Enemigos de las fuerzas del orden

Durante los últimos días hemos sido testigos de hechos y actitudes, por demás reprobables, de parte de algunas autoridades de nuestro país. Actúan como si fuesen ajenos a los problemas y las circunstancias en las que vivimos, nos deja la impresión de que, lejos de apoyar y trabajar con un solo objetivo para conseguir el desarrollo integral de nuestro país, tratan de poner zancadillas para obstaculizar el logro y los objetivos del Estado. Cómo entender los intereses que existen detrás de cada autoridad, sin que esto signifique la validación de todo lo que pueda hacer el Gobierno, así estén mal enfocados; debemos actuar con sensatez al definir en qué casos oponernos y dar alternativas de solución para lograr el desarrollo sostenible para el bienestar general.
El pasado debe servirnos para corregir nuestros errores, sin olvidar aquellos hechos que nos llevaron al atraso, a la destrucción y al terror que sembraron en nuestro país; pues, todos aquellos quienes fueron responsables por más de una década, ahora son tratadas con manos blandas por algunos jueces, e incluso, avalados por la máxima autoridad judicial. Quizá nadie quiere intervenir en sus decisiones, pero éstas deben responder a la necesidad general y, bajo este concepto, debemos de interpretar la ley; es inaudito que algunos terroristas sean beneficiados con permisos para viajar al extranjero, bajo la supuesta finalidad de pasar las fiestas de fin de año con sus familiares. Entonces, cómo es posible que quienes lucharon para conseguir la paz en nuestro país hoy estén a punto de ser enjuiciados.
Es posible que aquellos jueces que emitieron dichas autorizaciones no vivieron las épocas de terror en nuestro país, también es probable que desconocen el daño causado por el terrorismo durante los años más cruentos. No olvidemos que el pueblo espera que quienes cometieran esos delitos y, más aún, aquellos extranjeros que vinieron al país para hacer tanto daño, cumplan como mínimo con la sanción que se les impuso y que luego sean expulsados y que nunca más se les permita el ingreso a nuestro país. Creemos que nuestras autoridades judiciales son muy condescendientes con aquellos que nos mantuvieron por largos años en un estado de zozobra, donde la tranquilidad, la paz y la seguridad eran inciertas.
Sin duda alguna que, en aquellas épocas de terror, todos exigían a las fuerzas del orden seguridad y tranquilidad, además se les exigía terminar con los actos de violencia originados por el terrorismo; es más, los magistrados en aquellas épocas exigían se les brinde la seguridad del caso, actualmente se sienten seguros y la actitud que adoptan es todo lo contrario, pues son ellos quienes otorgan beneficios a aquellos que en tiempos pasados causaron actos violentos y por ello exigían al Estado las garantías de caso. Por otro lado, es inconcebible que se pretenda juzgar a quienes que en tiempos de violencia se enfrentaron para lograr la tranquilidad del país.

Gran reto nacional

Frente a la proximidad de las posibles decisiones que podría adoptar la Corte Internacional de La Haya en lo que respecta al diferendo marítimo entre Perú y Chile, algunas autoridades del país vecino demuestran nerviosismo; quizá presumen que el fallo les sería adverso, situación que conllevó a realizar declaraciones poco amistosas y amenazantes, las mismas que deben ser consideradas por nuestras autoridades responsables de nuestra seguridad nacional, como advertencias que podrían poner en riesgo la integridad de nuestro territorio.
No cabe duda que en estos momentos se debe tener muy en cuenta lo que representa para nuestro vecino país del sur, el lanzamiento de su satélite, a su vez la misión que tendrá, la utilidad que le darán. Han mencionado que estará destinado a mejorar el control de sus fronteras y, de esta manera, mejorar su seguridad; ahora bien –es evidente– que no solo servirá para ello, porque tendrán un control real de todo lo que suceda en sus límites territoriales. La historia y la actitud armamentística que ha tenido Chile durante los últimos años nos demuestra que no se limitarán a acciones defensivas; muy por el contrario, la puesta en órbita de su satélite les permitirá estar en avanzada, pues no necesitarán enviar espías a nuestro territorio para que puedan tomar fotografías de nuestras bases militares o las actividades que se realizan en ellas, ya que desde el espacio aéreo, hoy podrán tener información en tiempo real.
Mientras algunas autoridades chilenas evidencian sus verdaderas intenciones respecto a la defensa de lo que ellos consideran como suyo, otros tratan de corregirlos desmintiéndolos o pretendiéndole justificarlos; sin embargo, los hechos son claros, ¿cuál es la justificación de la carrera armamentística que vienen experimentando? El satélite que pusieron en órbita es el complemento perfecto para esta tendencia, toda vez que primero obtendrán en tiempo real las actividades de sus potenciales enemigos; y, hasta ahora: ¿quién es el principal? Nada más y nada menos que nuestro país; ¿contra quién utilizarán todo el armamento que han venido adquiriendo?, creemos que no tiene enemigo por el lado sur; con Argentina, por las características de las armas, no son las adecuadas debido a la cadena montañosa que tienen como frontera. Entonces, todo es muy evidente, con quien limita por el norte es el Perú; y –sobre todo– es con quien tiene un diferendo pendiente de resolver en la Corte Internacional de La Haya.
La gran interrogante sería: ¿qué se está haciendo de nuestra parte?, quizá nada o casi nada. Lo único que hacemos es pelearnos entre peruanos, más allá de trabajar unidos para conseguir el bienestar general y el desarrollo nacional; cada autoridad, líder, persona, solo buscan la mejor oportunidad para obtener beneficios personales; no entendemos, porqué -hasta ahora- existen las marchas y contramarchas. Creemos que lo primordial por resolver es la reestructuración salarial del personal de las Fuerzas Amadas y de la Policía Nacional, para el camino de una mejora en la seguridad y modernización de estas instituciones; otro tema pendiente es la decisión política y económica con miras a repotenciar y modernizar con equipo de vanguardia a dichas instituciones, sobre todo el de las Fuerzas Armadas, para que por lo menos se acorten las diferencias de capacidades disuasivas con nuestros potenciales enemigos.
Difícil tarea la del actual gobierno que, hasta ahora, no ha dado muestra alguna, más allá de promesas e intensiones plasmadas en discursos, cada vez que le fue posible. Evidentemente, ya es hora que todos tomemos conciencia de lo que está aconteciendo en nuestro país y que, de una vez por todas, trabajemos unidos con miras al desarrollo nacional, mas no por intereses políticos, mucho menos personales.

El valor de las promesas

La generación de los actuales conflictos sociales, como el suscitado en Cajamarca, fueron promovidos por personajes con pasados cuestionables, bajo la justificación de defensa al medio ambiente y de los recursos naturales; también se basaron en las posturas y los ofrecimientos del actual Presidente de la República, cuando era candidato y criticaba a la actividad minera señalando que el oro no se comía, por lo que era justo defender el agua. Los promotores de los conflictos sociales pretenden ahora obligar al gobierno a apoyar sus medidas en contra de lo que creen que perjudica a la actividad ancestral como es la agricultura.
Frente a las demandas de aquellos que se encuentran en contra de la actividad minera y en atención a lo que se espera realizar en el futuro, el gobierno no tiene alternativa, ya sea a favor o en contra. Pues bien, estar en contra de la actividad minera significaría probablemente el cierre de muchas empresas dedicadas a este rubro, con el subsecuente efecto económico que significa esta situación, ya que no solo el Estado dejará de percibir ingresos que genera esta actividad, sino que también, podría enfrentar demandas por incumplimiento de contrato, obligándosele al pago de cuantiosas sumas de dinero a quienes resultasen perjudicados.
Debemos entender que para el gobierno, asumir una postura frente a los acontecimientos suscitados, debe de ser una tarea sumamente difícil; y eso se evidencia en las actuales circunstancias, donde no se deberían tomar decisiones por los hechos del momento, sino posterior a las evaluaciones de todas las alternativas, ya sean positivas o negativas, porque podrían traer consigo una decisión equivocada, ya que si no es tomada en consenso generaría una serie de rupturas, incluso con los más allegados al gobierno; situación que, en cierta medida, ha estado ocurriendo, puesto que en el gabinete ministerial había distintas opiniones sobre un mismo hecho, algunos a favor y otros en contra, corrigiéndose entre ellos y otros, simplemente, pretendiendo justificarse. Ciertamente, para tener y seguir una sola “hoja de ruta”, todo aquel que conforma el gobierno debería de hablar el mismo idioma, así como tener los mismos objetivos, y no contradecirse entre ellos; entonces, el gran reto que le corresponde asumir al nuevo Premier Óscar Valdés Dancuart, es lograr un consenso entre todos los integrantes del gabinete, y que todos trabajen hacia un mismo objetivo.
Debemos señalar que se avizoran nuevos conflictos sociales; aquellos que se encontraban esperando las decisiones del gobierno ya se están reagrupando y mantienen latente su voz de protesta. Para ello, es primordial y necesario que el nuevo gabinete trabaje con miras a solucionar las demandas sociales, porque de lo contrario estos hechos paralizarían no sólo a las zonas en conflicto, sino que traerían consigo cuantiosas pérdidas económicas, alterando el orden público. Además, dependiendo del grado de evolución, podrían poner en riesgo la gobernabilidad en nuestro país.
Finalmente, otro tema que continúa pendiente es el referente a la reestructuración de las remuneraciones tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Se supone que con el inicio del nuevo año fiscal debe de cumplirse, pero lo único que conocemos son idas y venidas por parte del Ministerio de Economía, tema trascendental que deberá solucionarse con la prontitud del caso, más aun en las circunstancias en la que vivimos.

