cajamarca; mientras que el otro está conformado por quienes promueven esta actividad y están focalizados en diversas zonas como Madre de Dios, Puno, Ica, Ayacucho, Apurímac, La Libertad, entre otros. Es evidente que existe una gran diferencia entre ambos: mientras uno realiza dicha actividad rechazando la minería formal que se ajusta a las normas y cumple con el pago de sus tributos; el otro fomenta la actividad minera informal no sujeta a las normas, ni paga tributos y contamina el medio ambiente.
Surge una gran interrogante: ¿dónde están los ambientalistas? Las célebres ONG, que –según ellos– protegen al medio ambiente, y son los que se pronuncian y apoyan solo a los que están en contra de la minería formal y por qué no hacen lo mismo contra los que promueven la minería ilegal.
Hasta hoy no se han pronunciado las ONG, ni el presidente regional de Cajamarca, ni el dirigente Wilfredo Saavedra, principales opositores de la minería y promotores de las protestas en Cajamarca, tampoco el expárroco Marco Arana, los dirigentes de Aidesep, de Conacami.
Estos dos sectores tienen algo en común, ambos recurren a diferentes acciones de protestas e incluso a la violencia, agresiones que llevaron a resultados como la muerte de algunos participantes. Estos hechos no solo alteran el orden público y la seguridad de las personas, si no que atentan contra la economía nacional, ya que frustran los negocios e impiden y ahuyentan la inversión privada.