Siembra vientos y cosecharás tempestades

En tan solo 120 días de gobierno, el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, viene soportando actos de protesta que lo ponen en aprietos e incluso lo han llevado a tomar decisiones que no estaban dentro de sus planes. Podríamos señalar que hoy está en la posición de aquellos a quienes criticó cuando era líder de oposición y candidato presidencial. Lo bueno, dentro de todo, es que no tiene una oposición como en su momento lo hacían sus partidarios; no olvidemos que sus propios congresistas, en determinados momentos, promovían y azuzaban a la población para generar actos de protesta que –incluso– llegaron a actos de violencia como los hechos suscitados en Bagua.
En este corto periodo de gobierno viene enfrentando situaciones que lo hicieron retroceder y que, seguramente, lo están llevando a la reflexión. No solo es la generación de actos de violencia, sino también se están comprometiendo las futuras inversiones, los programas sociales, el desarrollo social y económico, pues ahora los actos de violencia se generan de hechos impensables; probablemente en otros tiempos no se habrían generado este tipo de reacciones, pareciera como si algún dirigente quisiera ganar notoriedad, simplemente busca un hecho cualquiera y lo utiliza para sus fines personales, utilizando a la población con pretextos inapropiados y que podrían solucionarse con un simple diálogo con las autoridades respectivas.
Es evidente que ahora se han diversificado los denominados “frentes de defensa”, que en su mayoría están liderados por personas intransigentes que su único objetivo es generar actos conflictivos para ganar notoriedad y representatividad, lo que a la larga puede darles réditos políticos y lograr ser elegidos como autoridades locales, regionales o nacionales. Y, ¿cómo acaban estos dirigentes?, en los mejores casos como Congresistas; y ¿cuál es la labor que realizan cuando llegan a ocupar estos cargos?, muy pobre o casi nula; sabemos todos que muchos alcaldes, presidentes regionales y congresistas salieron de estas protestas. ¿Todos ellos hicieron una gestión aceptable?, muy pocos, y no olvidemos que la mayoría de ellos de seguro están denunciados por actos similares.
Si bien es cierto, actualmente se han suspendido las protestas en Andahuaylas, Cañete y Cajamarca, luego que fuera decretado el estado de emergencia, el Gobierno no puede descuidar hechos futuros que se están generando. Creemos que, más allá de las soluciones que hasta el momento se han dado, es necesario identificar las intenciones verdaderas de aquellos que vienen generando dichas protestas; además, es casi seguro que muchos de ellos son justificadas, pero quienes lo promueven no solo quieren dar solución al problema, ya que en el transcurso se tornan intransigentes y dejan mucho que desear sus pretensiones, puesto que se hacen evidentes y no son lo que parecen, ni como se muestran. Cabe señalar que, mientras tienen un discurso para la población, tienen otro para dar solución a sus demandas; inician con algunas demandas y en el camino se incrementan y al final terminan con otros que distan del reclamo inicial.
Finalmente, es muy importante y necesario conocer cuál es el pasado de los promotores de las protestas, pues observamos que una persona que purgó condena por el delito de terrorismo estuvo liderando las protestas de Cajamarca y para tales hechos se prestó la actitud de un Presidente Regional que lejos de trabajar en beneficio de su pueblo se dedica a promover actos de protesta, nuestra interrogante es ¿en qué medida habrá solucionado las carencias de la población cajamarquina con todo el presupuesto que maneja y se le asigna?

Actores de la seguridad ciudadana

Para poder lograr la tranquilidad, la seguridad y –por ende– la paz social, se requiere de la participación de los diferentes entes que conforman la sociedad y el Estado. No solo es tarea del Estado por medio del gobierno, ya que la participación del mismo es el factor primordial y fundamental, porque de ello dependerá la integración de los demás actores, y donde no se excluye a la ciudadanía que cumple un rol importante, ya que sin su colaboración y participación no será posible alcanzar los objetivos trazados.
Actualmente, se les exige a los entes más visibles: Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en las zonas donde tienen el control debido a la condición excepcional que se vive en éstas, como son: el VRAE y el Huallaga, zonas donde principalmente se observa la presencia del terrorismo y el narcotráfico.
Pero, qué hay de los otros actores, como el Congreso de la República, encargado de dictar normas y se comprometió a mejorar el Código Penal; vemos que, hasta ahora, solo quedan promesas.
Tenemos al Ministerio Público, que debería adoptar un compromiso con la ciudadanía, y con los más necesitados, y son quienes deberían de valorar el bien común. Aún no entendemos las razones por las cuales emiten resoluciones que dejan mucho que desear y mucho que pensar. Si bien es cierto que no se debería encarcelar a todas las personas que infringen la ley, pero aquellos que cometieron delitos de alta peligrosidad deben ser recluidos sin más análisis del caso, pues nuestra realidad es contraria a lo que dicta la ley, puesto que en determinados lugares algunos delincuentes quedan en libertad con suma facilidad.
En este sentido, nos parece prudente que el Ministerio Publico y el Poder Judicial deberían de remitir las resoluciones que emiten a las instancias pertinentes del Ministerio del Interior, para que de esta manera este pueda realizar un monitoreo respecto a estos hechos delictivos y de aquellos que se encuentran vinculados a delitos contra el patrimonio, contra la vida el cuerpo y la salud, y todo aquello que esté relacionado, de una u otra forma, a la seguridad ciudadana.
¿Por qué el monitoreo? Para poder accionar frente a hechos que podrían dar indicios de actos no acordes con las normas por parte de las autoridades del Ministerio Publico y el Poder Judicial, y porque casi en todas las capturas de personas al margen de la ley, la policía no solo emplea recursos humanos, sino también logísticos, que a su vez se ven en la necesidad de duplicar sus labores para capturar a personas que son frecuentemente detenidas y liberadas como si no hubieran cometido delito alguno.
Finalmente, es sumamente fundamental la participación de la ciudadanía, empezando por las autoridades regionales, provinciales y distritales, quienes según la ley de seguridad ciudadana son los encargados de organizar las juntas vecinales y hacer que funcionen para garantizar y apoyar a la policía y de esta manera lograr el objetivo, el cual es la tan ansiada seguridad esperada por todos los ciudadanos.

Seguridad ciudadana, tarea pendiente

La seguridad ciudadana constituye –sin duda– un tema primordial en la agenda de cualquier gobierno de los países de Latinoamérica; considerando que el objetivo principal está orientado a conseguir la paz que necesita un Estado para cimentar su desarrollo.
La interrogante es: ¿cómo enfrentar esta problemática? La respuesta no es sencilla, puesto que engloba a muchos sectores y no basta tomar decisiones apresuradas respecto a este tema y disponer la tolerancia cero. Las medidas deben ir acompañadas con otras tareas como la inclusión social, porque el problema no se solucionará únicamente con una política sancionadora, sino que requerirá de políticas sociales, y brindarles todas las alternativas necesarias para que los jóvenes puedan ser incluidos en la vida socioeconómica del país.
Se requiere –necesariamente– la participación de los diferentes sectores del Estado que, de uno u otra forma, tienen responsabilidad en el tema; quizá quien tenga mayor responsabilidad es el Congreso de la República a través de la Comisión de Defensa y Orden Interno, debiendo convocar a expertos de los diferentes entes para realizar los estudios y planteamientos que se requieren y, de esta manera, se pueda recomendar al Gobierno y enfrentar el problema de manera conjunta e integral.
En este contexto, no solo bastan políticas o disposiciones, sino hechos concretos, como el de dotar de recursos necesarios a las instituciones encargadas de velar la seguridad, en nuestro caso a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, porque principalmente son ellos quienes tienen presencia y actuación en las zonas declaradas en emergencia.
Debemos resaltar que como parte de estos mecanismos también deberían ser considerados el mejoramiento de la relación entre las instituciones comprometidas con esta problemática; asimismo, maximizar las coordinaciones interinstitucionales, definiendo tareas y responsabilidades para evitar los protagonismos innecesarios, porque el objetivo principal es la seguridad de la sociedad, y quienes están a cargo de dicho servicio deberían trabajar en función a este objetivo.
Otro aspecto que debería tomarse en cuenta es la presencia del Estado, sobre todo en las zonas más necesitadas y donde existe mayor incidencia delincuencial, brindando programas que permitan revertir la forma de vida de quienes habitan estas zonas. Además se le debe brindar la mayor importancia al tema de compra y tenencia de armas de fuego, porque es notorio una fuerte actividad en el mercado negro de armas de fuego, en el que están involucrados algunos malos efectivos de la PNP y las FFAA, quienes venden o alquilan a los delincuentes armas para la comisión de los hechos delictuosos.
Creemos que el Gobierno y las instituciones deben adoptar políticas claras e invertir en educación, cultura, deporte y empleo para los jóvenes, porque reducirá considerablemente el incremento de la ola delincuencial en nuestro país.

FFAA y Policía Nacional

La Constitución Política establece las funciones que cumplen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el ámbito de la Seguridad, tanto interna como externa. Sin embargo, las nuevas tendencias en cuanto a conflictos y problemas sociales que afectan el normal desarrollo de las actividades de la Nación, hace necesario que estos entes se integren y desarrollen operaciones conjuntas para el logro de los objetivos trazados por el Gobierno.
En algunos países de Sudamérica, las Fuerzas Armadas y la Policía trabajan en forma conjunta, haciendo frente –principalmente– al terrorismo y al tráfico ilícito de drogas. Por ejemplo, en Colombia, para poder enfrentar a las FARC, comprometieron tanto a las Fuerzas Militares como a la Policía, cada institución cumple una función importante, sin ningún protagonismo para obtener éxito en lo que emprenden, a la larga los resultados son conocidos, pues durante los últimos años lograron abatir a los principales cabecillas, así como recientemente lo hicieron con Alfonso Cano o como la operación de rescate de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, entre otros.
En nuestras instituciones es necesario que exista mayor coordinación, que se trabaje en forma conjunta, sin afán protagónico, con un solo objetivo: derrocar al enemigo, así como a los terroristas y a los traficantes de drogas, puesto que, de continuar con el vertiginoso ascenso en sus actividades, podríamos convertirnos en un país tan convulsionado como México.
Recientemente se ha hecho público el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en la ciudad de Puerto Maldonado contra la minería informal, y debemos seguir este ejemplo para que se proyecten operaciones similares en otras zonas de nuestro territorio. Es preciso tener en cuenta que la problemática de la minería informal que conlleva a la contaminación ambiental es característico en Puerto Maldonado, así como también en otras zonas como en Puno, Piura, Ayacucho, etc.
Si bien es cierto, que en una operación contra la minería informal es mucho más sencilla que las operaciones contra el terrorismo y contra el tráfico de drogas, pero es ahí donde interviene la capacidad del Estado, así como de los responsables políticos para diseñar políticas que se deben de adoptar.
Es primordial que las FAAA y la Policía Nacional tengan en cuenta que se deben a la sociedad peruana y a la Nación. Es por ello que todo lo que hagan o dejen de hacer será beneficioso o perjudicial del mismo, es así que superando las diferencias que puedan existir entre ambas instituciones convendría que trabajen en forma conjunta, con un solo objetivo que es lograr la paz social de nuestro país, así como derrocar cualquier amenaza o riesgo que pudiera poner en peligro la gobernabilidad y el desarrollo económico hasta hoy obtenido.

Fuerzas Armadas y orden interno

Hasta hace unas décadas, una de las principales preocupaciones de los gobiernos de los diferentes estados eran los conflictos fronterizos generados por disputas principalmente por la delimitación de sus fronteras. Esta situación se ha ido reducido considerablemente, gracias a la intervención de los países garantes y de los organismos internacionales a los que se han sometido la gran mayoría de países; este hecho ha provocado que se tenga una nueva óptica en cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas. Algunos gobiernos, como el caso nuestro, durante los dos últimos diez años han reducido el presupuesto para el mantenimiento y modernización, por considerarlos de menor prioridad frente a otros problemas que afronta el Estado.
Bajo esta premisa, existen pocas posibilidades de producirse una guerra entre dos países; pero no significa que un estado debe abandonar por completo a sus Fuerzas Armadas. Si bien es cierto, se podría reducir el número de efectivos, estos deben estar preparados y contar con los recursos y medios acordes con el avance de las nuevas tecnologías y en paralelo a las capacidades de los vecinos más próximos, sobre todo de aquellos que podrían significar algún tipo de amenaza, actual o a futuro por diferentes razones.
Si bien es cierto que las amenazas y los conflictos externos se han reducido, en contraparte se han generado conflictos internos a los que se enfrentan algunos estados, como son el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, entre otros, que en algunos casos traspasan las fronteras y por distintas razones fueron ganando espacio y presencia en un determinado territorio que dificulta o se hace difícil a un gobierno derrotar o aplacar estos problemas, por ello algunos gobiernos como México, Colombia, Bolivia, Ecuador, han decidido que sus Fuerzas Armadas tengan una participación importante en aras de la obtención de la paz social.
Si tomamos como ejemplo el problema que enfrenta México y por el cual se dispuso la intervención de sus Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, principalmente en lo que respecta al tráfico ilícito de drogas, fue porque se dieron cuenta que uno de los principales problemas era la corrupción existente en todos los niveles del Estado y de las instituciones, al extremo de considerar que por cada dos delincuentes existía un funcionario público comprometido en estos hechos.
Hace poco fuimos considerados como los principales productores de drogas. Esto debe llamar la atención de las principales autoridades, empezando por el Presidente de la República, para fortalecer las instituciones y erradicar la corrupción de todas las esferas. Nadie debe ser blindado, sobre todo del Ministerio Público y el Poder Judicial, porque en las manos de estas instituciones están la investigación, el juzgamiento y la sentencia de los delincuentes, pero si estos son liberados con suma facilidad, los avances en la lucha contra la delincuencia no serán significativos.
Como ejemplo recordaremos lo que pasaba en la década de los ‘80 y principios de los ‘90 con los terroristas eran capturados y puestos a disposición del Poder Judicial, en su mayoría recobraban su libertad al poco tiempo.
Esto generó el incremento del terrorismo a extremos que nadie sabía si regresaría a su casa o no, porque cualquier cosa podía ocurrir en la calle, desde un atentado contra instalaciones, coches - bomba, y otros que cobraba la vida de muchos inocentes, situación que cambió con una nueva legislación para esta materia y las condiciones para quienes se encargaron de enfrentar a estos delincuentes y puedan realizar su trabajo.
Hoy, si bien es cierto el terrorismo se encuentra focalizado, las leyes también en cuanto a esta materia se han cambiado, por lo que muchos terroristas hoy están libres, existen otros problemas como la delincuencia, que ha ganado espacio, situación que quizá no está siendo tomado en cuenta en la magnitud como tal por algunas autoridades, porque hoy los delincuentes son liberados con suma facilidad.

Rol del Estado y la seguridad

Nuestro país es un claro ejemplo de lo nefasto que puede ser la violencia, a lo largo de dos décadas nos quedamos relegados frente a otros países que no afrontaron este problema; más aun con la destrucción de infraestructura de servicio público, amén del impedimento de ingreso de capitales extranjeros para el desarrollo de proyectos o inversiones que pudieron generar bienestar a nuestra población.
Uno de los roles primordiales del Estado es el diseño de políticas que permitan enfrentar estos temas. Las amenazas, tanto internas como externas, el terrorismo, el crimen organizado que actualmente traspasa fronteras requieren de políticas estructurales, con enfoques multidisciplinarios y el compromiso de todos los sectores para, de esta manera, poder enfrentar las amenazas que ponen en riesgo la estabilidad, la seguridad y la tranquilidad de la población.
El Perú está avanzando, pero aún faltan varios aspectos por corregir, uno de ellos es en el campo jurídico. Recordemos el atentado que sufrió la hija de un parlamentario; se formó una Comisión Especial en el Congreso para ver el tema de la seguridad ciudadana en el cual se harían correcciones para brindar las herramientas legales que permitan erradicar el avance delincuencial. Hasta ahora, solo se han adoptado decisiones mediáticas por parte del Ministerio del Interior.
En líneas precedentes solo hemos mencionado el problema de la delincuencia común. Pero, qué pasa con los temas más complejos como el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas, el contrabando; que no solo repercuten a nivel interno si no que traspasan las fronteras.
Lo más importante debe ser la articulación de todos los entes involucrados en dichos temas, dejando de lado los protagonismos, ya que son mayores dificultades para poder enfrentar estos problemas, sin duda alguna todos quieren tener el reconocimiento, así como dirigir, ser la cabeza visible son estas actitudes las que perjudican y no permiten el avance en la lucha contra estos flagelos que causan mucho daño a nuestro país.
El Estado peruano tiene una gran deuda con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque los dos últimos gobiernos redujeron los presupuestos para gastos de mantenimiento de los actuales equipos, la modernización necesaria acorde con la realidad y desafíos, situación que conllevó a que éstas se sientan disminuidas.
Esperemos que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto y se reviertan estos obstáculos; si bien es cierto que se dieron algunas señales al haber considerado partidas para el presupuesto del próximo año fiscal, solo queda esperar que se cumplan, entre ellos el tan ansiado aumento salarial, porque no solo se debe dotar con recursos tangibles, si no con lo más importante que son los recursos intangibles y de esta manera cumplir el compromiso con todos aquellos quienes por muchos años vieron sus derechos relegados.

¿Reforma policial?

La decisión del Gobierno, de pasar a la situación retiro a 30 generales de la Policía Nacional, ha llamado profundamente la atención. Días previos a esta medida se efectuó la segunda reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana, en el cual se dispuso que -en un plazo de 60 días- se evaluara el desempeño de los oficiales generales de la Policía Nacional. Debemos precisar que antes que culminara dicho plazo el ministro del Interior anunció su término. Se suponía que pasarían al retiro todos aquellos que no venían cumpliendo con las expectativas del gobierno o -en todo caso- aquellos que se encontraban vinculados a actos de corrupción.
Posteriormente al pase al retiro, el titular del Interior dijo que esta medida no responde necesariamente a esta situación, sino a la necesidad de nombrar a un general de menor antigüedad como director general de la Policía Nacional y, por ende, todos aquellos que tenían más años de antigüedad pasaban al retiro, en cumplimiento de la ley.
Podría dejarnos la impresión de que el pase al retiro de estos 30 generales es una medida correctiva frente a su responsabilidad (o irresponsabilidad) por el estado situacional al que se ha llegado. Esto no es así, ya que este fenómeno obedece a muchos factores: político, económico, social, cultural; y para enfrentarlo se requiere del concurso multisectorial y de la participación ciudadana.
Una reforma de esta naturaleza debe responder a estudios exhaustivamente elaborados y no a criterios personales o decisiones apresuradas, tal como hizo referencia el ministro del Interior, que la policía no tiene una estructura piramidal, esto se debe al exceso de oficiales en determinados grados intermedios, pero esto no se podrá corregir en corto plazo y menos con criterios que no responden a estudios y normas establecidas.
Se ha anunciado que solo quedarán 20 generales, 300 coroneles y 900 comandantes. ¿Es ese el número de oficiales que se requiere en la Policía Nacional para que puedan dirigir las diversas unidades a nivel nacional? No olvidemos que la policía tiene un efectivo mayor a los cien mil. Entonces, ¿qué pasará en el futuro? ¿Los nuevos jefes de comisarías y unidades serán los suboficiales o quienes comandarán esta institución?
Si hacemos una comparación con el Ejército, cuya población se aproxima a los 20 mil efectivos, diríamos que en dicha institución no deberían existir más de 10 generales y entre 100 a 400 coroneles, sobre todo si se toma en cuenta que ellos únicamente se encuentran en determinadas zonas del país, a diferencia de la policía, cuyas dependencias están hasta en las zonas más recónditas de nuestro territorio a nivel nacional.
Posiblemente, la intención sea desplazar a la Policía Nacional, pues paralelamente se vienen proponiendo proyectos como la policía voluntaria y la policía rural. Nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo? ¿Crear instituciones paralelas y destruir la existente? Nos resistimos a creer que la Policía Nacional sea considerada como una institución “incómoda” para las intenciones del actual gobierno y por ello hay que descabezarla.

La seguridad y las instituciones

En nuestro país la violencia interna generada por el terrorismo, principalmente desarrollada en las décadas de los 80 y 90, generó una serie de consecuencias como: incremento de la delincuencia, pandillaje, incremento del tráfico ilícito de drogas, trata de personas, entre otros. Estos se generaron y desarrollaron porque las instituciones, principalmente la policía, descuidaron estos aspectos por abocarse a la lucha contra el terrorismo, a brindar seguridad a personalidades, instalaciones públicas y privadas que fueron blancos potenciales de estos criminales. Entonces, el rol principal pasó a un segundo plano.
Debemos recordar que la Policía Nacional no se dio abasto para enfrentar el terrorismo, es por ello que las Fuerzas Armadas acudieron en su apoyo, sobre todo en las zonas declaradas en emergencia, para poder tomar el control y de esta manera controlar e impedir el avance de la ola delincuencial y criminal que avanzaba sin piedad, arrasando todo aquello que les era un obstáculo para conseguir sus objetivos: la toma del poder.
La fuerza policial se concentró en las ciudades, en la lucha contra el terrorismo, dejando de lado -en gran medida- la lucha contra la delincuencia y desguarneciendo a la población. Es allí donde nacen organizaciones criminales dedicadas al secuestro, al asalto a mano armada, creando inseguridad en la ciudadanía, obstaculizando el logro del desarrollo del país, sobre todo en el sector económico. Frente a esta problemática se crean los cuerpos de “serenazgo” para cubrir la deficiente labor de la policía en ese entonces.
Actualmente, tenemos instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el serenazgo desarrollándose, sobresaliendo cada uno por su cuenta y pretendiendo así obtener mayor protagonismo en determinados hechos o acontecimientos, sin tener presente que uno puede ser complemento del otro, porque el objetivo es lograr el bienestar y la paz social de la ciudadanía.
Hoy surgen propuestas para que el orden interno, que es competencia de la policía, sea asumido por el serenazgo, con su consiguiente protagonismo, sin tomar en cuenta los fines para los que fue creado. Observamos a diario la detención e intervención de personas, alterando –en algunos casos- la escena del crimen por su desmedida participación, esta situación dificulta las investigaciones que se deben hacer con la seriedad del caso.
Por otro lado, las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia pretenden intervenir no solo en casos de terrorismo, sino también en el tráfico ilícito de drogas, tala ilegal y trata de personas. Esto constituye un grave error, pues va más allá de sus funciones y atribuciones. Los miembros de las Fuerzas Armadas no están preparados en los temas antes señalados, descuidando su función y no abocándose a la seguridad nacional, la integridad territorial y garantizar los intereses de la Nación.

El rol de las FFAA en el Perú

 

A raíz del cobarde atentado contra la hija del congresista Renzo Reggiardo, se puso en tela de juicio el problema de la inseguridad ciudadana. Esto conllevó a la creación de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, en el cual propusieron algunas posibles soluciones al tema; en este contexto, uno de los planteamientos del congresista en mención fue que se declaren en estado de emergencia las zonas con mayor incidencia delictiva para que –de esta manera– intervengan las Fuerzas Armadas para reducir el incremento delincuencial.

¿Son convenientes los planteamientos realizados por el legislador Reggiardo? Pero ¿cuál sería la función que cumplirían las fuerzas armadas? Quizás, solo el patrullaje, ya que no tienen atribuciones para detener a las personas, menos para investigar, puesto que dicha atribución, de acuerdo con las normas, le corresponde a la Policía Nacional. En resumen, lo primordial es garantizar la capacidad que deben tener estas instituciones y cumplir los fines para los que fueron creados.

Debemos destacar que el fortalecimiento de la democracia durante las últimas décadas, a nivel mundial y sobre todo en esta parte del continente, sirvió tanto para fortalecer los gobiernos nacionales, como para mejorar las relaciones entre los países, con la subsecuente superación de las diferencias o conflictos a través del diálogo, acuerdos y tratados para una menor posibilidad del uso de la fuerza para solucionar los problemas.

La tendencia de las Fuerzas Armadas en la mayoría de países, sobre todo nuestros vecinos, tienden a ser disuasivas, por tener la capacidad de respuesta para defender no solo lo tradicional, nos referimos a la integridad territorial, la seguridad nacional; sino también, sus intereses económicos, porque conceptúan que de ello depende el desarrollo y superación de su país y –en consecuencia– deben defenderlo ya sea a nivel interno o externo.

En el caso nuestro, se requiere utilizar a las FFAA en diferentes campos, como en la lucha contra la criminalidad, la defensa civil, reconstrucción de zonas destruidas por los desastres naturales, sin tomar en cuenta que participan en la lucha contra el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas en las zonas de emergencia del Huallaga y el VRAE.

Como vemos, ya se vienen ocupando en tareas que bien podrían realizarlos otros entes, para luego dar paso a una real preparación en sus campos de responsabilidad y evitar hechos como la invasión al territorio peruano, como es el caso del helicóptero chileno que sobrevoló hasta la Base Aérea de La Joya, éste debió ser controlado desde el momento en que ingresó al país hasta su destino final, sin permitir ninguna posibilidad de desviación o supuesta pérdida de ruta.

En conclusión, mientras se pretende mantener ocupadas –a nuestras Fuerzas Armadas– en asuntos internos que deberían ser asumidos por aquellas instituciones quienes fueron creados para dicho fin, desatenderemos nuestra seguridad, convirtiéndonos en vulnerables frente a cualquier agresión.

Necesaria revisión del Código Procesal Penal (PUBLICADO EL 27 DE AGOSTO DEL 2011)

La reciente decisión del Presidente de la República en materia de seguridad ciudadana debería ir de la mano con normas que ratifiquen o avalen dichas medidas; de lo contrario, se estarían convirtiendo en acciones informales que no estarían sujetas a la normatividad; y –de ser así– no garantizarían nada y, por lo tanto, serían medidas para salir del paso que no responderían a políticas que deben ser permanentes y garantizar una continuidad y sostenibilidad a través del tiempo. En tal sentido, lo primero que se debió de hacer es la dación de una norma que establezca la nueva estructura del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, respecto a la presidencia de dicho organismo que, hasta ahora, legalmente le corresponde al ministro del Interior.
Con el accionar policial ya en incremento, se están interviniendo a más personas involucradas en diversos delitos, los mismos que son puestos a disposición del Ministerio Público y el Poder Judicial. El primero por ser el titular de la acción penal y el segundo por ser el encargado de sancionar en caso de comprobarse la comisión de un delito.
En este tipo de procedimientos, se dan ciertos vacíos: primero, la Policía Nacional, con el nuevo Código Procesal Penal, se ve limitada para realizar investigaciones, peor aún, ahora ya no puede calificar los delitos de los presuntos autores; lo que conlleva a que los fiscales cometan errores, intencionales o no, en la formulación de las acusaciones. Tomemos como muestra el caso de la niña Romina, en donde el juez devolvió el expediente por fallas del Ministerio Público, mientras tanto el beneficiado es el delincuente, quien podría salir en libertad.
Al respecto, estas normas deben ser revisadas y perfeccionadas en un sentido donde la más favorecida sea la sociedad y no alguna institución en particular. Hay que dejar de lado ciertos protagonismos personales o institucionales para dar paso a normas que beneficien a todos en conjunto y que las instituciones trabajen en forma coordinada con el solo objetivo de luchar contra la delincuencia.
A la Policía Nacional se le podría encomendar la tarea de investigar los delitos, lógicamente con la participación y control del Ministerio Público, y ésta –a su vez– sirva para la formalización de las denuncias penales, evitando de esta manera lo que hoy se realiza: diligencias preliminares realizadas por la policía, muchas de las cuales son dejadas de lado por las fiscalías para nuevamente realizarlas, dilatando el tiempo y –por ende– beneficiando al delincuente.
Desde la más alta autoridad hasta el ciudadano común y corriente, debemos acostumbrarnos a respetar las leyes; en particular por aquellas personas que alguna vez ocuparon cargos importantes como los de ministro y viceministro del Interior, y por eso sorprende que un ex viceministro salga ahora a cuestionar el accionar policial, sino ¿Cómo explican la devolución de gran cantidad del presupuesto asignado a este sector, cuando existe sensible carencia?

Sociedad y seguridad

Hoy en día, uno de los principales problemas que aqueja a la ciudadanía es –sin duda– la inseguridad; la misma que se acentúa principalmente en ciudades que vienen evidenciando un crecimiento económico. El problema no es de ahora ni de ayer, esto surge como consecuencia de múltiples situaciones que, en su momento, no fueron tomadas en cuenta a fin de aplacarlas y evitar situaciones como la que vivimos actualmente; son sucesos que muchos nos atrevemos a comentar con sumo facilismo, buscando culpables, señalando a quienes –si bien es cierto– tienen cierta responsabilidad, como es el caso de la Policía, por ejemplo, a quienes reprochamos por no cumplir a cabalidad sus funciones, además de tildarlos de corruptos y otros calificativos que de seguro existen. Pero, a todos no los podemos calificar por igual, creemos que sí existen muy buenos profesionales en dicha institución.

La voluntad del gobierno por solucionar este problema debe radicar en corregir todo lo que se dejó de hacer en los últimos años en materia de seguridad, lo que permitió el crecimiento de la ola delincuencial.
En cuanto a la policía, es bueno recordar que si bien se superaron las diferencias existentes entre las tres ex instituciones (GC, GRP y PIP), nunca se debieron dejar de lado las especialidades y la preparación de sus componentes. Aunado a este problema, hemos tenido la más absoluta falta de voluntad en equiparlos y dotarlos de lo más elemental para que puedan cumplir con sus funciones, amén de los bajos sueldos.
Si a esto le sumamos el factor social, la falta de oportunidades para conseguir un empleo, las secuelas de la violencia del terrorismo, la falta de educación de los niños y jóvenes para superarse y llegar a ser profesionales, aun así aquellos que llegaron a este nivel no pueden conseguir un empleo digno; el problema se vuelve más crítico.
De lo expuesto, podemos deducir que el tema de la inseguridad no solo es responsabilidad de la policía; sino es tarea de todos los ciudadanos. Si bien es cierto, la policía pasa por problemas de corrupción ¿dónde nace este hecho? Estamos seguros que existen muchos casos relacionados a malos actos dentro de la propia institución; sin embargo, el propio ciudadano común y corriente es el que infringe las normas, por distintas razones, hasta por desconocimiento.
Pero esto no exime de responsabilidades, para ello se necesita de dos actores, el que infringe y el que constata, el que soborna y aquel que recibe. En tales circunstancias, ambos son responsables; entonces, cuántos corruptos existen en la calle, quizá en algún momento alguien podrá realizar una encuesta para saber con qué frecuencia infringe una persona las normas, para luego recurrir a actos deshonestos.
Finalmente, el gran problema que existe es la crisis de valores, principios y la pésima educación en nuestra sociedad. Creemos que todo esto cambiaría siempre y cuando nos respetemos los unos a los otros; para ello, debemos cumplir las normas establecidas en el ordenamiento jurídico y denunciando los actos de corrupción en todas las esferas del Estado.

Del discurso a la acción

El discurso pronunciado por el Presidente de la República durante la ceremonia de celebración del 80° aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú es reconfortante y alentador en lo que respecta a la defensa de nuestro territorio. Nunca jamás debemos permitir la invasión extranjera a nuestro país; pero no solo se debe evitar la invasión, sino que no se debe permitir ningún tipo de agresión, ni siquiera el intento, bajo ninguna circunstancia.
Si la intención del Presidente es como lo manifestó, no entendemos por qué no se actuó frente al ingreso de una tripulación chilena que sobrevoló la Base Aérea de La Joya; si bien es cierto, el helicóptero pertenece a una empresa privada, sin embargo los pilotos son militares en situación de retiro.
Surge la interrogante: ¿qué pasaría si lo mismo ocurriera en Chile?, de seguro que los pilotos en estos momentos estarían en prisión y las principales autoridades de ese país estarían realizando protestas exigiendo explicaciones. Otro hecho que llamó la atención es el ingreso –por segunda vez– de militares bolivianos a territorio peruano, según denuncias realizadas por pobladores de Madre de Dios, donde incluso se atrevieron a detener a personas. Al respecto, tampoco no se hizo nada; de seguro que el Presidente Boliviano no se quedaría callado si la situación fuera a la inversa.
Es evidente que durante los últimos gobiernos, las Fuerzas Armadas fueron dejadas de lado; no se les permitió modernizarse, incluso se afectó la preparación que sus integrantes deberían tener para cumplir con los fines atribuidos en la Constitución, la razón de ser cualquier cuerpo castrense.
Si bien es cierto que al respecto existe voluntad por parte del gobierno, para repotenciarlas y modernizarlas, lo contradictorio es que –además– se les está asignando otras funciones ajenas a su razón de ser; creemos que está bien que como parte de su entrenamiento y preparación realicen acciones cívicas como una forma de acercamiento a la población, pero hasta ahí, por lo menos hasta cuando recuperen su capacidad disuasiva, hasta que estén al nivel de otras Fuerzas Armadas del hemisferio.
Existiendo vulnerabilidades como las que mencionamos y sobre las cuales deben estar abocadas nuestras Fuerzas Armadas, ahora se pretende darles otras funciones, descuidando su rol esencial. Ojalá que las decisiones que se vienen adoptando no tengan un trasfondo de protagonismo o, simplemente, porque el Presidente de la República proviene de estas canteras.
Cada institución se debe dedicar a cumplir con sus tareas, por ejemplo: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se debe dedicar a la rehabilitación, construcción y mantenimiento de carreteras; la Policía Nacional, a la lucha contra el tráfico de drogas, terrorismo, delincuencia, y en general de todas las amenazas internas; etc. ¿Cuánto de presupuesto se les asignó hasta ahora para poder combatir al terrorismo en el VRAE? y ¿cuáles fueron los resultados? ¡Del discurso a la acción!

Lucha frontal contra la delincuencia

Recientemente hemos sido testigos de algo que casi siempre ocurre: si la delincuencia afecta a una persona importante, recién –en ese momento– se pone sobre el tapete este grave problema. En esta oportunidad tuvo que resultar como víctima la hija de un congresista, acto por demás repudiable. Frente a este suceso, recién reacciona la clase política, exigiendo al Gobierno medidas inmediatas, con partidas y recursos extraordinarios.
El problema de la seguridad ciudadana debe ser visto en forma integral; los políticos tienen que estudiar la forma de enfrentar a la criminalidad, convergiendo –para ello– la disposición y el compromiso de diversos sectores.
El Estado, por medio del Gobierno, debe diseñar las políticas adecuadas para enfrentar este problema, con objetivos claros, definiendo responsabilidades y compromisos de cada uno de los actores; quienes, además, deben interactuar e interrelacionarse desde su lugar, sin afán protagónico alguno.
Otra entidad con gran responsabilidad es el Congreso de la República, ya que es este poder del Estado el que legisla, deroga y modifica las leyes. En tal sentido, frente a una determinada problemática, en vez de buscar culpables y, lejos de dedicarse a sesiones infructuosas, debería promover estudios que permitan conocer a fondo los problemas; entonces, a partir de ese punto, dictar normas que respondan a las necesidades del pueblo, situación que actualmente no se refleja debido a que las normas existentes les brindan concesiones o beneficios, que a la larga sería un premio para el delincuente.
Debemos resaltar que, al existir normas ambiguas permisibles, el Poder Judicial –o algunos jueces– no se articulan a las necesidades de la sociedad; simplemente dan la impresión que para ellos la sociedad no existe, apelando a su discrecionalidad, su independencia, justificando su accionar como si ellos no fueran parte de la sociedad.
Cómo explicar que dicho delincuente salió tantas veces de la prisión, pese a ser denunciado por robo agravado. Tuvo que herir a la hija de un político para recién ahora el fiscal pida cadena perpetua. ¿Y el resto de las víctimas qué? ¿O es que aquellos quienes somos ciudadanos comunes no tenemos los mismos derechos?
Finalmente, no debemos olvidar que la Policía Nacional es el eslabón más importante para garantizar la seguridad de la ciudadanía y por ello requiere de un mayor compromiso, no solo de los que se encuentran en las calles o de los que investigan los delitos, sino de aquellos que los comandan y quienes dan la cara frente a las carencias y necesidades, pues de ellos depende la preparación de los efectivos.
Asimismo, la logística, la dotación de los recursos necesarios para que el efectivo policial cumpla con su deber, ya que para nadie es un secreto que no les otorgan ni municiones para las armas de reglamento que portan, ni los uniformes; pero ello, no debe ser motivo para que deje desguarnecida a la población, puesto que tienen un compromiso asumido con la Patria y la sociedad. Tan solo esperamos que el actual gobierno tenga mayor compromiso con ellos.

Mensaje esperanzador

El primer mensaje presidencial resultó ser lo que muchos esperaban. Si bien es cierto continuó con las promesas y compromisos que se hicieron en la campaña, quizá lo único que faltó –en algunos temas- fue fijar plazos o proponer proyectos de ley que deberían ser aprobados por el nuevo Congreso. Pero, en general, fue un mensaje esperanzador, tan solo esperamos los hechos como consecuencia de las palabras.

Entre los temas más resaltantes podemos destacar el referido a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en cuanto al tema salarial que -hasta ahora- ha sido postergado por los últimos gobiernos. Al respecto, expresó el flamante presidente de la República que se realizarán los ajustes que sean necesarios para eliminar las brechas existentes entre los sueldos de los altos oficiales con los de menor grado. Además, se mantendrán las pensiones renovables.
De esta manera, se ha generando un clima de esperanza y tranquilidad, tal vez hubiese redondeado dicho planteamiento estableciendo plazos, ya que es cierto que tratar de corregir el sistema salarial actual y otorgar un sueldo acorde con la función y labor que desarrolla este grupo humano no será factible en un corto plazo o de un solo acto, por lo que es necesario fijar plazos y procedimientos.
Otros asuntos importantes constituyen la lucha contra la corrupción y la lucha contra la delincuencia, que tanto daño vienen ocasionando a la economía y la seguridad de la ciudadanía. Estos graves problemas deben combatirse con políticas y decisiones de Estado como se pretende o -por lo menos- se tiene la intención de realizar.
Asimismo, debemos entender que la lucha contra la corrupción tendrá gran influencia en la delincuencia, simplemente porque al combatir esta lacra se logrará en gran medida que los que delinquen cumplan con las penas por los delitos o faltas que hayan realizado, evitándose –de esta manera- la impunidad de los delincuentes.
Otro factor que causa profundo daño a la economía y afecta al erario nacional es la evasión tributaria. Este tema casi no fue tratado en el mensaje presidencial. Además, existen grandes evasores que nunca fueron sancionados. Este tipo de conductas deben ser consideradas como un delito grave contra el Estado, ya que aquellos que evaden impuestos no lo hacen con sumas irrisorias, sino con grandes cantidades que muy bien pueden servir para invertir en las necesidades importantes del pueblo peruano, así como la lucha contra la pobreza.
Hasta ahora la Sunat aún no conoce cuántos verdaderamente evaden al fisco, cuántos son sancionados, los que son denunciados simplemente recurren al Poder Judicial e impiden los cobros y las medidas coercitivas de esta entidad.
Esperamos –sinceramente- que los dichos se transformen en hechos por el bien de nuestro Perú, sobre todo de los sectores postergados. El mensaje presidencial nos devuelve la esperanza, amén de los incidentes suscitados, que deben quedar en lo anecdótico, y pongámonos a trabajar por el tan ansiado desarrollo en democracia.

Reivindicación de las FF AA y PNP

 

Uno de los temas más sensibles que deja el gobierno de Alan García es el de las remuneraciones y pensiones correspondientes a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este grave problema se vio empeorado, ya que los militares y policías esperaban que el gobierno aprista honrara sus compromisos y normas emitidas durante su primer gobierno, como el D.S. 213.

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: lejos de cumplir con dicha norma, simplemente fue derogada y durante el último año se comprometieron a realizar los estudios necesarios y emitir normas reivindicativas que favorezcan a este sector por demás postergado durante muchos años. Tal como sucedió en un principio, solo fueron falsas promesas, pues solo presentaron dos proyectos de ley casi al finalizar este gobierno, incrementando el malestar entre el personal de las FF AA y PNP.

Las nuevas autoridades deben reconocer la importancia y repercusión que representan las labores desarrolladas por los integrantes de estas instituciones. Lamentablemente, como los actos de terrorismo están focalizados en sectores que para muchos no representan mayor repercusión en la vida nacional, no le dan la debida importancia, dejando en el olvido lo vivido en las décadas de los 80 y 90.

Es momento que las autoridades como la población en su conjunto cambien los conceptos de seguridad y lo que se invierte en ello. Hasta ahora se sigue considerando como gasto y no como inversión. Lógico, si lo vemos como gastos es porque no entendemos, en su real dimensión, las labores de los miembros de las FF AA y PNP; asimismo, la importancia que representan éstas para el desarrollo de la Nación, más aún de la economía.

¿Es tan difícil entender que si no existe seguridad, no habrá inversión? Entonces, entendamos que los presupuestos para estos sectores son inversiones que realiza el Estado para lograr que otros sectores puedan crecer y desarrollarse. Por otro lado, la seguridad no puede medirse cuantitativamente, sino cualitativamente y eso es más difícil de entender por los diferentes criterios que se tienen o adoptan los sectores más influyentes y “decisores” de un gobierno.

El nuevo ministro de Defensa ya se manifestó respecto de este problema y creemos que por su condición de ex militar, al igual que el nuevo presidente, entenderán y se preocuparán por dar una real solución a este tema tan importante y trascendental para este sector y todo el país.

De continuar con esta política de postergación y marginación al tema de las remuneraciones y pensiones de las FF AA y PNP, podría convertirse en una piedra en los zapatos del nuevo gobierno.

No deberíamos olvidar que durante los últimos años ya se dieron muestras de intentos de medidas de fuerza, paralizaciones y eso debe de solucionarse inmediatamente, ya que de concretarse sería muy grave para la seguridad y gobernabilidad. Sabemos que nadie desea llegar a esas circunstancias; entonces, no queda otra opción que darle solución con la premura del caso y no esperar la etapa final del gobierno.

Compromisos y amenazas

El electo presidente de la República, en su afán por llegar a la Casa de Pizarro, no solo se valió de su ideología y nuevos planteamientos que tienen bastante apego a las nuevas corrientes ideológicas bajo el argumento de luchar contra la pobreza, de ser más inclusivos con la clase más necesitada y acortar las diferencias sociales existentes. Así logró posicionarse en la política nacional y acaparar la atención de un gran sector de la población, que vio una luz de esperanza para salir de la situación en la que ha venido permaneciendo muchos años.
Empero, estos nuevos planteamientos no fueron suficientes para aglutinar todos los votos que le llevaron a ser elegido como nuevo presidente de la República, pues tuvo que recurrir a alianzas y recibir a todos aquellos que demostraban alguna compatibilidad en sus planteamientos, de lo contrario, no hubiese obtenido el triunfo electoral.
La apertura brindada por el partido político Gana Perú a las organizaciones de tendencia izquierdista fue aprovechada por dirigentes vinculados a organizaciones radicales, que vieron la oportunidad de salir a la palestra y pretender sacar ventaja en el momento más oportuno, y se refleja en las exigencias que estarían haciendo ciertos dirigentes para formar parte del nuevo gobierno, bajo el pretexto de que su apoyo fue fundamental en el cumplimiento de la meta.
Lo preocupante y paradójico es que propongan y empleen políticas que nos alejarían o paralizarían el crecimiento y el desarrollo hasta ahora experimentados, pues con ello todo lo avanzado se detendría, se cambiarían las políticas y estrategias.
En este contexto, es necesario que el gobierno entrante tome en cuenta las declaraciones que vienen realizando algunos dirigentes de las zonas donde se gestaron protestas sociales y generaron lamentables actos de violencia, como los ocurridos en Puno, donde el dirigente “etnocacerista” Eloy Apaza Quispe ha declarado a los medios de dicha región que estará vigilante frente a las actuaciones del nuevo gobierno y, de ser necesario, volverían a tomar las armas. ¿Esto es una amenaza o una advertencia?
Sabemos que no es la primera persona que hace ese tipo de advertencias, ya otros dirigentes, como Abraham Cauna, de Movadef, en pleno proceso de las protestas contra la actividad minera, hizo lo propio. Entonces, sería bueno hacerse las siguientes interrogantes: ¿qué se traen consigo estos dirigentes? ¿Qué esperan conseguir? ¿Hasta dónde llegarán? En definitiva, bajo este tipo de presión, con amenazas y advertencias, jamás avanzaremos.
Muy extenuante el trabajo que le espera al flamante gobierno para poder descubrir si existen otros intereses detrás de estos dirigentes. Probablemente, para ello se tendrá que mejorar la labor del Estado y de sus aparatos de inteligencia, muy venidos a menos en estos últimos años.

¿Y la lucha contra la corrupción?

Esta es la gran pregunta que se estará haciendo un gran sector de la población, luego de haberse hecho público las tratativas que venía realizando el hermano del presidente electo con autoridades y empresarios rusos. No olvidemos la estrategia utilizada durante la campaña electoral por el hoy presidente electo, Ollanta Humala, respecto a la lucha contra la corrupción, convirtiéndola en una de sus banderas; gracias a lo cual convenció a todos sus seguidores, quienes en la etapa final apoyaron su elección. Este planteamiento, sumado al ofrecimiento que realizó durante la etapa electoral, sosteniendo que su gobierno no sería más de lo mismo, hizo que la mayoría de la población confiara en él y lo apoyara con su voto.
Todos esperábamos una respuesta contundente, sin titubeos, sin tomarse el tiempo para analizar, porque quien no comulga, no autoriza y no participa en estos hechos, no necesita de tiempo ni lugar para dar una respuesta clara y precisa. Por ello, la actitud del presidente electo ha dejado un manto de duda, un sinsabor que podría jugar en su contra; más aun, si consideramos que todavía no ha asumido el cargo y ya se está viendo envuelto en problemas de este tipo.
Asimismo, es necesario analizar la actitud de algunos dirigentes del partido político Gana Perú, sobre todo la de aquellos críticos que se arrogan ser luchadores contra la corrupción; y hoy, frente a estos hechos tratan de justificar, incluso uno de ellos manifestó que todos tienen derecho a “ganarse el pan”. Es claro que todos tenemos ese derecho, pero ninguno a nombre del Estado o utilizando los recursos del mismo para beneficio personal, ni siquiera el propio Presidente de la República, menos sus familiares y, en este caso, el hermano.
En consecuencia, esperamos que se efectúe una investigación real en bien del nuevo gobierno y del país, y que se sancione con todo el peso de ley, porque ya no queremos “hermanísimos” que se aprovechen de su cercanía con el gobierno, porque podrían traerse abajo todo lo bueno por hacer.
Esperamos, también, que verdaderamente se inicie una lucha frontal contra la corrupción, venga de donde venga, ya que el pueblo está cansado de negociados que se realizan bajo la mesa, favoreciendo siempre a los que promueven y perjudicando a los más necesitados, en este caso: el pueblo peruano.
La gran incógnita es: ¿este nuevo gobierno será distinto a los anteriores? Confiamos en que no se repetirán hechos similares a los realizados durante el Gobierno del partido político Perú Posible, hoy su aliado estratégico, que los “escuderos” ya no aparezcan, y que ya no se presenten dirigentes o congresistas a defender lo indefendible, que no pretendan tapar el sol con un dedo, que cumplan con la misión para la que fueron elegidos, que trabajen para el Perú y no para ellos mismos ni para unos cuantos o para los que están cerca al gobierno.

¿Qué se espera del nuevo gobierno?

El pueblo peruano espera con gran expectativa el inicio del nuevo gobierno, sobre todo aquellos que no votaron por el presidente electo esperan que el gobierno atienda a todos, sin distinción, porque eso es lo que nuestro país necesita, ya sean ricos o pobres, tanto los que viven en la costa como en la sierra o la selva. Además, se debe tener en cuenta lo establecido en la Constitución Política, donde claramente se señala que el Perú es uno e indivisible, sin exclusiones ni represalias, ya que algunos gobernantes se dedicaron más al revanchismo o a negar lo que hizo su antecesor y paralizar las obras que estaban en marcha, sin importarles que éstas sean tan necesarias para el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

Un claro ejemplo se viene viviendo –actualmente- en la ciudad de Lima. La alcaldesa Susana Villarán, más allá de cumplir con sus promesas para lo cual fue elegida, se ha dedicado a cuestionar duramente la anterior gestión y algunas obras del actual gobierno, como son el Cristo del Pacífico y el Tren Eléctrico, al que calificó como el muro de Berlín, calificativo que no tiene ningún asidero porque no habría punto de comparación.
Estamos de acuerdo en que los hechos de corrupción deben ser investigados y no solo eso, sino que se debe denunciar y sancionar, pues para ello existen los mecanismos necesarios, como las comisiones que se podrían conformar, los procuradores de las entidades públicas y la Contraloría; asimismo, el Congreso, ya que es una de sus funciones.
Esperamos que actitudes como estas no sean tomadas como ejemplo por el nuevo presidente, pues debería encargarse a las instituciones y entes respectivos para que se dediquen a investigar los actos de corrupción que se cometieron en el gobierno que concluye su periodo, incluso debería apoyarse la lucha contra la corrupción, proponiendo al nuevo Congreso la dación de nuevas normas que sancionen ejemplarmente a los responsables.
Existe una gran expectativa por el cumplimiento de las promesas realizadas durante la campaña, las mismas que han generado la esperanza de que vendrán tiempos mejores que beneficiarán a la gran mayoría y -más aun- a los más necesitados, y que verdaderamente no será más de lo mismo, que no se permitirá que los oportunistas, que están pendientes de la mejor situación para asumir algún cargo público, seguir con lo de siempre año tras año. En consecuencia, hasta qué punto se podrán cumplir dichas promesas. Sabemos que se necesita de gente con experiencia, para ello se es necesario contar con los mejores técnicos, que realmente tengan la vocación de trabajar por el pueblo y lograr el siempre ansiado bienestar general de la Nación.

La lucha contra el narcotráfico y narcoterrorismo: tarea pendiente

Uno de los grandes problemas que deberá enfrentar el nuevo gobierno será -sin duda alguna- la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Si tomamos en cuenta las últimas cifras reveladas por la Organización de las Naciones Unidas y de acuerdo con su último reporte, el cultivo de la hoja de coca en nuestro país se ha incrementado en el orden del 2,2% en el último año, pasando de 59.900 a 61.200 hectáreas de sembríos de cultivos de esta planta. Este hecho, a simple vista, da muestra clara que existe un aumento en la elaboración de drogas derivadas de la hoja de coca, porque es obvio que los defensores de este cultivo no nos dirán que se ha producido un aumento en el consumo tradicional.

Otro dato que debemos tomar en cuenta es el cultivo en el VRAE. Este valle se ha convertido en una de las principales cuencas de producción de la hoja de coca, lo que representa un mayor peligro, toda vez que esta zona tiene gran influencia y presencia de las huestes del terrorismo, que a la luz de los hechos hasta hoy no se han logrado resultados importantes en la lucha contra este flagelo, muy por el contrario, se viene evidenciando una alianza entre los terroristas y traficantes de drogas.
El incremento del cultivo de la hoja de coca, la alianza entre el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas son dos factores que por sí mismos son complicados al enfrentarlos, ya que el tráfico de drogas provee de los recursos económicos y logísticos a los terroristas y estos, a su vez, protegen y garantizan esta actividad, sobre todo en la zona del VRAE.
Probablemente, estos no son los únicos problemas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno, puesto que hay otro factor tan importante como los anteriores, ya que entre sus partidarios tiene a defensores acérrimos del cultivo de la hoja de coca. Aunque no hayan sido reelectas las dirigentes cocaleras ya conocidas en el Congreso y el Parlamento Andino, éstas continúan formando parte del engranaje del nuevo partido que gobernará a partir del 28 de julio. Además, a ellas se ha sumado otro dirigente que proviene nada menos que de la zona del VRAE.
Frente a estos hechos, el panorama no se presenta tan fácil para el nuevo gobierno a fin de poder revertir el problema del terrorismo y el narcotráfico. Las primeras piedras en los zapatos del nuevo gobernante, sin duda alguna, serán sus seguidores, los dirigentes cocaleros que se encuentran próximos a él, que hasta hoy se oponen a la erradicación de la hoja de coca. Entonces, quizá lo primero que tendrá que hacer el nuevo presidente electo es convencer a sus seguidores para poder encontrar la fórmula más adecuada que permita reducir las áreas de cultivo de la hoja de coca; entonces, bien se convierten en verdaderos aliados para lograr una lucha frontal contra el tráfico de drogas o se produce una ruptura con todas las consecuencias que esto implicaría. De amigos podrían convertirse en enemigos por los intereses que defienden.
Si bien es cierto hasta la fecha el mayor énfasis que se dio para enfrentar este problema fue el aspecto policial y militar con el poco recurso asignado, para tal efecto es necesario que se diseñen nuevas políticas integrales que comprendan los temas de salud, educación, el problema social, el de infraestructura, entre otros. En suma, mayor presencia del Estado en todo el territorio nacional y no solo por el interés de derrotar al terrorismo y el narcotráfico, sino para el bienestar y tranquilidad de nuestro país.

Promesas y gobernabilidad

La población que apoyó a la candidatura del electo presidente de la República está a la expectativa que el futuro gobierno cumpla sus promesas electorales, por lo que es fundamental que los asesores y los próximos funcionarios sean responsables de este control. Asimismo, deberán buscar el camino correcto para la gobernabilidad y establecer un término medio entre aquellos que comparten los planteamientos iniciales y los realizados en la hoja de ruta que le permitió obtener la elección presidencial.
Los actuales conflictos sociales, en su mayoría, tienen como origen la frustración de un gran sector de la población que se siente postergada por los gobiernos de turno, que aprovechando la nueva corriente de protección del medio ambiente vienen generando dichos conflictos y, en algunos casos, tuvieron costos sociales importantes que podrían ser aprovechados para generar nuevos acontecimientos violentos, si es que el Estado –por medio del Gobierno- no le da la importancia del caso.
Los sentimientos de postergación y exclusión ocasionados por los últimos gobernantes hicieron que, principalmente, la población del sector rural, así como aquellos que se encuentran dentro de los sectores C, D y E, abracen los planteamientos efectuados durante la campaña electoral del electo presidente de la República con la esperanza que serán tomados en cuenta y tanto sus aspiraciones como sus demandas serán solucionadas.
Por estas razones, el nuevo gobierno deberá encontrar la mejor estrategia para solucionar las demandas del pueblo más necesitado y, sobre todo, cumplir con las principales promesas, como la rebaja del gas, pensión 65 y las concesiones mineras que vienen siendo consideradas como las principales causantes de la contaminación y -por ende- las que afectan a la agricultura y la ganadería, principales actividades ancestrales de las comunidades asentadas en las zonas próximas a los asientos mineros, situación que actualmente ocurre en Puno.
¿Qué podría pasar si las promesas no se cumplieran? Es muy probable que ya no serán las concesiones mineras los únicos motivos para generar los conflictos sociales, sino también la frustración de los más necesitados se sumarán a los ya existentes para generar nuevos conflictos y esto no solo detendría las actividades de un sector de la población, sino también podrían poner en riesgo la gobernabilidad, la democracia y la seguridad nacional.
No debemos olvidar que actualmente existen nuevas corrientes ideológicas, como la que viene promoviendo el dirigente indígena boliviano Felipe Quispe, conocido como “Mallku” que tiene gran influencia en la población aymara asentada no solo en el territorio boliviano, sino también en nuestro territorio y cuyo objetivo primordial es lograr independizar a lo que él llama la “Nación Aymara”.
Finalmente, existe la posibilidad de que los argumentos que le sirvieron a Ollanta Humala para lograr la presidencia de la República puedan convertirse en pruebas que serían utilizadas por los radicales para generar nuevos conflictos sociales y, de esta manera, desestabilizar al nuevo gobierno.

Convulsión social y gobernabilidad: los retos de Ollanta Humala

El principal problema que afrontará el nuevo presidente de la República será –sin duda- las protestas sociales que se vienen suscitando en el interior del país, con las que, en su debida oportunidad, se solidarizó antes de ser elegido como mandatario. Este tipo de protestas lejos de disminuir se han incrementado en su número, pues algunas de ellas nacen de una justa razón, lo que es aprovechado por algunos dirigentes que -bajo este pretexto- incluyen aspiraciones y/o intereses personales de distinta índole, como pueden ser políticos, económicos, etc.
En determinados momentos, estos conflictos sociales pusieron en situaciones de grave peligro a la seguridad de la Nación y obligaron al Gobierno a adoptar medidas drásticas. Debemos señalar que hechos como éstos debilitan la gobernabilidad y ponen en riesgo el crecimiento económico. Por ende, afectan el desarrollo de nuestro país.
Los promotores de todos estos conflictos sociales se cobijan en el pretexto de la conservación del medio ambiente y tienen puestas sus esperanzas en el nuevo gobernante peruano para encontrar la solución definitiva a sus demandas. Bajo el argumento de la conservación del medio ambiente, vienen motivando la cancelación de la actividad minera en sus respectivas zonas, tal cual se viene desarrollando en la zona sur de Puno, cuya solicitud es el retiro de la mina Santa Ana. Asimismo, otro hecho que podemos traer a la memoria es el caso suscitado en el valle del río Tambo, en Arequipa, donde los pobladores consiguieron la cancelación del proyecto Tía María.
Si bien es cierto los pobladores de la provincia de Islay, en Arequipa, consiguieron su objetivo, el cual fue cancelar la actividad minera en su zona, como consecuencia de este hecho suponemos que la empresa minera Southern Copper Corporation no se quedará tranquila después de haber realizado una gran inversión en este rubro. Entonces, se presentan dos vías a seguir: el de continuar con las tratativas para lograr sacar adelante esta actividad en la zona o, simplemente, recurrir a tribunales internacionales amparándose en el incumplimiento del contrato y solicitando una millonaria reparación civil por los daños ocasionados. De ser esto último, nos preguntamos ¿de dónde saldrá el dinero para resarcir a dicha empresa?
Se presenta la posibilidad que similar hecho pueda ocurrir con el proyecto minero Santa Ana, en Puno, donde los pobladores acatan una medida de fuerza para lograr que el Gobierno emita los decretos supremos de suspensión y retiro de la empresa minera de la zona. Empero, cuáles serían las consecuencias, no olvidemos que la propia Constitución Política del Estado reconoce que toda concesión otorgada por el Estado a un particular otorga derechos. Entonces, si unilateralmente el Gobierno adopta una decisión, podría dar pie a acciones legales de la empresa con consecuencias fatales para el fisco nacional.
Surge una gran interrogante: ¿cuál será la decisión que adoptará el nuevo gobierno? Pues si en su debido momento se solidarizó con las demandas de los promotores de los disturbios sociales, como por ejemplo de los hechos que están aconteciendo en el sur del país, en realidad, como tales casos hay muchos en nuestro territorio y si no cumple con sus promesas, qué medidas adoptarán al verse defraudados, sobre todo aquellos dirigentes radicales que promovieron tales hechos. Difícil tarea que le espera al nuevo mandatario.

Lucha contra el terrorismo no muestra avances en el VRAE

Cuando el pueblo peruano se aprestaba a participar en las elecciones de la segunda vuelta, que le otorgó el triunfo al candidato Ollanta Humala, se produjo un demencial ataque terrorista, atribuido a Sendero Luminoso, cobrando la vida de cinco miembros de nuestro Ejército que se desplazaban hacia la localidad de Choquetira (Vilcabamba, Cusco), lugar donde garantizarían el normal desarrollo del proceso electoral.

Este reciente hecho vuelve a poner sobre el tapete el grave problema del terrorismo en nuestro país, flagelo que hasta la fecha no se ha logrado combatir, muy por el contrario su accionar se incrementó y hoy en día se desplazan por áreas más amplias que años atrás; anteriormente, estaban focalizados en la zona de Vizcatán, y actualmente ocupan la amplitud del VRAE.
Los responsables de enfrentar este fenómeno no muestran los avances o logros que han obtenido; además, no se conoce de la captura de algún alto mando terrorista, o de un integrante que permita la desarticulación de Sendero Luminoso.
Debemos recordar que la alianza existente entre el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo en la zona del VRAE complica aún más su destrucción, por lo que es sumamente importante elaborar Políticas de Estado –coherentes– para combatirla, ya que no solo involucra a un sector, debemos de tener en cuenta que este flagelo compromete a una serie de factores como: la seguridad que involucra a las FFAA y la PNP.
Asimismo, este flagelo también afecta a la economía nacional por el lavado de activos; en cuanto a lo sociológico, las diferencias sociales y el abandono en que se encuentra la población de esta zona, por falta de oportunidades y la escasa presencia del Estado en lo que respecta a educación, salud, etc.
Esta problemática es uno de los temas de mayor importancia que deberá ser tomado en cuenta por el nuevo gobierno, si es que no se quiere que en un futuro no muy lejano, estemos enfrentando hechos similares a los ocurridos en Colombia o a hechos que vienen suscitándose en México.
Por ello, corresponde elaborar políticas claras, con el concurso de especialistas capacitados en el tema y no improvisados que quieren ocupar un puesto por el solo hecho de ser militante o haber participado en la campaña electoral. No olvidemos que el tráfico ilícito de drogas es un delito que traspasa las fronteras; y por lo tanto, debe considerarse como un peligro para la seguridad nacional. Por ello, el nuevo gobierno dentro de las políticas a adoptar, debería considerar el fortalecimiento y repotenciación de las FFAA y de la PNP, dotándoles de herramientas necesarias para combatir este flagelo; debiendo entenderse por herramientas, no solo a los medios logísticos, sino también a los mecanismos legales.
Finalmente, los hechos ocurridos el sábado pasado no deben quedar impunes, los responsables deben ser sancionados con todo el peso de la ley; acontecimientos como éstos, son un aviso para el nuevo gobierno.

En la recta final

A menos de una semana de la elección presidencial, la ciudadanía ya tiene muy en claro las propuestas hechas por cada candidato, de resultar elegido Presidente de la República este próximo 5 de junio. De nosotros depende la continuidad del crecimiento económico que hasta ahora se viene respetando, la libertad de empresa y las garantías en la seguridad laboral que muchos peruanos aspiran, logrando con ello el bienestar y la tranquilidad general.

El último debate presidencial, desarrollado entre los candidatos a la presidencia de la república de los partidos políticos: Fuerza 2011 y Gana Perú, será de gran utilidad para la ciudadanía. Ahora ya se puede analizar e interpretar las propuestas que realizaron en su disertación y las acciones a realizar, de ser elegidos en un eventual gobierno, dirigiendo el destino de nuestro país por el periodo de cinco años.
Quien brindó toda seguridad y confianza fue la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori. Sus planteamientos responden al tan ansiado desarrollo del Estado, con inclusión social y eliminación de la pobreza y extrema pobreza; además, luchará directamente contra la corrupción que tanto daño ha ocasionado en estos últimos gobiernos. Si bien es cierto, la actual candidata pertenece al mismo partido político de su padre, debemos de entender que son dos personas diferentes, con principios y valores distintos.
Por otro lado, observamos al candidato del partido político Gana Perú, Ollanta Humala, quien ha venido cambiando constantemente de planes de gobierno, acorde con las circunstancias, con la única finalidad de captar mayor cantidad de adeptos, y –por ende– mayor cantidad de votos. Qué podemos esperar de una persona que, a menudo, cambia de dirección; que, a un inicio, planteaba la estatización de las empresas y cuando se da cuenta o –mejor dicho– cuando lo asesoran, cambia dichos planes y se muestra ante la sociedad como pacifista y concertador. No nos olvidemos que es por demás evidente y de conocimiento público su vinculación con el presidente venezolano Hugo Chávez a través de las famosas Casas del Alba.
La mayoría de los peruanos esperábamos un debate alturado, pero el candidato Ollanta Humala estuvo más a la defensiva, confundiéndose –inclusive– de contendor, pensó que estaba debatiendo con Alberto Fujimori. La intención quizá fue crear confusión en el electorado y mostrarse como una persona pacifista, respetuosa de los derechos humanos; pero no se dio cuenta que él también estaba involucrado al haber cometido delitos de lesa humanidad y desaparición forzosa, que si bien es cierto la justicia lo ha absuelto, pero ante los ojos de la ciudadanía existe mucha incertidumbre por las declaraciones hechas ante los medios de comunicación respecto a la “compra” de testigos.
Finalmente, este 5 de junio viviremos una fiesta patriótica donde todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de elegir a la persona idónea que conducirá el destino de nuestro país, garantizando la seguridad y la paz social en todo el territorio nacional.